Sinaloa: las estadísticas, las redes, la realidad

Tras los hechos del jueves 25 de julio, Sinaloa fue tema de conversación nacional, lo mismo en medios, que en redes y conversaciones de café. De la noche a la mañana, pseudoperiodistas e influencers que no han venido a Sinaloa más que a comer aguachile son expertos en el Cártel de Sinaloa, “El Mayo”, “Los Chapitos” y hasta Cuén, un personaje desconocido en la esfera nacional hasta su muerte. Tienen, incluso, bola de cristal para pronosticar “la guerra que viene” y que los de acá no terminamos de dilucidar.

No es para menos, los hechos alcanzaron escala nacional-internacional, por cómo parece han sucedido las cosas hasta ahora y por el todavía nada claro papel de los estadunidenses. Sin embargo, al tiempo que se lucra con la narconarrativa desde afuera con una ligereza increíble nomás porque pues da un chingo de clic$, hay una disonancia entre el Sinaloa que dicen las estadísticas, el Sinaloa que se percibe en redes y el Sinaloa real, ese que solo los sinaloenses palpamos.


Las estadísticas de la “pacificación”

Empiezo por las estadísticas. Si el dato de homicidios dolosos fuera el único (y para los políticos lo es) para medir la seguridad de un estado, Sinaloa estaría en franca “pacificación”.

Con 1.44 asesinatos por día en lo que va de 2024, Sinaloa registra unas de las tasas de homicidio doloso más bajas de la última década: 20 homicidios por cada 100 mil habitantes (2023). Esa tasa es, también, cosa atípica para nuestra historia, pues es menor a la media nacional de 24.

La última vez que estuvimos en esos niveles fue antes de que Felipe Calderón lanzara la “Guerra contra el Narco” y que los Beltrán Leyva entraran en disputa con los Guzmán tras el arresto de Alfredo Beltrán, El Mochomo, en 2008. Ese 2010 Sinaloa registró 6.57 asesinatos diarios y en 2011 la tasa por cada 100 mil habitantes fue de 69; más de 3 veces la de ahora.

En datos duros de homicidios, el sexenio de Rubén Rocha (Morena) acumula casi la mitad de los homicidios que el de Quirino Ordaz (PRI) y apenas un tercio de los registrados con Mario López Valdez (PAN) en sus primeros dos años y medio de gobierno.

Pero aunque los asesinatos sean muchos menos, Sinaloa no se siente en paz. Y no se siente porque las violencias que vivimos y las narrativas que les acompañan son mucho más complejas que contar muertos, traer militares o capturar capos.


El Sinaloa “narco”

Por eso, por más que el Gobernador Rocha Moya insista en la reducción de las cifras de delitos de alto impacto (lo mismo han hecho todos los anteriores), es innegable que la percepción del Sinaloa violento y narco se consolidó como nunca a partir del pasado 25 de julio. Cosa agridulce, días antes Sinaloa era tendencia nacional por mejores razones: la medalla de plata conseguida en box por el mazatleco Marco Verde en las Olimpiadas de París 2024.

Me parece que hay dos explicaciones para eso: la primera tiene que ver con hechos concretos y la segunda con la magnificación y manipulación de esos hechos por parte de diversos generadores de discurso.

Cito los hechos. Primero, “El Mayo” revela que José Rosario Heras López, uno de sus escoltas personales, era policía. Luego la Fiscalía confirma que sí era agente activo de la Policía Ministerial y que está desaparecido; y segundo, la propia Fiscal (que contaba con una buena reputación y trayectoria como jueza), tuvo que renunciar cuando la Fiscalía General de la República exhibió su negligencia en el caso del asesinato del exrector Melesio Cuén.

Ambos hechos son graves e incontrovertibles, la renuncia de la Fiscal se queda, además, corta pues lo que deberíamos ver es una limpieza profunda de la Fiscalía estatal que, es evidente, se encuentra podrida por el cáncer del crimen organizado. Ese será el principal reto de la nueva titular.

Pero luego, oportunistas de las redes y beneficiarios huérfanos de Cuén y El Mayo han hecho muy bien su trabajo de manipular y magnificar para conseguir atención o desviarla.

También doy dos ejemplos de esa dinámica narrativa. Primer acto, aparece Francisco Labastida, el primer candidato priista en perder la Presidencia, en entrevista con Carmen Aristegui, acusando a Rocha de narco-Gobernador y diciendo que él “limpió” Sinaloa cuando lo gobernó. Suena bonito y ojalá lo hubiera hecho, pero lo que en realidad sucedió fue que durante su sexenio, en 1989, se dio el llamado “cuartelazo” y sus principales jefes de la policía fueron aprehendidos y acusados de brindar protección a Miguel Ángel Félix Gallardo, el “Jefe de Jefes”; “me fallaron los informadores”, dijo cínico Labastida.

En el segundo acto está el spin de la narrativa de los cuenistas que buscan martirizar al “Maestro” Cuén, exigiendo no mencionar su corrupción ni de la de su grupo con el chantaje de su muerte y obviando que, según consigna la propia FGR, Cuén fue herido en el mismo lugar que Joaquín Guzmán secuestró a Zambada. Más allá del dicho de “El Mayo” sobre la invitación y que habrá que probar o descartar, no hay evidencia de que el Gobernador estuviera ahí, pero tanto la FGR como la dichosa carta apuntan a que a Cuén sí lo hirieron de muerte en Huertos del Pedregal.

La amnesia de los cuenistas es tal que olvidan, incluso, que en su carta Zambada lamenta la muerte de Cuén y le llama su amigo de muchos años. Acusan también a la Fiscal de fabricar el montaje cuando la versión del robo de vehículo salió del único testigo presencial del caso y miembro de su propio grupo: Fausto Corrales, hijo del ex Rector Víctor Antonio Corrales y líder formal del Partido Sinaloense. El error, imperdonable por cierto, de la ex Fiscal Sara Bruna Quiñónez fue sostener una versión, evidentemente falsa, como la principal línea de investigación.

Y habría que agregar la gran cantidad de columnistas, periodistas y políticos opositores que en su afán antagonista a la Cuarta Transformación necesitan urgentemente confirmar e instalar en la opinión pública que Morena es un narcogobierno, que AMLO es un narcopresidente y que Rocha es un narcogobernador.

Son tiempos de canallas y la hipocresía no conoce límites: el amigo de “El Mayo” era Cuén y fue con él con quien el PRI, el PAN y el PRD pactaron la alianza opositora en las elecciones pasadas en Sinaloa; el argumento era contundente: el Partido Sinaloense ofreció más de 150 mil votos –que no alcanzó– y pagar “hasta las cocas”, como me dijo un candidato panista. Tal era el poder de convencimiento de Cuén que “Alito” Moreno le concedió una Diputación federal plurinominal por el PRI.

Cuén ya no está pero en tanto la FGR investiga, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, podría ser llamado a declarar y tendrá que seguir capoteando el vendaval mediático que hablaba hasta de su “renuncia” y que parece ir a la baja. No puede no hacerlo porque ahí están los videos de los encapuchados robándose las urnas durante las elecciones de 2021, cuando resultó electo, y ahí están, también, sus fotos de campaña a lado de Cuén.

Aliarse con Morena a través de Rocha, le dio a Cuén y su partido la tajada de poder más grande que hubiera tenido desde su fundación en 2012.


El Sinaloa real

Y por último, está la realidad real. Una realidad que, hay que decirlo, no se está poniendo mejor para los sinaloenses y no hay indicios para pensar que eso cambie en un futuro próximo. Una realidad que trasciende partidos y gobernantes.

Le doy datos: es cierto que en Sinaloa los homicidios están en sus niveles históricos más bajos, pero en 2024 tenemos el doble de personas desaparecidas por día, lo que enseña que la violencia letal evoluciona y los perpetradores del crimen organizado aprenden; eso comenzó en 2018 con la llegada de Ordaz Coppel a la gubernatura y se mantiene ahora con Rocha Moya. La impunidad de este delito es 100 por ciento y 7 de cada 10 personas desaparecidas nunca regresan o aparecen muertas.

También es cierto que hay más militares que nunca en el estado (3 mil 400 efectivos), pero ahí están dos “Culiacanazos” y la desaparición masiva de al menos 66 personas en marzo pasado para demostrar que eso no sirve de gran cosa frente al poder de ciertos criminales. Los aciagos jueves que hemos vivido son el mensaje de “Los Chapitos” imponiendo sus condiciones y aplicando su “justicia”, sin que nada ni nadie se los impida en plenos tiempos de la “transformación” que AMLO presume.

Además, delitos como la violación o la violencia intrafamiliar también muestran crecimientos preocupantes, lo que enseña que la violencia, la venganza y el abuso se han vuelto la manera en que los sinaloenses dirimen sus conflictos y no la ley.

Otro dato que explica la ausencia de estado de derecho es que la colusión de la Fiscalía local con el Cártel de Sinaloa no es de ahora sino que lleva décadas: Sinaloa lidera en cifra negra y la impunidad es superior al 90 por ciento de los delitos; eso fue así con Sara Bruna pero también con todos los anteriores.

Basta recordar el caso del superpolicía Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, quien pasó de ser uno de los delincuentes más buscados del País por brindar protección al narcotraficante Rodolfo Carrillo Fuentes en la época del priista Juan S. Millán; a mandamás absoluto de la Policía Estatal con el panista Mario López Valdez. “Chuy Toño”, como le decían, fue retirado con honores al tiempo que estaba en la nómina del Cártel de Sinaloa.

Casos como ese nos recuerdan lo obvio: que el crimen organizado no tiene ideología ni color partidista. El Cártel de Sinaloa se instaló, creció y se diversificó con el apoyo institucional del priismo de los 70 a los 90, se consolidó con el panismo a partir del año 2000 (¿se acuerda de García Luna?) y queda claro que sigue haciendo de las suyas con Morena desde 2018.

“El Mayo” Zambada es el mítico protagonista de esta narconovela que ahora nos fascina: 50 años intocado en México hasta que lo atraparon, pero del otro lado. Lo que demuestra que no hubo antes, ni hay ahora, voluntad institucional para reducir la gobernanza criminal en la que vivimos.