Sinaloa: cuatro meses de guerra
Van ya cuatro meses desde que las violencias estallaron en Culiacán. El incremento súbito en los delitos de homicidio, privación de la libertad, robo de autos y robo a comercios es la consecuencia de la confrontación directa entre las facciones de los Guzmán y los Zambada que empezó el 25 de julio pasado en una finca de Huertos del Pedregal. Ahí donde Joaquín se llevó a “El Mayo”. Ahí donde mataron a Melesio Cuén.
En Noroeste le llamamos “guerra” a esta situación porque eso es en sentido amplio: una pugna a muerte entre dos bandos contrarios. No lo es, obviamente, en el sentido político del término, aunque cabría discutir las implicaciones que ha tenido y tendrá para el futuro del morenismo sinaloense.
Nombrarla así no es sensacionalismo ni exageración, es llamarle a las cosas por su nombre. Le doy datos que la dimensionan: 815 personas privadas de la libertad, de las cuales más del 60 por ciento están desaparecidas y el 9 por ciento han sido asesinadas, 694 homicidios dolosos (casi 6 diarios), 2 mil 291 autos robados (18 diarios) y 895 robos a comercios (7 diarios).
A esos delitos hay que sumar otras violencias: decenas de personas heridas y víctimas extorsionadas, bloqueos carreteros, explosiones e incendios provocados, amenazas en redes sociales y mantas, vandalización de viviendas y un largo etcétera que evidencia la creatividad criminal para infringir daño al enemigo y generar terror en la comunidad.
El efecto social de esa explosión de violencias es el miedo, la psicosis y el estrés postraumático; y en lo económico, el cierre de negocios por las bajas ventas, la restricción de horarios, la pérdida de empleos, la caída del turismo, la reducción de la movilidad y la afectación a las cadenas de suministro de bienes y servicios.
A cuatro meses del conflicto, los homicidios se estabilizan en el triple de los que había y los culichis empiezan con resignación a encontrar una manera de adaptarse a lo que hay: vivir de día, trabajar corrido, cambiar de carro, restringir movimientos, cancelar fiestas, minimizar riesgos, elevar la vigilancia y la protección. Muchos, incluso, se han ido. Para los que se quedan no es vivir, es sobrevivir.
Estamos tan cansados que es fácil decir que las autoridades “no hacen nada”, pero eso tampoco es cierto. Desde que el conflicto empezó, la presencia militar duplica a la de nuestras policías, las estrategias de seguridad buscan ajustarse a la variación y la flexibilidad con la que las facciones se hacen la guerra. La Guardia Nacional, las Fuerzas Especiales y los efectivos de Defensa y La Marina son ya la foto cotidiana de las escenas del crimen. El resultado son más de 500 detenidos y 50 abatidos; además de 700 de armas, 400 autos y mil máquinas tragamonedas aseguradas.
Las violencias han mutado pero todos sabemos que la guerra no ha terminado. Nadie sabe quién va ganando, pero si alguno de los bandos se impone tampoco será una buena noticia, porque ninguno es “bueno”. Lo que urge es que el Gobierno detenga a los verdaderos generadores de violencia. Mientras los líderes de las facciones sigan libres e impunes, seguiremos en la zozobra.