Sinaloa con el ciberespacio criminalizado
Delitos informáticos y campañas políticas

A la fuerte embestida desde las redes sociales contra todos y todo lo que signifique amenaza a un proyecto de control político fincado en la intolerancia, el Gobierno y la Fiscalía General del Estado han respondido con demasiada debilidad institucional dándole impulso y motivos a calumniadores que desde la impunidad y el anonimato reciben permiso para perpetrar delitos cibernéticos. Inconcebible, por ejemplo, que Sinaloa carezca de una eficiente área de informática forense.

Es posible que permanezca durante mucho tiempo la complicidad por omisión de autoridades estatales con personajes que usan la arbitrariedad que permite la Internet para calumniar y constituirse en delincuencia digital. Lo más factible es que cada ciudadano o sector agredido realice investigaciones computacionales por su cuenta, en la paciente espera de que las dependencias y fiscalías den señales de voluntad para aplicar la ley.

Siendo así, podría estar destinada al basurero del Ministerio Público la denuncia que presenta Fernando Pucheta Sánchez contra personas, portales o páginas web que emergen en el campo digital con fines de denigrar al que ejerce la crítica con pruebas ofreciendo la identidad con todo el valor civil, pero tiene del lado opuesto al alevoso agresor que siempre ataca ofreciendo sólo la ruindad y cobardía como sustento.

Pero es necesario ir a las denuncias penales y la necesaria presión ciudadana para que fiscalías y jueces hagan el trabajo que les corresponde. Aún en el reinante escenario de permisibilidad e indiferencia que les viene “como anillo al dedo” a la ciberdelincuencia, desde la parte afectada debe mantenerse todo el arrojo en busca de que a cada delito le corresponda la sanción que establece el marco legal.

A nivel nacional existe el esquema de previsión y sanción en lo referente a regular la propiedad, uso y abusos de los equipos de cómputo y de los datos que se transmiten en forma electromagnética. Las penalizaciones de conductas criminales como fraudes, manipulación de datos, alteración de programas, falsificaciones informáticas, sabotaje cibernético, hackeos o “bomba lógica” están incorporadas a la normatividad aunque las fiscalías y el aparato de seguridad nacional lucen estancados en la implementación.

No obstante el escepticismo de las víctimas de agresiones informáticas, al convertirse los políticos en atacados podrían correr más rápidos los sistemas de detección, investigación y castigo. Recordemos que el Gobernador Quirino Ordaz Coppel, al ser blanco de este tipo de acometidas se pronunció recientemente a favor de la creación de la Policía Cibernética de Sinaloa que pueda investigar de manera efectiva toda la gama de delitos que ocurren en la web.

Y también el candidato a Gobernador de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, Mario Zamora Gastélum, reaccionó en el mismo sentido al respaldar la denuncia que interpondrá Fernando Pucheta. Con las fake news a todo lo que dan en su contra indujo la posibilidad de demandar penalmente porque “hay mucho cobarde que tira la piedra y esconden la mano. Que se las llevan sacando puras noticias de infamia, de mentira, de querer enlodar prestigios”.

Bienvenidos a la realidad. Periodistas y medios de comunicación llevamos años padeciendo los ataques de sujetos y camarillas que pretenden encumbrarse en los poderes formales y fácticos a través de la táctica de mimetizar las buenas trayectorias ajenas con los hamponiles currículums propios. Esa pretensión de tener a la sociedad cautiva con mentiras, delitos e infamias, siempre como vendas colocadas a la lente cívica, requiere de acciones firmes, sostenidas y jurídicamente probadas para avanzar en el resbaloso camino hacia el Estado de derecho. Ser pusilánimes o proseguir en la costumbre de poner la otra mejilla ya no cabe a estas alturas.

Fernando Pucheta se suma a la lista de ofendidos al mismo tiempo que la risa burlesca de los agresores se oye aquí, tanto en el ámbito ciudadano como en los estrados de la justicia. Aquellos, los de la delincuencia informática se sienten intocables atenidos a la tolerancia que les aportan autoridades e instituciones flemáticas; nosotros, los agraviados, a hacer uso del catálogo jurídico que poco a poco avanza a que le corresponda una sanción a todo criminal cibernético, o a sus empleados.

¿Quiénes son? Sus nombres están en expedientes, alertas, indagatorias y a flor de labio en los sinaloenses. Plenamente identificados, que nadie se diga sorprendido o desinformado si las agresiones escalan a niveles más peligrosos. Véanlos cubiertos del fango que a discreción lanzan contra todos y todo que les entorpezca las ambiciones de poder.

Con hilos de todos los males,

Tejen miles de telarañas,

Para a fuerza de patrañas,

Tumbar los baluartes sociales.

Mañana serán 15 días desde que Rubén Rocha Moya, candidato a Gobernador de la alianza electoral que integran el Movimiento Regeneración Nacional y el Partido Sinaloense, repudió y ofreció frenar “cualquier ataque a los medios de quien sea: si es mi partido, si es el partido siguiente, el que sea, o si es mi segundo de a bordo quien esté... Ese va a ser nuestro comportamiento. Al contrario, antes de provocar, estimular ese tipo de conductas, las vamos a frenar desde todo punto de vista”. Pero antes él era el destinatario de las agresiones brutales que hoy busca detener y la orden de alto al fuego de las calumnias no ha sido acatada por la parte falaz de su comité de campaña.