Sequía e injusticia
No son buenos los vaticinios para la primavera que apenas inicia. En el marco del Día Mundial del Agua abundan informaciones sobre la grave sequía que sufre la República Mexicana y la proliferación de incendios forestales. El estiaje agravado por el fenómeno de “La Niña” ha hecho que el grado de sequía se haya más que duplicado en sólo un mes, entre el 15 de febrero y el 15 de marzo, con gran afectación a millones de mexicanos en gran parte del país, particularmente en los estados norteños.
Hay 531 municipios del País -21 por ciento del total- con algún grado de sequía. De ellos, 21 registran condiciones de sequía extrema. No llueve, y las principales presas del país reflejan la escasez del agua muy preocupante.
Según estimaciones del Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con corte al 28 de febrero, las zonas con climas anormalmente secas y de sequía moderada a extrema, abarcan 66.2 por ciento del país: dos terceras partes del territorio nacional.
En el arranque apenas del tiempo de secas, 61 de las presas de las 210 registradas en la propia Conagua, el 29 por ciento, se encuentran a menos de 50 por ciento de su capacidad, principalmente a causa del estiaje provocado por la sequía o clima anormalmente seco que, hasta el 15 de marzo, se extendía por 50.38 por ciento del país.
Precisa la Comisión que las entidades más afectadas por la falta de agua en sus represas son Coahuila, con sólo 14.85 por ciento de llenado, seguido de Morelos, con 22.01 y Sonora, con 23.11 por ciento. Hoy vemos escenas dramáticas en lugares donde antes había lagos y lagunas hermosas que permitían incluso la navegación.
Esta situación tiene efectos devastadores para la agricultura y la ganadería en amplias zonas del país, pero cada día la escasez del líquido afecta más a los habitantes de zonas urbanas, incluida la capital y su zona conurbada. En Monterrey y otras ciudades norteñas hay luces de alarma, pues el desabasto puede adquirir proporciones catastróficas.
Sin exageración.
Este panorama obedece fundamentalmente a razones climáticas, hoy agudizadas. Es cierto. Pero no todo es culpa de la Madre Naturaleza. La distribución del agua en el país muestra otra vez una inequidad criminal. Es en consecuencia un tema de justicia social, que paradójicamente no parece importar a un gobierno que se autodefine como de “izquierda” y pregona como postulado central la opción preferencial por los pobres.
En un análisis muy serio e ilustrativo de la situación del agua publicado hace tres días en el portal de SinEmbargo.Mx, el especialista Carlos Samayoa, coordinador de Ciudades Sustentables de Greenpeace México, advierte que las condiciones de un clima cada vez menos predecible, de fenómenos hidro meteorológicos extremos más frecuentes como tormentas o sequías catastróficas, definitivamente son un factor que repercute en el ciclo del agua y en última instancia en la posibilidad de recargar los mantos freáticos de los que depende el abastecimiento de las personas. Ante eso, afirma, se requiere integrar la perspectiva del cambio climático y medio ambiente en los planes y estrategias de los tres niveles de Gobierno en la gestión del agua.
Samayoa reconoce como un logro que hace diez años el acceso al agua potable y al saneamiento fueran reconocidos como un derecho humano en la Constitución. Sin embargo, acusa, en la Ley de Aguas Nacionales vigente no se hace referencia al agua como un derecho fundamental o como un bien común, sino que la señala como un recurso o mercancía, “lo cual se traduce en un notorio impedimento para garantizar que todas las personas cuenten con condiciones adecuadas de acceso al agua, saneamiento, salud, bienestar y por supuesto, de dignidad”.
De ahí la necesidad urgente, como lo pide el experto de Greenpeace, que el Congreso de la Unión -de mayoría morenista- salde la deuda que tiene con los mexicanos desde hace una década de aprobar y expedir una nueva Ley General de Aguas que cuente con perspectiva de derechos humanos y de protección ecosistémica, que establezca que el agua no es un bien sujeto a la comercialización, sino un bien de dominio público, y en donde se señale expresamente que su uso y aprovechamiento no otorga derechos de propiedad a los particulares, aspectos indispensables para encaminarnos hacia la justicia social.
Mientras prevalezcan criterios mercantiles sobre razones elementales de equidad en el manejo del agua, los rigores de la naturaleza afectarán como siempre a los más desfavorecidos, mientras unos pocos se benefician inclusive para hacer negocio con ella. Llueva o no llueva. Válgame.
MUCHA DESHONESTIDAD. La actitud de Andrés Manuel ante el video en el que más de 50 actores, cantantes y artistas famosos (entre ellos Ofelia Medina, Eugenio Derbez, Rubén Albarrán, Kate del Castillo y Natalia Lafourcade) le piden parar los daños ecológicos irreparables que está provocando la construcción del Tren Maya en la península de Yucatán, es una nueva muestra de su manera de evadir los cuestionamientos. En lugar de responder a las advertencias, planteadas por cierto con fundamentos y de manera respetuosa, recurre de inmediato a la descalificación. Acusa a los participantes en el video de “seudoecologistas” y de haberse vendido al conservadurismo para golpear a su gobierno. “Existe mucha deshonestidad”, dijo.