Seguridad y justicia a reconstrucción con base en evidencia; vente a la Ibero CDMX a cambiar la historia
Le propongo un sencillo ejercicio: escoja cualquier declaración del día de una autoridad hablando sobre algo que hará o hizo en seguridad pública y busque si refirió los métodos que usa y la evidencia que soporta su dicho. Le llevará solo un ratito confirmar que esas referencias generalmente no existen. El finado especialista Alejandro Hope con agudeza nombró a la seguridad pública como “zona libre de evidencia”.
Esto es posible porque se sostiene en una pinza política y social. Si un secretario de seguridad federal dice que la Guardia Nacional reducirá los feminicidios, no tiene que explicar cómo, no tiene que argumentar sus razones; si un secretario municipal afirma que una niña es asesinada por falta de cuidado de su madre, tampoco necesita explicar el fundamento de su afirmación; si el Presidente apoya una y mil veces el quehacer de los generales y almirantes en seguridad, tampoco tiene que dar razones; es más, si su gobierno afirma que sí cuenta con los métodos para demostrar que “vamos bien”, igualmente no necesitará argumentarlo enseñando la ruta de comprobación de sus dichos.
Es una pinza porque no se ofrece desde “arriba”, pero tampoco se exige desde “abajo”. Les explico por qué: simplemente no sabemos hacerlo; en México generalmente no existe la pedagogía política y social para conectar la seguridad pública a métodos y evidencia; de hecho, hay otra pedagogía extraordinariamente popular que funciona “en sentido contrario”; me refiero a una narrativa hegemónica que pone en el centro la etiqueta de la urgencia. Fíjense bien: si apelar a la urgencia me sirve para convencer que lo que hago es lo correcto, evitándome “la molestia” de explicar por qué afirmo que es lo correcto, pues ya está.
¿Y por qué no existe la pedagogía de los métodos y las evidencias? Déjenme recoger un poco de teoría. Esto es porque en nuestro País, como en buena parte del mundo, la seguridad pública nació como un poder y su evolución histórica no la caracteriza aún, primero, como un derecho. Se lee abstracto y lejano, pero es todo lo contrario: en el día a día, calle por calle, esquina por esquina, cuando la seguridad es entendida como el ejercicio de un poder de la autoridad y no como la satisfacción de un derecho, así mismo se cancela siquiera la posibilidad de un imaginario colectivo que imponga la obligación de que las decisiones sean justificadas, argumentadas, soportadas en métodos y evidencia.
Tenemos que construir la pedagogía política y social que represente la contra narrativa y desde las universidades nos toca empujar hacia la problematización informada, crítica y sólida de los paradigmas de seguridad y justicia hegemónicos para, desde ahí, a través de la reflexión y el discernimiento disruptivo, audaz, constructivo y creativo, trascenderlos hacia la reconstrucción estructural.
Es responsabilidad de los centros de educación superior ofrecer a la sociedad espacios que ofrezcan una contra narrativa ante el escándalo, la manipulación y polarización política y social y la simplificación, todo lo cual viene pavimentando el camino al infierno a donde nos ha llevado la etiqueta de la urgencia.
Las universidades deben levantar la voz, buscando de todas las maneras posibles irrumpir en la deliberación pública de cara a la crisis de violencias, delincuencia e impunidad, a través de procesos de análisis que lleven a interpretaciones soportadas en saberes disciplinares y no disciplinares, todo a su vez orientado a entregar a la sociedad alternativas sólidas, creíbles y convincentes.
Hay políticas de seguridad pública y justicia no comprobadas y las hay comprobadas. Hay métodos cada vez más sólidos, diversos, inclusivos y esperanzadores para distinguirlas. Vente a ser parte de la segunda generación de la nueva Maestría en Seguridad Ciudadana y Acceso a la Justicia de la Universidad Iberoamericana CDMX y súmate al desarrollo de los liderazgos que nos llevarán de las primeras a las segundas.
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@ErnestoLPV
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