Revive estafa maestra en Salud de Sinaloa. Malova y los hospitales con varillas de oro

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Desde el clásico sospechosismo que siempre le pisa los talones al poder político salta a la luz pública el litigio enderezado por Hipólito Gerard Rivero, cabeza del consorcio Grupo Ingeniería Arquitectura y Asociados y ex cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, para que el Gobierno de Sinaloa lo indemnice con 5 mil 600 millones de pesos, más lo que se acumule, debido a que en 2014, en el sexenio de Mario López Valdez, se le frustró el contrato para construir el Hospital General de Mazatlán.

Aquella negociación que la acción cívica echó abajo comprometía a que a cambio de desarrollar la obra del HG de Mazatlán, el Gobierno de Sinaloa le entregaría a la compañía de GIA+A, propiedad de Gerard, el 25 por ciento de los recursos que el estado recibiera durante 23 años y 6 meses del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, trato leonino que indignó a organizaciones ciudadanas y las movilizó para evitar el grave daño a las finanzas públicas que se extendería a casi un cuarto de siglo.

Una vez que Malova acabó su período de gobierno mantuvo abierto el caso y lo heredó a la actual administración estatal que preside Quirino Ordaz. Desde 2016 a la fecha la información correspondiente fue ocultada hasta que una auditoría externa reveló la deuda total de 7 mil 379 millones de pesos que arrastran la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Sinaloa, abultando esta lo que se le tendría que pagar a Hipólito Gerard en caso de ganar el juicio en proceso.

Al no conseguir el gran negocio, el 26 de diciembre de 2016, cinco días antes de que Malova le cediera la estafeta a Quirino Ordaz, la constructora GIA+A demandó al Gobierno de Sinaloa en la Corte Internacional de Arbitraje. Según lo expuesto en el expediente 22512/ASM alega daños económicos por la no consumación del concurso de obra EA-925006998-N54-2013 tendiente a diseñar, construir, operar y mantener el Hospital General “Dr. Martiniano Carvajal”, ubicado en Mazatlán.

Se trata de un conflicto legal de alta complejidad. Aquello que en el sexenio malovista se armó con base a influencias del grupo político que dirige Carlos Salinas de Gortari, hoy compromete la buena atención médica a los sinaloenses ya que de tener que pagarle los 5 mil 600 millones de pesos que reclama la empresa de Gerard, el Sector Salud estatal entraría en situación de quiebra.

Para dar una idea el dinero que reclama el ex esposo de Ana Paula Salinas de Gortari alcanzaría y sobraría para construir y equipar dos veces los hospitales generales de Mazatlán, listo para ser inaugurado al aplicársele mil 150 millones de pesos, y el de Culiacán, obra que se realiza con el costo estimado en mil 230 millones de pesos.

¿En qué consistió aquel trato con diseño de transa? En que el Gobierno de Sinaloa le pagaría durante casi un cuarto de siglo 239 millones de pesos anuales a la empresa del ex cuñado de Salinas, por la construcción del Hospital General de Mazatlán, sumando un total de 5 mil 616 millones de pesos que es lo que GIA+A le reclama a la Secretaría de Salud estatal. En el otro caso del que todavía no se sabe si también se fue a los tribunales, se le entregarían 347 millones de pesos al año, durante 23 años y seis meses a Olegario Vázquez Raña, socio principal de Prodemex, por realizar la obra del Hospital General de Culiacán, lo cual llevaba a un costo global de 8 mil 154 millones de pesos.

Era la estafa maestra de aquel sexenio que al no prosperar afectó muchos intereses que se la habían jugado calculando el negocio constante y sonante durante 23.5 años. A tiempo actual, es el desafío del gobierno de Quirino Ordaz y de la 63 Legislatura del Congreso del Estado para impedir que aquel fraude fundado en tráfico de influencias logre, seis años después, conseguir el objetivo original de desfalcar al sector salud de Sinaloa.

Existen razones sobradas para que se activen todos los mecanismos de auditoría, anticorrupción y de vigilancia a la contratación de obra pública con miras a que ningún otro político intente, y mucho menos concrete, decisiones que al amparo del ejercicio del gobierno hipotequen el derecho a la salud y bienestar de los sinaloenses solo para satisfacer apetencias de dinero en detrimento de la calidad de vida, e incluso de la vida misma de la gente.

¿Qué tratos hizo Malova con Hipólito Gerard? ¿Llegó a firmarse el contrato de construcción del Hospital General de Mazatlán con el dueño de GIA+A? ¿Hay políticos sinaloenses involucrados en esa negociación que comprometía durante los cuatro sexenios siguientes las partidas del FAFEF? ¿Deberán pagar los sinaloenses la cantidad que reclama el ex cuñado de Salinas, o que paguen los que hipotecaron al Sector Salud? El Gobernador Quirino Ordaz y los Diputados del Congreso del Estado tienen la palabra.

 

Reverso

Fue el despilfarro de millones,
En aquel tiempo de jauja,
Del espléndido granuja,
Que llenó la bolsa a bribones.

 

Duro contra la simulación

Mucho tiene que ver la configuración del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción en que Sinaloa posea a los mejores porteros que atajen los tiros a gol que con fuerza y puntería lanza el cada vez más numeroso y poderoso equipo de la cleptocracia. La convocatoria que lanzó el Congreso del Estado para elegir al nuevo integrante del Comité de Selección del SEMAS, vacante que dejó Edna Fong Payán al negarse a ser parte de la comparsa que escenifica este órgano, abre pauta para que ciudadanos realmente comprometidos con la transparencia se sumen a la tenaz y ardua tarea de moralizar el desempeño de la función pública.