Regular los departamentos de renta vacacional en Mazatlán
Si tienes una vivienda, pero queda en un desierto sin servicios, ¿Cuál es su función?, se cuestiona el geógrafo marxista David Harvey, en su participación de esta semana en el foro “Vivienda Justa y Prosperidad Colectiva” de la Ciudad de México.
La pregunta pretende criticar la forma en que se habitan las ciudades en estos tiempos, donde predomina el despoblamiento de los centros urbanos.
Esta es una dinámica paradójica, pues no obstante que los centros de las ciudades cuentan con la mejor disposición para el habitar, dada la proximidad y la aglomeración de servicios, las personas en la actualidad están siendo lanzadas a vivir en las orillas donde es más difícil hacer una vida satisfactoria.
Existen muchos factores que promueven la dispersión hacia la periferia, pero en el fondo hay una tendencia muy clara: se están comenzando a comprar casas en los centros de las ciudades para especular.
Antes, la vivienda representaba meramente “un refugio, un lugar para criar los hijos o tener un entorno de vida decente”, recuerda Harvey. Hoy, en cambio, las personas empiezan a apreciar una casa ya no tanto por su valor de uso, sino por su valor de intercambio comercial.
Pero esto no solo es un asunto de decisiones individuales, de hecho los mercados de capitales en todo el mundo han virado hacia la producción de inversiones improductivas o, incluso, destructivas, como la industria inmobiliaria especulativa y el turismo depredador de vivienda.
En las ciudades marcadamente turísticas, que como Mazatlán, no cuentan con otras alternativas económicas, el vaciamiento de los centros urbanos ocurre a una velocidad mucho más acelerada.
A falta de empleos mejor remunerados, la gente prefiere rentar o vender sus propiedades a inmobiliarias que las ajustan como departamentos de alquiler para turistas.
Barrios enteros, como el caso de la Colonia Reforma, que años atrás representaba una alternativa de vivienda céntrica y asequible, hoy se vuelven espacios inaccesibles para habitar, ya que por todos lados la oferta se dirige a capturar rentas de tipo vacacional.
Así que la próxima vez que el gobierno anuncie que este año se rompió de nuevo el récord de llegada de turistas a Mazatlán, detengámonos a pensar en cómo eso repercute en el problema del aumento de los precios de la vivienda y los consecuentes desplazamientos hacia la periferia y el vaciamiento de la ciudad central.
Por eso los urbanistas concuerdan que, para arreglar el problema de la vivienda en el mundo, hay que sacarla del mercado.
Pero de aquí a que llega una nueva generación de políticas de planeación urbana, ya muchas ciudades en el mundo le han “declarado la guerra” a compañías digitales de alojamiento, como Airbnb.
Y es que, aunque este tipo de plataformas ha proporcionado a los viajeros mayores opciones de alojamiento y han permitido a los propietarios de viviendas obtener ingresos extra, también han suscitado preocupación por su impacto en las comunidades.
Las plataformas de alquiler vacacional han provocado un aumento de la demanda de alojamiento corto plazo, lo que a su vez tuvo como resultado una disminución de la oferta de viviendas disponibles para rentas a largo plazo. Esto ha generado un encarecimiento de los alquileres, dificultando el acceso a la vivienda para los residentes locales.
Por eso, muchas ciudades han impuesto restricciones, como establecer un límite en el número de noches que una propiedad puede ser alquilada.
Otras ciudades también comienzan a requerir un permiso o licencia para publicar una propiedad en Airbnb, al mismo tiempo que aplican normas de zonificación que restringen dónde pueden ubicarse los inmuebles de renta vacacional. Esto se hace para preservar la identidad y el carácter de los barrios.
Además, algunos municipios están exigiendo a los anfitriones de Airbnb que recauden y remitan impuestos locales sobre sus ingresos por alquiler, igualando así las condiciones de los alojamientos tradicionales, como los hoteles.
Como se puede apreciar, las regulaciones a las plataformas de alojamiento digital pretenden lograr un equilibrio entre los beneficios de los alquileres a corto plazo y la necesidad de proteger las comunidades locales y los mercados de la vivienda.
Con la aplicación de estas medidas, las ciudades pueden garantizar que las rentas de tipo vacacional operen de forma responsable y contribuya positivamente al paisaje urbano.