Recuento de impunidad: justicia muerta. Luis Enrique, Javier, Maximiliano, Aimé...

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Han transcurrido 12 días desde que el 21 de abril fue hallado el cuerpo sin vida de Maximiliano Corrales García, integrante de la Compañía de Danza Joven de Sinaloa, sin que la Fiscalía General del Estado determine si se trata de un asesinato o de muerte por otras causas, reinando en la institución de procuración de justicia el mismo silencio que procede de la tumba de la víctima, mutismo que lacera a los deudos, amedrenta a los sinaloenses y le extiende los linderos a la Impunidad.

Igualmente, en unas horas se cumplirá un año del crimen que el 5 de mayo de 2022 privó de la existencia al periodista Luis Enrique Ramírez, sin que estén pagando por ello los autores materiales e intelectuales que se evaporan en ese intersticio funesto donde el gobierno hace como que los busca y los homicidas parecen ser tragados por la tierra, a pesar de que la expectativa pericial estableció al inicio que se trató de un delito fácil de resolver.

A los días, el 15 de mayo, nos llegará sin escalas de esperanza el recordatorio doloroso de la fecha de 2017 cuando el periodista Javier Valdez Cárdenas resultó inmolado por supuestas órdenes que les dio a sus pistoleros Dámaso López Núñez, “El Minilic”, el presunto asesino que se escuda detrás del esquema estadounidense que utiliza a criminales como testigos protegidos y otorga a cambio el estatus de maleantes inalcanzables por la justicia.

Agréguese al obituario de la barbarie la extraña muerte de Aimé Joanna, la joven Reina de la Ciruela de Concordia, de 23 años de edad, que el 1 de abril salió de la casa de su tía en Mazatlán y después de horas de nada saberse sobre su paradero fue encontrada muerta en un barranco de la carretera libre Mazatlán-Durango, a bordo de un automóvil que, según el Ministerio Público, ella compró al momento de desaparecer, y sin saber conducir.

Nadie sabrá con exactitud el tamaño de los anaqueles que guardan carpetas de investigación destinadas al olvido. Maximiliano apareció de pronto flotando muerto en el Río Culiacán; los asesinos de Luis Enrique dejaron evidencias sobradas del homicidio, en lo que corresponde a Javier está clarificada a suficiencia la parte que dio la orden para matarlo, Aimé Joanna aportó el manto de dudas que la indagatoria desestimó. Y aún así, las pesquisas acabaron siendo averiguaciones a medias confeccionadas a la medida de los victimarios.

Estos casos dan cuenta de episodios de violencia con indagatorias truncadas, poco creíbles y finales en los que la ley resulta afrentosamente derrotada por los facinerosos, dejando como única pero enorme huella la desidia de fiscales y jueces contra el dolor de las familias que sufren las pérdidas. Horas interminables de extrañarlos, insomnios continuados preguntando por qué el escudo de exención legal a los criminales, miedos que predominan toda la vida. Dígitos agregados a la escalada trágica por servidores públicos que son buenos para contar a los muertos e incapaces de conmoverse de los huérfanos, viudas, padres y hermanos.

Y como sociedad seguimos permitiendo el círculo cruel donde primero el suelo engulle a las víctimas y enseguida la desmemoria colectiva los transforma en seres fantasmales que no son materia de legalidad sino componente de negligencias. ¿Quién los mata primero? ¿La pólvora bestial o el polvo envenenado del olvido social? La pregunta por hoy tiene contestaciones obvias que flotan en la atmósfera de los inconmovibles.

La acumulación de tragedia e imperturbabilidad seguirá siendo el pan de cada día si la Fiscalía y el Poder Judicial se complementan para la inacción legal, en vez de ser el binomio perfecto para que a cada perpetrador de delitos le corresponda la debida consecuencia jurídica. Ya no más historias como la de Isidro Medina, el culiacanense de 83 años de edad que murió el 7 de enero de 2023 al alcanzarlo una bala disparada desde un helicóptero militar que efectuaba un operativo en la colonia Miguel Hidalgo, en la sicosis de guerra derivada del “Culiacanazo 2.0”.

Alguien le quiere decir a los dos pequeños hijos de Denisse, la mujer de 20 años de edad que desapareció el reciente 21 de abril en Guamúchil y dos días después fue encontrada sin vida y con signos de violencia en Angostura, que no hay ley ni voluntad que sea capaz de atemperar la pérdida a través del castigo ejemplar al o los asesinos. Caben aquí puntos suspensivos para enumerar la interminable sucesión de víctimas.

Sinaloenses que fenecen dos veces, una por la acción cruel de la delincuencia y otra por permanecer sus expedientes en los archivos muertos de la Fiscalía que cierra las investigaciones y al mismo tiempo abre la herida que nunca sana porque los criminales sin ser sujetos a la ley rascan indefinidamente en la llaga de los martirizados. Estamos en este punto todo se vuelve vano: los asesinados no van más allá de la nota roja y las autoridades casi nunca superan el argumento de “hecho lamentable”.

Se ve muy lejano el día,

De despertar con la albricia,

De que por fin la Fiscalía,

No deja crimen sin justicia.

Mayo nos trae también la eterna tristeza por el asesinato, el día 12 de 2014, de nuestra luchadora social Sandra Luz Hernández inmolada en Culiacán mientras buscaba a su hijo Édgar, desaparecido en febrero de 2012 cuando laboraba para la oficina del entonces Procurador de Justicia, Marco Antonio Higuera Gómez, el funcionario que paradójicamente en vez de resolver el caso se dedicó a enturbiarlo más. Imposible que ella muera; vive en cada zapapico que espolea la tierra, rastreadora que recorre territorios inhóspitos, interrogatorio incesante de ¿dónde están? y exigencia al Gobierno para que haga lo que le corresponde.