Rechazar cuentas públicas no es combatir la corrupción

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norma@sanchez-castillo.mx

La Comisión de Fiscalización del Congreso de Sinaloa ha rechazado una vez más los informes de cuenta pública presentados por la Auditoría Superior del Estado, argumentando irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos en 2018.

Lo que ha sucedido en el Congreso estatal no es nuevo ni en Sinaloa ni en México. Son muchos los casos en los que un Poder Legislativo ha dicho no a los resultados de las auditorías practicadas a los entes fiscalizados.
La facultad que tienen algunos congresos para decirles sí o no a los informes de resultados de las revisiones realizadas a un ejercicio fiscal ha generado inconformidades históricas. El uso político de esa función se repite año con año. Cuando el Gobernador y la mayoría del Congreso comparten partido político, siempre se aprueban; cuando no, se rechazan.
Rechazar una cuenta pública tiene los mismos efectos prácticos que aprobarla: ninguno. En términos de impacto en beneficio de la ciudadanía, el acto de rechazar o aprobar, por sí mismo, no tiene ningún efecto jurídico. Es un acto político.
Si bien cualquiera de las dos opciones podría entenderse como inherente a un sistema democrático, no debe ser el eje central de la función de fiscalización de un Congreso, menos cuando ya existe un Sistema Nacional de Fiscalización que interconecta a todas las auditorías del país como pilares del Sistema Nacional Anticorrupción.
Los que nos debe preocupar de lo ocurrido una vez más en el Congreso de Sinaloa es que las y los diputados se limiten a rechazar o a aprobar una cuenta pública, sin advertir que fiscalizar es solo un paso para cumplir con la indispensable rendición de cuentas, pero que hoy tiene su razón de ser en la Política Estatal Anticorrupción.
Practicar auditorías para fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos solo es útil si se usan los resultados para modificar las conductas y patrones encontrados. Aquí una herramienta útil pero poco explorada en la administración pública son los mapas de riesgos.
Un mapa de riesgos ayuda a identificar áreas que representan una amenaza y que de no corregirse, podrían convertirse en delitos de corrupción. La Comisión de Fiscalización tiene mucho qué hacer junto con la Auditoría Superior del Estado para iniciar acciones concretas que tiendan a corregir lo encontrado: prevención, investigación y sanción como base del Sistema Anticorrupción de Sinaloa. Solo de esta manera el Poder Legislativo coadyuvará realmente con el combate a la corrupción.
La única vía para que la función de fiscalización tenga sentido es orientando los resultados de los informes de las cuentas públicas a modificar las conductas que ponen en riesgo el uso íntegro de los recursos públicos.
Es necesario reconocer también que no todo lo que aparece en un informe de cuenta pública es corrupción. Hay observaciones que tienen que ver con errores administrativos que si bien son omisiones, no necesariamente representan el uso de un bien público para fines privados.
Pero eso lo que nos debería de preocupar ahora, más allá del rechazo o aprobación de las cuentas públicas, es si la 63 Legislatura será capaz de darle un sentido más útil a su función fiscalizadora. Rechazar cuentas públicas no es combatir la corrupción. Utilizar los hallazgos con inteligencia pública, sí.