Recalca ‘lupa amiga’ delitos contra la UAS
Salida: devolver a la Universidad lo robado

Entre más agitan a su gente Jesús Madueña Molina y Robespierre Lizárraga Otero, uno en calidad de ex Rector separado del cargo por mandato judicial y el otro supliéndolo extralimitando el plazo que le permite la Ley Orgánica, ambos dan la impresión de estar parados sobre arenas movedizas en las cuales se hunden con cada movimiento que realizan en esa especie de autosacrificio que le ofrendan a su líder Héctor Melesio Cuén Ojeda. Con el marco legal hasta el cuello, cancelándoles cualquier posibilidad de respirar impunidad, ni así buscan acuerdos judiciales para la reparación del daño causado a las finanzas universitarias.

En medio de la reina de todas las estrategias para defender a las autoridades de la UAS inculpadas, que consiste en la movilización callejera y la jornada de información con volanteo y perifoneo, el suelo se les mueve demasiado a quienes el 24 de febrero alteraron el acto que presidió en Mazatlán el Presidente Andrés Manuel López Obrador para rendirle homenaje a la bandera mexicana. Volvieron a desafiar la investidura del Mandatario y allí tienen la cancelación de la supuesta mesa de diálogo que Madueña dijo haber gestionado.

El panorama jurídico tiende a complicársele más de lo dificultoso que ya estaba para aquellos que tienen en sus manos las riendas de la Universidad, pues a los posibles delitos de uso indebido del subsidio estatal se le han agregado probables ilícitos de orden federal relacionados con el gasto anómalo del presupuesto federalizado. Y como los reveses siempre llegan juntos, los también vinculados a procesos judiciales recibieron la resolución del Tribunal Colegiado en materia Penal ratificando la sentencia determinada por un Juez de Distrito en noviembre de 2023: Jesús Madueña debe continuar separado del cargo de Rector.

Entonces la eventual “negociación” que incitada desde el campus adquiere el cariz de “sálvese quien pueda”, y que apunta a la salida consensuada del borrón y cuenta nueva de delitos, cayó por tardía y medrosa. Sin bien es cierto que hubo sobre la mesa la expectativa de la solución airosa que salve a la UAS y los investigados salgan sin recibir sentencias condenatorias, ahora lo determinado por el Tribunal Colegiado y lo observado por la Auditoría Mayor anula tales rutas de expiación de culpas.

La única salida segura es la jurídica y tiene que ver con el resarcimiento del perjuicio causado a la víctima, que en este caso es la UAS. Más allá de la “negociación” que deje ilesos a los presuntos responsables del manejo irregular de los dineros de la casa de estudios, el Poder Judicial abriría la puerta para que le regresen a la Universidad las sumas sustraídas, peso por peso, tal como entraron a las cuentas de proveedores beneficiados. Alguien pidió en Palacio Nacional que lo mantengan al tanto del desenlace con justicia retributiva. “Devolverle al pueblo lo robado” es la orden.

Por eso es que una vez que la Auditoría Superior de la Federación ratifica las mismas observaciones que dieron pauta a las carpetas de investigación que la Fiscalía General de Sinaloa presentó ante el Poder Judicial del Estado para la instauración de los cinco procesos acumulados por probable desempeño irregular de la función pública, dejaron de ser firmes y se tornaron pantanosos los terrenos por los cuales eligieron caminar Madueña y coacusados.

Los mandos universitarios en turno llevan al menos dos décadas externando plena confianza en los resultados de las revisiones que les efectúa el ente fiscalizador federal, lo cual hace suponer que las faltas en materia de rendición de cuentas que les halló la Auditoría Mayor han convencido a los indiciados del error de querer evadir con la acción política un asunto que tarde o temprano se resolverá en los tribunales.

Después de la revisión de 54 expedientes de adquisiciones, la ASF está confirmando los rastros en la UAS de manejos de recursos públicos que le causan un daño a las finanzas de la casa de estudios por el orden de los 33 millones de pesos, debido a que no presentó evidencia que acredite la entrega de los bienes adquiridos por concepto de logos de aluminio, productos cárnicos, artículos de limpieza, equipo de cómputo, artículos de tlapalería, pintura, esmalte y sobres y etiquetas para titulación.

La “lupa amiga”, la que siempre sacan a relucir los directivos uaseños al querer aparentar transparencia, también le observa a la institución de educación superior los hechos de pago ilegal de salarios a 65 trabajadores por un monto total de 5 millones 62 mil 590 pesos, y contrataciones y gastos por 91 millones de pesos a favor de personal que no cuenta con el perfil académico para desempeñar el puesto autorizado.

¿También el órgano revisor preferido por la UAS, que fue la Auditoría Superior de la Federación, realiza persecución política contra funcionarios acusados de presuntos actos de corrupción y ataca la autonomía universitaria?

Se les nota la mala intención,

A los que proponen impunidad,

A través de una negociación,

Donde pierda la Universidad.

Un policía cuidando a cada sinaloense sería el estado ideal de la seguridad pública estatal, sin embargo, en prevención de ataques violentos a candidatos que aspiran a alcaldías y diputaciones locales, vale la pena que a los ciudadanos se nos reduzca el margen de protección con tal de que los pretensos traigan custodia y además estén en posibilidad de obtener al menos el voto del gendarme que los cuida, si es que lo convencen. O que ante la falta de dinero para contratar campañistas, tengan a alguien que les reparta propaganda en los cruceros.