Radiografía de un retraso crónico: la situación de las policías en México
El abandono de las corporaciones policiacas no es un fenómeno nuevo en México, pero ha alcanzado niveles críticos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Causa en Común ha documentado a lo largo de estos últimos seis años el estancamiento del desarrollo institucional de las corporaciones policiales, patente en las disminuciones presupuestales, la precariedad laboral y los constantes embates de la violencia criminal en su contra.
Finalmente, el deterioro acelerado de las policías en México es también una consecuencia del avance agigantado de la militarización durante este sexenio, acaparando una enorme cantidad del presupuesto, pero sin arrojar ningún resultado favorable en la materia. (1)
Un primer nivel de análisis para evidenciar el abandono sistemático en el que se encuentran las policías del País es la evolución del gasto federal en la materia. A lo largo del actual sexenio, el presupuesto para las policías predominantemente provino de tres grandes fondos: el Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP), el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) para municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y también parte del Fondo para el Fortalecimiento Municipal (Fortamun).
En 2020, el Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública contó con un presupuesto de aproximadamente 7 mil 300 millones de pesos y el Fortaseg con 4 mil millones de pesos.
En los últimos años, los aumentos al FASP han sido mínimos, mientras que el Fortaseg, que beneficiaba a 300 municipios, desapareció en el año 2021.
Un nuevo fondo, el Fofisp (Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública), sólo reúne alrededor de una cuarta parte de los fondos que se agrupaban en el Fortaseg.
En cuanto al Fortamun, en 2019 el Consejo Nacional de Seguridad Pública emitió un “exhorto” para que, en lugar del 20 por ciento sugerido para seguridad, se destinara el 50 por ciento, lo que implicaría reducir el gasto para atender otras necesidades.
Entre el 2018 y 2022 el presupuesto federalizado sufrió decrementos y tuvo un ligero incremento entre 2023 y 2024. El presupuesto federalizado en miles de millones de pesos (MMDP) constantes se desglosa actualmente de la siguiente manera: FASP (9.2 MMDP) y FOFISP (1.1 MMDP), para un total de 10.3 MMDP.
Los bajos salarios, la falta de prestaciones y el riesgo constante al que se enfrentan los policías son sólo algunos de los problemas que aquejan a las corporaciones locales.
De acuerdo con el último censo del Inegi, el 43 por ciento del personal de seguridad pública municipal percibió ingresos mensuales de entre 5 mil y 10 mil pesos (2), quedando por debajo de los 16 mil 688 pesos recomendados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en 2024 (3).
Esto nos muestra que los salarios percibidos por los elementos policiales no son acordes con los niveles de riesgo que enfrentan, al tiempo que se mantienen niveles inaceptables en los delitos de alto impacto y se incrementan las partidas asignadas a las Fuerzas Armadas.
Aunado a los bajos salarios, en México se continúa careciendo de una ley que regule los horarios de trabajo de los cuerpos de seguridad policiales. La falta de esta regulación ha ocasionado una serie de abusos laborales que repercuten de manera directa en la salud y el desarrollo social y personal de las y los policías.
De acuerdo con el Inegi, por ejemplo, al cierre de 2020, el 28 por ciento de los policías municipales no contaban con seguridad social; mientras que únicamente el 10 por ciento de los municipios otorgaba prestaciones para gastos funerarios a familias de policías abatidos; pese a ser un apoyo estipulado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (4)
En 2019, Causa en Común aplicó la encuesta “¿Qué piensa la policía?” (5) a más de 5 mil policías federales y estatales en todo el País. Este ejercicio nos permitió conocer que alrededor del 44 por ciento de los elementos policiales del País tienen jornadas de trabajo de más de 12 horas al día, situación que facilita su exposición a periodos de estrés prolongados y contribuye al desarrollo de problemas psicológicos, emocionales o trastornos psiquiátricos; y que, consecuentemente, les empujan a experimentar dinámicas de ausentismo, adicciones, incapacidades y muertes por accidentes o suicidio.
Por todo lo anterior son frecuentes las manifestaciones de policías que exigen mejoras en sus condiciones de trabajo.
Causa en Común, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 1 de agosto de 2024, registró al menos 413 movilizaciones de policías en todo el País, que incluyen 183 paros, 165 manifestaciones y 65 emplazamientos a paro.
Destacan los estados de Hidalgo y Oaxaca, como aquellos en los cuales más paros de policías se registraron; con 21 y 19 respectivamente. Así como Sinaloa y Ciudad de México, como las entidades con el mayor número de manifestaciones de policías registradas, con 22 y 19.
Además de las protestas, otro indicador del abandono al que se enfrentan las policías locales es el alarmante número de asesinatos de agentes de seguridad.
Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 1 de agosto de 2024, al menos 2 mil 417 policías fueron asesinados en México; concentrándose la incidencia en los estados de Guanajuato (360), Guerrero (167), Estado de México (167), Zacatecas (166) y Michoacán (152).
Cabe destacar que la mayoría de los policías asesinados, alrededor del 55 por ciento, pertenecían a corporaciones municipales. Estos asesinatos reflejan no sólo la violencia extrema que se vive en el País, sino también la falta de protección y apoyo que enfrentan los policías en su día a día.
A medida que México se prepara hacia la llegada de un nuevo gobierno, es crucial reconocer los fracasos de la estrategia de militarización de la seguridad pública.
Lejos de resolver los problemas de violencia y criminalidad, la militarización ha exacerbado las debilidades estructurales de las instituciones de seguridad, abandonando a las policías locales y poniendo en riesgo los derechos humanos y la democracia.
Es necesario revertir esta tendencia y fortalecer a las policías locales, dotándolas de los recursos y las capacidades necesarias para llevar a cabo su trabajo de manera efectiva.
Esto implica no sólo mejorar sus condiciones laborales, sino también asegurar que cuenten con la formación y el equipamiento adecuados para enfrentar los retos de seguridad en el País.
Además, es fundamental restablecer el control civil sobre la seguridad pública y garantizar que las Fuerzas Armadas se limiten a sus funciones constitucionales, sin interferir en las tareas de seguridad pública.
La seguridad en México no puede depender de una estrategia militar que ha demostrado ser ineficaz y contraproducente. Es momento de apostar por un enfoque integral que ponga en el centro a las instituciones civiles y respete los derechos humanos, garantizando así una seguridad duradera y sostenible para todos los mexicanos.
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El autor es Fernando Escobar Ayala, politólogo por la UNAM, con líneas de investigación en sociología de las violencias, seguridad pública y militarización. Se ha desempeñado como profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y como investigador en organizaciones de la sociedad civil en temas como el combate a la corrupción y la promoción de los derechos humanos.
1. Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, Quinto Informe de la Guardia Nacional, , 2024. https://causaencomun.org.mx/observatorioguardiayfuerzasarmadas/wp-content/uploads/2024/07/5TO-INFORME-OGN_WEB.pdf
2. INEGI, Los gobiernos municipales en México Volumen III: Seguridad Pública, Justicia y Buen Gobierno, 2023. https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/889463909194.pdf
3. SESNSP, CONASAMI, Propuesta de salario digno para Policías, 2024. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/894386/SUELDOS_CONASAMI_2024.pdf
4. Ibídem.
5. Causa en Común, Encuesta, ¿Qué piensa la policía?, 2019. https://causaencomun.org.mx/beta/encuesta-que-piensa-la-policia/