Quirino, entre Sinaloa y el Presidente. Encrucijada difícil para el Gobernador

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Hubiéramos deseado los sinaloenses que el Gobernador Quirino Ordaz Coppel diera un manotazo en la mesa y le reclamara al Gobierno federal por qué metió a Culiacán en la peor crisis de seguridad pública de la que se tenga memoria. Quisiéramos que el mandatario estatal encabezara la indignación de los sinaloenses y de ser posible que procediera a la ruptura política con el régimen que preside Andrés Manuel López Obrador. ¿Pero eso es lo que necesitamos ahora?
Que el Gobernador inquiriera, tan fuerte como para que se escuche en Palacio Nacional, por qué razones no fue notificado del operativo que resultó fallido contra los hijos del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, o las causas por las cuales en la base militar El Sauz solamente había dos centenares de elementos de la Guardia Nacional (de alrededor de 3 mil 500 que habían llegado a Sinaloa), insuficientes para defender la plaza.
Lo mejor, si esto fuera una mera cuestión de popularidad, sería verlo exigiéndole la verdad al Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, y al Secretario de la Defensa Nacional, General Luis Cresencio Sandoval, pero lo que más dejaría contenta a las masas es que Ordaz Coppel encabece la rebelión ciudadana contra los servidores públicos, AMLO incluido, que apoyaron la decisión de dejar libre a Ovidio Guzmán López y mantener como rehén a Sinaloa.
La realidad real es que siguen enmadejados los sentimientos sociales que al calor de la acometida violenta que vivió Culiacán el 17 de octubre pedirían que Ordaz Coppel encabece la protesta cívica que exige la verdad y el castigo a los que de ella resulten responsables. Imposible querer identificar ahora el punto de partida para la restauración de todo lo dañado porque la reconciliación depende, sin posibilidad de equivocarse, de que el Estado mexicano se sincere con los sinaloenses y nos diga todo lo que hay detrás del jueves negro.
Y eso igualmente es políticamente improbable. Sinaloa está dividido entre los que señalan con índice el fuego al Presidente López, y los otros que lo defienden, atascando el necesario debate crucial en lo que parece ser un concurso de simpatías. ¿Qué papel debe desempeñar el Gobernador cuando todo luce alterado? ¿Colaborar con el caos o mediar para serenar los ánimos?
Menudo dilema porque el mismo Congreso del Estado reflejó ayer el coraje de los sinaloenses, en dos vías. Los diputados del Movimiento Regeneración Nacional y sus aliados tratando de restarle responsabilidad al Presidente y otro bloque de partidos, con el PRI al frente, en la postura de que se investiguen y clarifiquen los hechos y se finquen las responsabilidades correspondientes.
Si en este escenario convulsionado Quirino Ordaz decidiera abrir otro frente de batalla, resultaría de alto rating para el Gobernador y de graves consecuencias para la gobernabilidad en Sinaloa. De enfrentarse a López Obrador, el recuento de los daños resultará inestimable aunque estaría a la altura del trance que frustra y llena de impotencia a los gobernados. Añadirle una crisis política a la presente complicación de la seguridad pública propiciaría que el conflicto escale a niveles todavía más incontrolables.
Claro que en medio de la inestabilidad que deriva del coraje y miedo en la población civil pacífica, el Gobernador debe instalarse como factor de gobernabilidad. En misma la ruta que eligió ayer el Presidente ya que al eximir a Quirino Ordaz de cualquier culpa en los acontecimientos que mostraron a la capital sinaloense como rehén del narco, le apuesta a la maniobra desesperada del Estado mexicano para apresurar la estabilización de Sinaloa.
Pero los extremos son malos. Es un error convocar a “darle vuelta a la página” del jueves negro en Culiacán. A como están las cosas, lo que más importa es que desde todos los sectores sociales se exija la verdad y la reparación de los daños, condiciones fundamentales para que los sinaloenses evolucionen de la indignación a la participación en la búsqueda de las respuestas y las soluciones.
Eso sí puede y debe hacer el Gobernador. Bajar al nivel de los culiacanenses que al fragor de la guerra solo necesitan una cosa: la garantía del Estado de que no volverá a repetirse la afrenta jurídica y política que puso las vidas de los culiacanenses en manos de criminales, mientras el Estado abdicó a su obligación de protegernos con todo y por encima de todo. Solo eso: anteponer la Constitución a la barbarie.
Si las circunstancias orillaran al Gobernador a tomar posición alguna, esta debe ser al lado de los ciudadanos que lo llevaron al cargo que desempeña. Cuando el Gobierno federal dejó a los sinaloenses a expensas de la orgía del narco, de sangre y fuego, tienen que ser las autoridades e instituciones locales las que salgan al rescate con toda la fuerza de la que dispone.

Reverso
Navega en bravo torrente,
Sobre una frágil canoa,
Y hoy lo insta Sinaloa,
A nadar a contracorriente.

Preguntas bajo fuego
¿Quién vendrá a decirles a las familias de los dos trabajadores de una carpintería que ellos son las víctimas colaterales de un operativo federal fallido? ¿A quién van acudir los deudos cuando todo ha quedado confuso en el humo que hizo invisible la civilidad? ¿Pedirles ayuda los narcos que ofrecen apoyo económico para enterrar los muertos y curar a los heridos, o darse por bien servido porque se culpó de todo a los militares mientras el Estado se lava las manos? ¿Qué les dirán a sus hijos las madres de civiles y soldados que cayeron por la estupidez de los que desencadenaron la batalla sangrienta en Culiacán? ¿Cómo pedirles a los pacíficos y los sicarios que ya le den vuelta a la página? No se puede. Después de que ardió Culiacán se quemaron también las conciencias, sentidos y respuestas.