¿Quién pagará los daños?

Con motivo de la Reforma Judicial ya llevamos varias semanas con los tribunales federales sin trabajar por una suspensión de labores que, por cierto, no tiene fundamento legal alguno.

En efecto, la suspensión de labores no tiene base legal alguna y se dio en respuesta a la forma tan arbitraria en cómo se aprobó la Reforma Judicial.

Simpatizo con los integrantes del Poder Judicial Federal (PJF) y mi opinión es que la reforma era necesaria, pero no en la forma ni en el fondo en cómo se operó y se ha venido aplicando.

Elegir jueces por voto popular no garantiza que no haya corrupción en el PJF, si así fuera, ninguno de los presidentes de la República, diputados locales y federales, senadores y alcaldes que son elegidos por voto popular fueran corruptos.

Tengo para mí que la Reforma Judicial obedeció a dos cosas: venganza y control del PJF.

Haiga sido como haiga sido, como dijeron por ahí, la Reforma Judicial va caminando y los afectados, que son los ministros, magistrados y jueces federales, deberán decidir si la combaten en tribunales, se jubilan los que puedan o dejarán pasar las cosas.

De hecho, ya hay amparos y creo que una acción de inconstitucionalidad en trámite y ya hay suspensiones ordenadas.

Lo malo es que no les han hecho caso a las suspensiones y la aplicación de la Reforma Judicial, tómbola incluida, marcha paso a paso.

Si yo fuera parte de los afectados me concentraría en que la batalla legal en los tribunales nacionales e internacionales avance lo más rápido posible, buscando que se dicten sentencias concediendo el amparo.

Pero, además, levantaría la ilegal suspensión de labores que está afectando a millones de ciudadanos que tienen sus juicios detenidos en el limbo y sin avanzar.

Repito, simpatizo con los integrantes del PJF y creo que han sido víctimas de una vil venganza y una estrategia que busca controlarlo, pero los ciudadanos no debemos ser afectados por esa lucha.

Está visto que el paro de labores y las manifestaciones no le hacen ni cosquillas a los contrarios que, en esos temas, están en su elemento y se mueven como pez en el agua.

En cambio, el paro de labores ha hecho mucho daño a los miles o millones de ciudadanos que, por ejemplo, no han podido cobrar el dinero que tienen derecho a recibir en algún juicio de amparo o en un juicio civil federal o mercantil, tramitados ante el PJF.

¿Quién les pagará a esos ciudadanos la pérdida del valor adquisitivo del dinero que no han podido recibir por culpa del paro de labores?

La respuesta es que corresponderá al PJF, a través de los procedimientos de responsabilidad patrimonial del estado, pagar las pérdidas económicas que han sufrido y sufran los ciudadanos.

Un paro de labores que no tiene fundamento legal sencillamente se considera actividad irregular del estado (en este caso del PJF) y eso trae como consecuencia que pueda ser demandado por la responsabilidad patrimonial correspondiente.

En este tema de la Reforma Judicial, en lo personal pienso que la justicia debe estar del lado del PJF al ser evidente el atropello de que han sido sujetos.

Sin embargo, también pienso que la suspensión de actividades fue un error que ya debe ser corregido para no estar causando más daños a los ciudadanos que tienen atrapados sus asuntos ante los tribunales federales.

La liga ya la han estirado mucho y parece que a nadie le interesa los daños colaterales causados.

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