¿Quién paga los platos rotos del Alcalde?

David Cristóbal Álvarez Bernal
25 noviembre 2019

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david@bufetealvarez.com

 

Como seguramente se habrá enterado, la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable (DPDUS) clausuró el proyecto “Camino al Mar”, que afortunadamente ya reanudó operaciones gracias a que un juez de distrito así lo ordenó.
Como pocas veces o quizá como nunca, organismos de la sociedad civil, como COPARMEX y CANACINTRA, salieron públicamente en defensa de la empresa, al darse cuenta de que atrás de las clausuras era evidente que estaba el Alcalde, quien estaba utilizando a la DPDUS para “golpear” a Rodolfo Madero, quien, debo decirlo, no solo es mi amigo, sino mi compañero en el Observatorio Ciudadano de Mazatlán (OCM) y mi cliente.
Al apoyo mencionado se sumaron varias empresas que son proveedoras de “Camino al Mar”, y que conocen de primera mano que ese proyecto cumple con todo lo que conforme a la ley está obligado a cumplir, y también están dispuestos a hacerlo, o ya lo hicieron, otros empresarios y ciudadanos reconocidos y respetados.
El apoyo para Rodolfo Madero y su grupo empresarial no es casualidad. La fama pública de responsabilidad social, respetabilidad y honorabilidad se la han ganado a pulso y quien diga lo contrario es un envidioso o un mezquino.
Salvo al Alcalde, a su chalán David González Torrentera y a sus cómplices, a todo mundo le queda perfectamente claro que la clausura no tuvo nada que ver con el lamentable fallecimiento de una persona en esa obra y del cual se desprenden consecuencias legales para su patrón, que no es la empresa dueña de “Camino al Mar”, sino un proveedor externo a quien se contrató para prestar trabajos específicos.
Es deber del patrón responder por el fallecimiento y proteger a la familia del trabajador fallecido apoyándola rápida y eficientemente para que obtenga los beneficios de seguridad social que les corresponden.
Los documentos oficiales (que por supuesto he leído) demuestran que la clausura no obedeció al lamentable fallecimiento, sino a hechos posteriores.
Hace un par de meses se clausuró por 22 días el desarrollo inmobiliario “Portezza Central Park”, propiedad también de la misma empresa que es dueña de “Camino al Mar”.
A través de un amparo se logró no solo que levantaran la clausura, sino que Protección Civil municipal, que fue quien clausuró, dejara sin efecto legal alguno el oficio de comisión y el acta que levantaron cuando clausuraron.
Como consecuencia de esos actos irregulares, se presentó una denuncia por faltas administrativas contra el titular de Protección Civil municipal y contra el inspector que llevó a cabo la clausura. Esta denuncia culminó con resolución de la Unidad Investigadora del Órgano Interno de Control municipal, que dijo que los actos denunciados constituían faltas administrativas no graves y envío el expediente a la Unidad Substanciadora para que les aplique a los servidores públicos las sanciones que correspondan.
Además, se presentó y se admitió una demanda por responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento y otras dependencias de gobierno, para que paguen los daños y perjuicios causados por los actos irregulares de Planeación Civil municipal.
Esta demanda puede concluir con una sentencia que condene al Ayuntamiento y a los demás demandados a pagar varios millones de pesos.
El mismo camino legal se seguirá seguramente por la clausura de “Camino al Mar”, donde los daños y perjuicios son mucho mayores que los causados en “Portezza”.
Lo grave del asunto es que, cuando se ganen los juicios por responsabilidad patrimonial a que me he referido, el dinero para pagar los daños y perjuicios causados por ambas clausuras no saldrá del bolsillo del Alcalde y de los demás demandados. Saldrá del dinero que todos pagamos de impuestos al Ayuntamiento.
Gastar dinero público en andar pagando daños y perjuicios causados por servidores públicos ineptos, rateros y vengativos no esta bien. Con ese dinero se pueden atender muchas de las necesidades sociales, como agua potable, drenaje, alumbrado público, pavimentación de calles, etc.
Recordemos que el Ayuntamiento fue condenado a pagar muchos millones de pesos a NAFTA por expedirle un permiso irregular. Ese dinero también saldrá de los impuestos que pagamos.
Como se sabe, Rodolfo Madero es presidente del OCM y, junto conmigo que soy el secretario, hemos firmado y presentado más de 22 denuncias por faltas administrativas contra las últimas tres administraciones municipales. Además, hemos presentado denuncias penales y varios juicios de amparo.
Desde antes de que el Alcalde tomara posesión de su puesto, el OCM le ha insistido que el nombramiento de Rafael Padilla, titular del OIC, es ilegal y que no se puede confiar en que dicho servidor público vaya a resolver imparcialmente las denuncias presentadas.
Para lograr el cambio de Rafael Padilla, el OCM ha recurrido a los tribunales y ha sumado esfuerzos con la sindica procuradora porque es la funcionaria que tiene la facultad legal de proponer al nuevo titular del OIC.
Sabemos el coraje que le tiene el Alcalde a la sindica procuradora, porque no se presta a sus atropellos ni se somete a sus caprichos.
En lo personal estoy seguro de que el ataque contra Rodolfo y sus empresas, no tiene nada que ver con irregularidades que no existen. Se trata, lisa y llanamente, de una venganza personal del Alcalde que no le perdona que el OCM este luchando legalmente por la remoción de Rafael Padilla y este apoyando a la sindica procuradora.
También creo que es un intento mezquino y abusivo por reprimir a TVP que es un medio de comunicación incómodo para el Alcalde y que forma parte del mismo grupo empresarial.
En pocas palabras, estamos en presencia de un claro y cínico abuso del poder para reprimir a empresas y empresarios incomodos.
Felicito a COPARMEX y a CANACINTRA que, por fin, hayan salido públicamente en defensa de uno de sus miembros más honorables, respetables y respetados. El mensaje que han enviado es claro: Ya no vamos a permitir abusos ni a quedarnos callados.
Como ciudadanos debemos exigir que este tipo de abusos no se cometan más porque, finalmente, quienes terminaremos pagando los daños y perjuicios causados por los actos irregulares, seremos nosotros. A mí me molesta que el dinero que pago de mis impuestos se utilicen en pagar los platos rotos del Alcalde, en lugar de usarlos en obras de beneficio social, ¿A usted no le molesta?