Que paguen los cocineros

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david@bufetealvarez.com

La administración pública municipal se encarga a servidores públicos, electos o nombrados, que se supone reciben un sueldo por hacer bien el trabajo que les toca.
Como en un restaurante, todo depende de los “cocineros”. Si estos hacen bien su trabajo el restaurante tendrá éxito. En cambio, si son negligentes o dolosamente hacen mal su chamba, seguramente el restaurante sufrirá las consecuencias y se irá a la quiebra.
En el municipio, salvo excepciones, durante varias administraciones, hemos tenido muy malos “cocineros”, entendiendo por estos a los encargados de que las cosas se hagan bien. Tomemos el ejemplo del famoso caso NAFTA al que me vuelvo a referir porque sigue vigente en medios.
Todo empezó cuando durante la última administración de Alejandro Higuera, quien fungiera como director de la Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Carlos Venegas, expidió un permiso a una empresa para que construyera una gasolinera.
Una vecina que consideró que la construcción de la gasolinera la iba a afectar porque el permiso se había otorgado ilegalmente, presentó un amparo.
Y como efectivamente el permiso se otorgó indebidamente pues así lo consideró el juez de distrito y un tribunal colegiado, la vecina ganó el amparo.
La empresa afectada consideró que se le habían causado daños y perjuicios al entregarle un permiso de construcción ilegal y demandó al ayuntamiento.
Como los “cocineros” que habían entregado el permiso de construcción irregular ya iban de salida, sobre los nuevos “cocineros”, es decir, la administración de Carlos Felton, cayó la responsabilidad de contestar la demanda.
Y resulta que a los nuevos “cocineros” se les fue un tomate entero, porque no contestaron la demanda oportunamente ni ofrecieron pruebas, que, pasados los años, le costaría al municipio más o menos $ 141 millones de pesos.
Obviamente que el error a que me acabo de referir tuvo como consecuencia que el Tribunal de Justicia Administrativa que conoció de la demanda dictara sentencia en contra del Ayuntamiento y, para “apelar” de esa sentencia, los “cocineros” de la administración de Felton contrataron un despacho de abogados externo que cobró varios millones de pesos por presentar el recurso contra la sentencia.
Durante la administración de Fernando Pucheta y Joel Bouciéguez, hay que reconocerlo, se hicieron esfuerzos por sacar al buey de la barranca y ganar la “apelación”, para lo cual se contrató otro despacho de abogados externo.
Esos esfuerzos culminaron con que se ganó la “apelación”, pero como la empresa tenía derecho a ampararse contra esa sentencia, hizo uso de ese derecho y ganó el amparo.
Hubo nuevo cambio de administración municipal y nuevos “cocineros”, llegando los que ahorita están, a quienes les tocó recibir la sentencia dictada en el amparo que ganó la empresa.
En este escenario, se dan cosas bastante interesantes. Por un lado, la Síndica Procuradora y su equipo de abogados, se ocupan de agotar todos los medios de defensa posibles para revertir la condena impuesta al Ayuntamiento, y estuvieron a punto de lograrlo.
Y por el otro lado, inexplicablemente se da un giro de 180° y “El Químico” Benítez, nuestro actual “cocinero”, cambia totalmente su postura inicial, que era defenderse con todo para evitar el pago, y junto con el Secretario del Ayuntamiento, firma un convenio con la empresa que echó por tierra el buen trabajo que estaba haciendo la síndica procuradora y sus abogados.
Personalmente opino que todavía hay mucho camino que recorrer antes de que el Ayuntamiento tenga que pagar la condena, y hay varias opciones legales para evitarlo, incluyendo una negociación justa con la empresa, para que se espere a que el Ayuntamiento recupere el dinero de quienes realmente deben pagarlo, que son los “cocineros”.
No hay duda de que los actos y omisiones de los “cocineros” traen consecuencias legales de diversos tipos. Para muestra un botón.
El artículo 46 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Sinaloa (LDPES), literalmente dice: “Artículo 46. Los servidores públicos y las personas físicas o morales que causen daño o perjuicio estimable en dinero a la hacienda del Estado o de los Municipios, incluyendo en su caso, los beneficios obtenidos indebidamente por actos u omisiones que les sean imputables, o por incumplimiento de obligaciones derivadas de esta Ley, serán responsables del pago de la indemnización correspondiente, en los términos de las disposiciones generales aplicables.- Las responsabilidades se fincarán en primer término a quienes directamente hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones que las originaron y, subsidiariamente, a los que, por la naturaleza de sus funciones, hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por parte de los mismos.- Serán responsables solidarios con los servidores públicos respectivos, las personas físicas o morales privadas en los casos en que hayan participado y originen una responsabilidad.”
Los “cocineros” a que me he referido, causaron daños y perjuicios a la hacienda municipal estimados en más o menos 141 millones de pesos. Por lo tanto, esos “cocineros”, son responsables en primer término del pago de la indemnización fijada a favor de la empresa.
Pero, además, si alguna personas físicas o moral participó en el entuerto, son obligados solidarios. Es decir, están obligados exactamente en los mismos términos que los “cocineros” a responder por los daños y perjuicios.
En tercer lugar, no solo los “cocineros”, sino quienes debieron revisar que el permiso de construcción cumpliera con la ley y debieron contestar a tiempo la demanda y ofrecer pruebas en favor del ayuntamiento, son subsidiariamente responsables de pagar el daño causado. Esto quiere decir que, primero se les cobra a los responsables directos y responsables solidarios y, si no les alcanza para pagar, se les cobra a los responsables subsidiarios.
Por último, de acuerdo con el artículo 48 de la LDPES, “El Químico” Benítez ya debería informar a la autoridad competente (Fiscalía General del Estado o Fiscalía Anticorrupción), la posible existencia de los delitos que se hayan cometido.
Esto independientemente de que también se presenten las denuncias de responsabilidad administrativa y juicios políticos que correspondan y contra quien corresponda.
Como en cualquier restaurante, si a los “cocineros” se les fueron varios tomates enteros, por descuidados, negligentes o corruptos, lo justo es que ellos paguen los daños y perjuicios a que fue condenado el municipio.
El dinero debe salir del bolsillo de los “cocineros” y quienes se hayan coludido con ellos. Que paguen los “cocineros”. Es absolutamente injustificado que el dinero salga de lo que pagamos nosotros de impuestos.
En cumplimiento a su objetivo social, el OCM está revisando el caso y, de ser necesario (si no lo hace antes la síndica procuradora y sus abogados), dará la pelea legal necesaria para que se sancione a quien se tenga que sancionar por este daño millonario que tanto ofende a los mazatlecos. En el OCM estamos convencidos de que las organizaciones de la sociedad civil no solo deben criticar y señalar. Su aportación más valiosa a la cultura de la legalidad es pasar a la acción. Hechos no palabras.