Política Anticorrupción y #3de3 en Sinaloa
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norma@sanchez-castillo.mx
Este 4 de julio cumplió dos años de vida el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Sinaloa, el órgano de vinculación entre la sociedad y el Gobierno, para fines de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción y faltas administrativas con participación ciudadana.
Lo anterior ocurre 30 días naturales después de que Sinaloa aprueba su Política Estatal Anticorrupción, un instrumento que contiene 40 acciones prioritarias entre las que se encuentra diseñar y desarrollar la plataforma digital que difundirá las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses de las y los funcionarios estatales y municipales.
Los dos años del Comité de Participación Ciudadana y la aprobación de la Política Anticorrupción de Sinaloa nos obligan a revisar avances e identificar oportunidades a propósito del ciclo presupuestario que pronto comienza.
Para este año 2020 los sinaloenses no pudieron ver un solo avance de este relevante eje de la Política Estatal Anticorrupción: la Plataforma Digital Estatal no contó con presupuesto público para su desarrollo. La Secretaría Ejecutiva, responsable técnica de su funcionamiento, presentó un proyecto de 4 millones 500 mil pesos que le fueron aprobados por el Órgano de Gobierno del Sistema Anticorrupción de Sinaloa, pero no por el Poder Ejecutivo. La propuesta no llegó al Congreso.
La agenda de Parlamento Abierto que el Comité de Participación Ciudadana y el Congreso de Sinaloa trabajaron junto con seis organizaciones civiles entre noviembre del 2019 y marzo del 2020 logró resultados en 14 de 33 metas incluidas. Una de ellas es que hoy las fichas de los legisladores de la página del Congreso contienen la relación y el estatus de las iniciativas que cada uno ha promovido de manera individual, un objetivo con el que no se pudo avanzar con legislaturas anteriores pese a los esfuerzos ciudadanos.
Pero entre las metas pendientes de lograr se insertan las que buscan prevenir conflictos de intereses de las y los diputados, y las que proponen la publicidad de sus declaraciones patrimoniales desde sus fichas ya personalizadas y como una buena práctica pues la Ley solo obliga a transparentar aquellos casos en los que la o el legislador así lo aprueban. Basta echar un vistazo al apartado de Declaraciones de la página del Congreso para ver quienes sí y quienes no lo hacen.
Garantizar recursos públicos para avanzar con la Plataforma Digital Estatal es un primer paso para consolidar uno de los ejes de la Política Estatal Anticorrupción. A dos años de existencia del Comité de Participación Ciudadana y ante la exigencia de resultados en materia de corrupción, es fundamental que lo anterior suceda.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas y su legislación análoga en Sinaloa supedita la entrada en vigor de la publicidad de las tres declaraciones en el estado a un acuerdo del Sistema Nacional Anticorrupción de diciembre del 2019. Será en mayo del 2021 cuando en Sinaloa entren en vigor los nuevos formatos para que se publiquen las tres declaraciones.
De cara a las elecciones del 2021 que renovará curules, alcaldías y gubernatura en Sinaloa, lo mejor es que los sinaloenses cuenten con un instrumento que permita medir el compromiso de los aspirantes a algún cargo, en materia anticorrupción. La transparencia de estas declaraciones es una prioridad ciudadana. Con ello se podrá vigilar la evolución patrimonial de los futuros funcionarios y servidores públicos.
Ahora que inician las fases para el diseño y la aprobación del Presupuesto de Egresos 2021, toca al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo de Sinaloa valorar la importancia de la Plataforma Digital Estatal como instrumento de prevención de la corrupción.
La publicidad de las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales no se puede postergar nuevamente. Mientras tanto, quienes integran los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y los 18 ayuntamientos de Sinaloa pueden comprometerse públicamente con esta meta de la política pública y transparentar las tres declaraciones como una buena práctica antes de mayo del 2021, un ejercicio congruente con el discurso anticorrupción frecuentemente utilizado.
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La autora es ex presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Sinaloa.
Opinión a título personal