Pobreza y salud en Sinaloa: razones para ambos bandos
Aunque en términos de pobreza se han registrado algunos logros, hay revelaciones que no son las mejores, ni para México ni para Sinaloa
Se llegó el día y el Coneval reveló los nuevos datos sobre la pobreza a nivel nacional. Hay buenas y malas noticias que vale revisar. O mejor dicho, hay logros extraordinarios pero también pésimas revelaciones para el país en esta materia y para Sinaloa no es muy diferente, aunque hay matices.
Empiezo por lo bueno: de 2016 a 2022 se redujo en 6.3 por ciento la pobreza en general en México, al pasar del 43.2 por ciento al 36.3 por ciento de la población, aunque la pobreza extrema se mantuvo prácticamente igual.
La reducción, aunque significativa, ha resultado imposible de ver para los detractores de AMLO y su modelo de política social, pero allí está y es lo que es: el incremento sostenido al salario mínimo, los programas sociales y, en menor medida, las remesas de mexicanos en el extranjero, ayudaron a sacar a más de 5.4 millones de mexicanos de la pobreza, incluso a pesar del enorme impacto de la pandemia de Covid 19.
Sin embargo, como muchos expertos han señalado y a pesar de su diversidad, los programas sociales no han sido eficaces en llegar a los segmentos más pobres, lo que explica por qué la pobreza extrema se mantuvo en 7.1 por ciento de la población, lo que equivale a 9.1 millones de personas.
En Sinaloa ese comportamiento es diferente para bien: de 2016 a 2022 pasamos del 30.5 por ciento al 21.6 por ciento de la población en pobreza general; incluso, la pobreza extrema se redujo al pasar del 2.6 por ciento al 1.8 por ciento de la población, lo que equivale a 19.4 mil personas menos en esa condición.
Otra buena noticia es que la población “no pobre y no vulnerable” se incrementó en el estado y ya son 1 millón 116 mil personas en ese segmento, casi 200 mil más que en 2016.
Pero así como hay que reconocer sin excusas lo bueno, hay que poner atención a las malas noticias que tienen que ver con las carencias sociales, siendo las de salud donde se experimentó el mayor retroceso debido al fracaso del Insabi, la cerrazón del sistema de salud durante la pandemia de Covid y ahora la lentitud para echar a andar el nuevo sistema IMSS-Bienestar.
De acuerdo con el Coneval, a nivel nacional la población vulnerable por carencia en acceso a servicios de salud se incrementó en 23.5 por ciento con respecto al 2016. Eso significa que en 2022 hubo 31.5 millones de mexicanos afectados en este derecho. Una barbaridad que evidencia el manejo criminal de la pandemia de Covid por parte de la Secretaría de Salud federal y que nos dejó más de 700 mil muertes.
Para 2022 en Sinaloa, 57 por ciento de la población tuvo al menos una carencia social y 15.1 por ciento al menos 3 de ellas, lo que representa un ligero incremento de 0.54 por ciento con respecto a 2016. En el caso del acceso a servicios de salud, de 2016 a 2022, 461 mil sinaloenses se agregaron a esta carencia y son ya 820 mil en total. Ante esas cifras, garantizar el derecho a la salud de los sinaloenses debe ser prioridad del gobierno de Rubén Rocha Moya.
La segunda carencia social que presentó un incremento fue el rezago educativo y que alcanza a 525 mil personas. Todas las demás presentaron retrocesos.
La lección más importante de las cifras más recientes sobre la pobreza en México es que la modalidad de transferencias directas de los programas sociales del gobierno de López Obrador funciona hasta cierto punto, pero no será suficiente para sacar al país de la pobreza; el alcance de los política social brinda dignidad a los hogares y grupos vulnerables, pero aún así es necesario diseñar programas y construir instituciones para garantizar derechos sociales como la salud, la educación o la vivienda, al tiempo que se promueve la inversión y se persigue el crecimiento económico.
En suma, ante la polarización y el diálogo de sordos que se ha generado en torno a los datos de Coneval, sería bueno que los detractores permanentes de eso que llaman las “dádivas” del gobierno, reconozcan su alcance y apunten sus críticas a aspectos específicos y concretos para fortalecer los programas con buenos resultados y ajustar o eliminar los que no.
Y, por otro lado, los defensores fervientes y a rajatabla de la política social actual deberían aprender que también hace falta construir instituciones robustas y transparentes para reducir la pobreza, mejorar los servicios de salud o abordar cualquier otro problema complejo de política pública en lugar de desmantelarlas a destajo sin contar con evidencia seria.