Planeación electoral sin presupuesto

En los preparativos para organizar las elecciones judiciales de 2025, el INE aprobó el Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Extraordinario para las elecciones judiciales, así como el marco geográfico para el proceso judicial electoral extraordinario. Estos pasos son esenciales para poder tener algo de certeza sobre la organización de estas elecciones.

El plan y calendario constituye el mecanismo de planeación, coordinación, ejecución, seguimiento y control de las actividades que desarrolla el INE. Este se basa, por lo menos, en dos líneas: la cantidad de potenciales votantes que se proyectan para junio de 2025 y el presupuesto solicitado por el Instituto para hacer frente a las actividades de la elección. Es con base en estos documentos que se puede conocer cuántas casillas se habrán de instalar, cuántas boletas se deberán imprimir, cuánto material electoral y de papelería se requerirá y, por supuesto, el dinero que se deberá destinar a cada actividad (consultar entrada anterior).

Uno de los retos principales de la elección es que la experiencia del INE se basa en contiendas estrictamente políticas en las que la participación de los partidos es fundamental para la autovigilancia de la elección, y si bien existe un programa institucional de promoción del voto, esa responsabilidad se diluye cuando son las y los candidatos quienes, bajo el cobijo de las estructuras partidistas, solicitan el voto de la ciudadanía en las campañas. Para la elección judicial la contienda tendrá un periodo de campañas que servirá para conocer a los perfiles y las trayectorias de quienes aspiran a un cargo en la judicatura, dejando en manos de la autoridad la difusión de los cargos por elegir, el número de candidaturas en cada cargo y circunscripción y, sobre todo, la manera en la que se va a votar, lo cual dependerá del modelo de boleta que se utilizará y las características de este, una labor pedagógica de gran alcance.

Dentro de las actividades que contempla el INE realizar para garantizar la universalidad del sufragio se encuentran, por ejemplo, las diversas modalidades en el ejercicio del voto además de la tradicional en boleta: el voto extraterritorial, el voto anticipado por estado de postración y el voto de personas en prisión preventiva, aún y cuando este último suponga, por lo menos, un conflicto ético de las personas que estando privadas de su libertad, más no de sus derechos político-electorales, puedan votar por personas que, eventualmente, pudieran conocer del asunto que los mantiene en prisión.

Además, será necesario emitir múltiples acuerdos y lineamientos, los cuales serán de especial relevancia ante la ausencia de regulación. Por ejemplo: lineamientos para la asignación de tiempos en radio y televisión, lineamientos para el financiamiento a las campañas y su fiscalización, por mencionar algunos. Esta última tarea, la fiscalización de las campañas, conlleva la realización de operativos en campo para la revisión in situ de la aplicación de esas disposiciones, lo que implica la contratación de personal temporal dedicado exclusivamente a tales actividades. Sobre este tema la legislación es contradictoria al no permitir cualquier gasto de campaña, pero sí la difusión de trayectoria utilizando recursos propios (algo que supuestamente también se encuentra prohibido).

En preparación a la jornada electoral se deberán capacitar a las y los funcionarios de casilla que ese día reciban la votación, además de mandar imprimir millones de boletas electorales y miles de materiales electorales -urnas, mamparas, actas, plumones, tinta indeleble, entre otros-. Igualmente, de cara a la jornada electoral se prevé que haya observación electoral, así como un ejercicio de estimación estadística para conocer los resultados preliminares de la elección de la Suprema Corte.

La autoridad electoral ha asumido la planeación de la parte del proceso electoral que le toca conducir, como sabe; con seriedad y responsabilidad a fin de tener una elección bajo estándares de integridad. A pesar de ello, ya sabemos que la Cámara de Diputados no ha autorizado los recursos solicitados y que por el contrario planteó un recorte de más de 13 millones de pesos, lo que obligará a la autoridad electoral a replantear la forma de organizar estas elecciones. El desarrollo de estas elecciones judiciales exige de la sociedad civil un ejercicio de observación permanente, mismo que estaremos realizando desde el Observatorio Electoral Judicial en conjunto con Disentir y Práctica.

Es necesario que como ciudadanía sepamos que sin la suficiencia presupuestaria solicitada el INE no será capaz de llevar a cabo gran parte de las acciones y actividades que se necesitan para llevar a buen puerto estas elecciones, lo cual demeritará en la calidad de las elecciones.

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