Plan C: el cambio de régimen que
soñó AMLO está por concretarse
El 1 de diciembre de hace seis años, Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia de la República, y dio por iniciada la llamada “cuarta transformación”, una construcción simbólica y propagandística que ha implicado un cambio radical en las instituciones y las reglas de nuestra democracia.
Ha sido larga la discusión sobre si la “cuarta trasformación” es, o no, un cambio de régimen, pues éste no tuvo como sustento -o evidencia- la redacción de una nueva Constitución.
El propio López Obrador explicó varias veces, durante su sexenio, que prefirió no lanzar de arranque la idea de una nueva Constitución, pues eso hubiera metido al País en una gran tensión, hubiera implicado una clara provocación a sus adversarios y hubiera implicado perder los primeros años del sexenio en ello.
Seis años después, sin embargo, el ex Presidente, su partido-movimiento y su sucesora Claudia Sheinbaum están cerca de completar la tarea de redactar prácticamente una nueva Carta Magna, la que López Obrador propuso el 5 de febrero de 2024, cuando envió a la Cámara de Diputados las 20 reformas del llamado “Plan C”, 18 constitucionales y dos legales.
Pareciera que hubieran pasado años de eso, pero no, ocurrió hace 10 meses, al conmemorar el 107 aniversario de la Constitución de 1917, cuando López Obrador dijo que dejaría como legado una serie de iniciativas que buscaban revertir las “alteraciones” que, según él, hizo el neoliberalismo al sentido original de la Carta Magna.
“Ahora es justo y necesario, como nuestra aportación a la historia y a las nuevas generaciones, que le devolvamos toda su dignidad, su humanismo y su grandeza de transformación nacional”, anunció AMLO en el recinto parlamentario de Palacio Nacional, en un acto que -además- inauguraba las campañas proselitistas de 2024.
Era tan disruptiva la agenda propuesta, tan polémico su contenido, que nadie se hubiera atrevido a apostar, en aquel momento, a que algún día serían aprobadas las reformas, que algunos calificaban como regresivas y otros considerábamos una maniobra de distracción masiva con la que el Presidente inauguraba la temporada electoral.
La propia Claudia Sheinbaum -en ese entonces precandidata presidencial- reaccionó con cautela en un primer momento, aunque a partir de abril -ya en campaña- abrazó el “Plan C” y lo incorporó a sus propuestas de campaña.
El 2 de junio, contra todo pronóstico, y ante el estupor de opositores, académicos, analistas y opinadores críticos del lopezobradorismo, el “Plan C” hizo ganar a Sheinbaum y le dio a Morena amplias mayorías en el Congreso de la Unión y los Congresos estatales.
Luego, Morena echó a andar la locomotora reformadora: por instrucciones de López Obrador, se apuró la aprobación de dictámenes en Comisiones de la Cámara de Diputados y se preparó el terreno para votarlos en septiembre, una vez instalada la nueva Legislatura.
Desde entonces, sin titubeos ni consideraciones por los efectos derivados de algunas reformas, la locomotora llamada “Plan C” avanza sobre los rieles de las mayorías conformadas por Morena y sus aliados (PVEM y PT), y han hecho del primer periodo de la LXVI Legislatura el más productivo de la historia reciente.
Hasta el momento, ya se han aprobado 11 de las 18 reformas constitucionales propuestas por AMLO en la Cámara de Diputados y el Senado de la República: cinco están promulgadas, tres están pendientes de publicación por parte de la Presidenta y tres están completando el recorrido por los Congresos de los estados.
Las cinco ya promulgadas y vigentes son: la del Poder Judicial, la de la Guardia Nacional, la de derechos de los Pueblos Indígenas (estas tres las alcanzó a promulgar López Obrador antes de dejar la Presidencia); la del sistema ferroviario y la de empresas estratégicas de energía.
Las tres que Sheinbaum tiene desde hace semanas y que probablemente promulgará en esta semana son: la de protección animal, la que amplía los programas del Bienestar y una en materia de vivienda.
Las dos que acaban de aprobarse en las Cámaras y están siendo avaladas por las legislaturas de los estados son: la que desaparece siete organismos autónomos y la que amplía el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa.
Además, hay una que establece que el aumento al salario mínimo nunca estará por debajo de la inflación y que el sueldo de maestros, integrantes de las Fuerzas Armadas y médicos no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el IMSS.
Esta última ya pasó por Diputados y Senado, fue turnada desde el 9 de octubre a los Congresos estatales, y llama la atención que Morena no ha pisado el acelerador para concluir su proceso legislativo, como sí lo ha hecho en otras reformas.
También en esta semana, se prevé que la Cámara de Diputados suba al pleno dos reformas que ya tienen dictamen: la que prohíbe la producción, distribución y enajenación de vapeadores y cigarrillos electrónicos, y la que refuerza los mecanismos para aplicar la austeridad republicana y evita que funcionarios de otros Poderes de la Unión ganen más que la presidenta.
Una tercera reforma que ya tiene dictamen es la que crea becas a jóvenes sin empleo.
Hay cinco iniciativas de AMLO que siguen en Comisiones, a la espera de dictamen.
Tres constitucionales: la de derecho a la alimentación, ambiente sano y derecho al agua; la de atención médica integral, universal y gratuita, y una más en materia de pensiones.
Y dos legales, la reforma a la Ley del ISSSTE para avanzar en la reducción de adeudos, y una serie de reformas para eliminar y/o fusionar institutos y comisiones.
Sólo una de las 20 iniciativas del “Plan C” ya fue desechada: la polémica reforma en materia político-electoral que buscaba suprimir al INE y convertirlo en Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, y que pretendía desaparecer la Representación Proporcional.
Esto quiere decir que, si hay una reforma política en este sexenio, ésta será propuesta por la Presidenta Sheinbaum.
La “productividad” morenista incluye, también, dos reformas constitucionales propuestas por Claudia Sheinbaum: la de protección a las mujeres, que ya fue promulgada, y la que crea una súper Secretaría de Seguridad para Omar García Harfuch, que ya sólo debe ser publicada en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor.
Además, Sheinbaum ha propuesto tres reformas legales ya aprobadas y promulgadas: la de la Administración Pública Federal (que crea nuevas secretarías), la de Instituciones y Procedimientos Electorales y la de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
A la lista se suma la llamada reforma de “supremacía constitucional”, propuesta por los coordinadores de Morena (el Senador Adán Augusto López y el Diputado Ricardo Monreal) y los presidentes de las Cámaras (Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna), los verdaderos artífices del “Plan C” que decidieron hacer una reforma que blinde todas las reformas del “Plan C” frente a controversias y acciones de inconstitucionalidad.
En esa narrativa llena de símbolos llamada “cuarta transformación”, quedará asentado que, el próximo 5 de febrero, Claudia Sheinbaum celebrará el 108 aniversario de la Carta Magna festejando la profunda reforma hecha en el primer periodo ordinario de la LXVI Legislatura.
Para ese entonces, se habrán aprobado y promulgado casi todas las reformas constitucionales del “Plan C”, que implican tocar 51 de los 136 artículos de la Carta Magna vigente desde 1917.
Las reformas -que en los hechos convierten a México en otro país- se habrán procesado en tiempo récord, sin mayor discusión, sin atender a las oposiciones ni las advertencias de académicos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil. En sus prisas, habrán obviado la transparencia, prácticas como el parlamento abierto y el rigor del proceso legislativo, generando una serie de antinomias entre las reglas pasadas y las nuevas.
Los cambios deberán plasmarse en cientos de normas secundarias -muchas de las cuales no existen ni siquiera en la mente de los legisladores-, e implicarán una construcción institucional muy distinta a la que nos rige actualmente.
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@chamanesco
Animal Político / @Pajaropolitico