Periodismo en México: de mal en peor. Resistir o rendirse, dilema de la prensa
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Aunque ya sabíamos de la preocupante realidad en la que el periodismo mexicano realiza su labor, el informe de 2022 presentado por el director de la organización Artículo 19, Leopoldo Maldonado, exhibe la vulnerabilidad de la prensa con 12 asesinatos y 629 ataques en el año donde el recuento de los agravios es a la vez el arqueo de las impunidades. Tantas agresiones, un promedio de dos al día, podrían contarse también como las mordazas impuestas y las noticias que no salieron de las redacciones porque no superaron la autocensura del miedo.
Intimidar al periodismo auténtico, el que arriesga bastante para informar a la sociedad, parece ser labor compartida entre la delincuencia y el Gobierno. El que recopila y redacta las noticias titubea si publicarlas tal cual son, o bien maquillarlas para evitar ponerse en la mira de las armas de criminales, corrupción organizada, narcopolíticos, redes sociales utilizadas para calumniar, o bien del púlpito gubernamental que instiga a huestes irracionales.
Tumbar todas las posibilidades de libertad de expresión es el mal de este tiempo. En Sinaloa presenciamos cómo las plataformas digitales que funcionan como maquinaria de calumnias, mentiras y amenazas tienden a camuflarse en el periodismo fidedigno, inclusive a cobrar víctimas y enseguida presentarse como victimados. Se trata de artilugios para la diatriba que siempre encuentran patrocinadores y mecenas que con recursos públicos le atizan a la defenestración.
Si el periodismo llegase a ser más labor de resistencia que de convicciones, también sobrevendrá el momento, si es que no ocurrió ya, de que sean más las informaciones retenidas que las dadas a conocer como resultado de la incertidumbre que la osadía de publicar trae implícita. Las mafias del poder imponen la necesidad de revisar letra a letra los contenidos de los distintos géneros periodísticos porque el menor descuido del redactor se torna asunto de vida y muerte.
Nos inquieta en Sinaloa el informe de Artículo 19 porque aquí unos han perpetrado crímenes contra periodistas que representan la deuda de la justicia con sus familias y su gremio, y otros adquieren la categoría de cómplices por la ausencia de ley. Los caídos en el ejercicio de la libertad de expresión impactan doblemente en el trabajo de reporteros y medios, primero por el apocamiento del periodismo de indagación y segundo porque el desamparo en que quedan las familias de las víctimas inhibe tenacidades en favor de la noticia.
Así pronto morirá el periodismo tenaz, valiente y de investigación para alegría de quienes la desinformación les significa lo que el lodo al chiquero. Sin lugar a equivocaciones, los recientes crímenes cometidos contra Javier Valdez, el 15 de mayo de 2017, y Luis Enrique Ramírez, el 5 de mayo de 2022, más las inmolaciones de Humberto Millán, Óscar Rivera y Gregorio Rodríguez, entre otros, le restan vitalidad a la función de informar, desánimo que a su vez abate el derecho de los sinaloenses a estar enterados de lo que sucede en sus entornos.
El recuento de 2022 reafirma la actitud que asume el periodismo superficial y pospone el arrojo de ir por contenidos informativos de fondo. Ante la falta de garantías que al Estado le toca ponerlas, el gremio de la comunicación queda indefenso en el asedio de estructuras criminales que van en la misma lógica gubernamental del silenciamiento de la prensa a través del miedo que unas veces es mordaza y en otras mortajas.
Estuvimos durante 2022 los periodistas en el año más violento pues ni Ucrania, el país en guerra con Rusia, presenta los niveles de vulnerabilidad periodística que tiene México, según indica el reporte “Voces contra la indiferencia”, de A19. Los ataques crecieron desproporcionadamente en comparación con el cuarto año de los anteriores mandatarios nacionales, 329.63 por ciento más que con Felipe Calderón y 63.38 por ciento mayor que con Enrique Peña Nieto. Nos quieren orillar al absurdo de contar más muertes de colegas que las historias que la ciudadanía debe conocer.
En el cuarto año del sexenio de López Obrador las agresiones más comunes contra periodistas y medios de comunicación fueron intimidaciones y hostigamientos, con 181 casos; amenazas, con 151 y uso ilegítimo del poder público, con 111 hechos. Con AMLO los ataques ocurren en promedio cada 13 horas, con Calderón y Peña la frecuencia se dio cada 21 y 55 horas, respectivamente.
Las crónicas de violencia descontrolada en México engullen también al periodismo cuando éste ya no hila las noticias como son, sino se transforma en materia de ellas. En el reporte 2022 Artículo19 lo expone así: “las agresiones letales, el acoso judicial, las amenazas y el estigma preocupan sobremanera por el efecto cascada que tienen para silenciar al gremio y por el impacto negativo que la censura de quienes informan tiene en el flujo y acceso a la información de la sociedad mexicana”.
Esos son los datos. A nadie le extrañe, pues, el decaimiento de la labor fundamental del periodismo consistente en darle voz a los que no la tienen, permitir el libre cotejo de las ideas, y persistir como pilar de las libertades, democracia y derechos humanos.
Por la noticia que sucumbe,
O la palabra que es herida,
Un periodismo de larga vida,
Sin que la bala lo derrumbe.
Por algo ha de ser que Adrián López Ortiz, director general de Noroeste, fue designado como presidente del Consejo Directivo en México de Artículo 19, la organización internacional que defiende la libertad de expresión y se ha convertido en la piedra en el zapato del Gobierno mexicano cada vez que hay agresiones contra periodistas o medios de comunicación. Esta distinción dada a Sinaloa ofrece más cercano el abrazo de A19 al periodismo sinaloense y contribuye a fortalecer la tarea de informar mejor a los ciudadanos.