Partidos y sindicatos tienen otras prioridades

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norma@sanchez-castillo.mx

Los partidos políticos y los sindicatos fueron, una vez más, las entidades públicas peor evaluadas en transparencia. Un resultado muy desalentador de cara a las elecciones 2021 en Sinaloa.

La verificación diagnóstica realizada por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP) es una radiografía del compromiso de 101 sujetos evaluados, a partir de las obligaciones que tienen que cumplir porque así lo marca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. A pesar de que Sinaloa fue de los primeros estados del País en obligar a partidos y a sindicatos a rendir cuentas, los lentos avances demuestran que sus prioridades están en otro lado.

Los resultados del diagnóstico son contundentes: PRI, Morena y el Partido del Trabajo obtuvieron los niveles más bajos de cumplimiento, con un porcentaje menor al 60 por ciento en una escala 0-100. El Partido Revolucionario Institucional apenas alcanzó el 11.4 por ciento y fueron el PAN y el Partido Sinaloense los que se colocaron en la mejor posición, con una calificación superior al 90 por ciento.

De los sindicatos, fueron el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Hospital Civil de Culiacán y el de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de El Rosario, los que mostraron un total desinterés de sus obligaciones de transparencia, al obtener un 0 por ciento. En contraparte, el sindicato de los trabajadores del Ayuntamiento de Salvador Alvarado y el de los trabajadores de su Junta de Agua Potable y Alcantarillado, obtuvieron el mejor puntaje al superar el 90 por ciento de cumplimiento.

Lo anterior refleja con claridad que contar con una Ley es insuficiente para que el Estado -en su conjunto- garantice el derecho de acceso a la información establecido en la Constitución. Las reglas se incumplen frecuentemente y son los organismos autónomos como la CEAIP, los que deben aplicar medidas que tiendan a revertir la opacidad y la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos y las atribuciones públicas.

Por eso es que quizá la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública ha hecho vinculatorios los resultados de la verificación diagnóstica, con algunas medidas de apremio. La revisión del 2017 no fue vinculante, pero sí lo han sido la del 2018 y esta última difundida el fin de semana, y que corresponde al cumplimiento de las obligaciones en 2019.
Aunque este ejercicio de verificación se basa en lineamientos emitidos por el propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), deja fuera a más de la mitad de los sujetos obligados de Sinaloa, cuyo padrón al 15 de mayo del 2020 alcanzaba un registro de 240. Lo anterior significa que 139 entidades públicas quedaron fuera del escrutinio público.

Una de las medidas a las que el órgano de transparencia le ha apostado para aumentar el nivel de cumplimiento en transparencia, es la multa económica aplicada directamente a la/él funcionario responsable de la omisión. Si una entidad pública omite la divulgación de la información relacionada con alguna de las obligaciones de transparencia, entonces la CEAIP identifica a la persona que no cumplió con su tarea y le manda sancionar. Sin embargo, un dato que sigue sin ser claro es si la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno estatal, encargada de ejecutar el cobro de la multa, lo está logrando. Las cifras no son públicas por lo que es difícil medir el impacto de las multas aplicadas.

Los resultados de la verificación diagnóstica, cuyos resultados completos se pueden consultar en la página electrónica de la CEAIP, hablan por sí solos: de cara a las elecciones del 2021 en Sinaloa, las prioridades de algunos partidos políticos y sindicatos no están precisamente en la transparencia. Un dato que debe servir para dos cosas: para que la sociedad busque que ellos asuman un compromiso real con una de las banderas políticas que seguramente utilizarán en campaña, o que los partidos y sindicatos incumplidos se queden esperando más multas y con ello, una desconexión más profunda con un segmento de la sociedad para el cual, la transparencia y rendición de cuentas son valores mínimos para decidir su voto.