Parlamento Abierto y leyes anticorrupción
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norma@sanchez-castillo.mx
La mejor prueba para demostrar que un Congreso es realmente abierto es la evidencia que demuestra que a través de un canal de interacción entre legisladoras y legisladores se construyeron reformas y leyes cuyo impacto se puede evaluar y medir.
En Sinaloa el camino ha sido difícil. La exigencia ciudadana por la apertura de espacios de co creación con el Poder Legislativo ha registrado experiencias de frustración, como cuando las propuestas de grupos ciudadanos no han sido incorporadas a los proyectos legislativos que finalmente se votaron, y en otros momentos, más recientes, la suma paulatina de recomendaciones en materia de transparencia, rendición de cuentas, participación social y control de la corrupción.
En días pasados, los integrantes de la Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa (Recias) propusieron a la 63 Legislatura una reforma a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado que busca modificar las reglas para la selección de las y los miembros del Comité de Participación Ciudadana. El Congreso ha dado ya primera lectura a esa iniciativa, lo que abre la posibilidad de eliminar los 35 años como edad mínima para ser parte de este órgano, así como acotar la participación sólo a quienes demuestren que no han sido parte de la administración pública estatal, municipal o federal en los últimos siete años. Si esta propuesta avanza, se podría sentar un nuevo precedente en cuanto a la relación entre el Poder Legislativo y la sociedad civil organizada.
La propuesta de la Recias no es la única iniciativa ciudadana que se encuentra en el Congreso pendiente de discusión y dictamen. Hay otras que buscan fortalecer las facultades y los mecanismos de rendición de cuentas, del órgano ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción.
El hecho de que solo una de siete sillas (votos) del Comité Coordinador -órgano responsable de evaluar las políticas públicas para la prevención, investigación y sanción de hechos de corrupción y faltas administrativas- sea ciudadana (las otras seis son entidades públicas), ha sido ya motivo de discusión por el impacto que esto tiene en la toma de decisiones. Modificar las reglas para darle más peso a la voz ciudadana, es la recomendación que algunas iniciativas ciudadanas contemplan.
La apertura de la actual Legislatura ha rendido algunos frutos en Sinaloa. Una muestra es la implementación de 14 de 33 criterios de Parlamento Abierto que ya avanzaron en mesas de trabajo con órganos ciudadanos. Pero la agenda ciudadana tiene mayores alcances y todavía falta que el Congreso estatal tome la decisión de transparentar de manera accesible, en las fichas personalizadas de los 40 legisladores y legisladores, las declaraciones patrimoniales y de intereses que estos presentan pero que son públicas solo en aquellos casos en los que voluntariamente se autoriza. Avanzar con este criterio sería una muestra de un real interés de los integrantes de la actual Legislatura, y permitirá a la sociedad vigilar la evolución patrimonial y el cumplimiento de las obligaciones fiscales ante el SAT.
Otro de los criterios pendientes de implementar recae en la necesaria regulación de las prácticas de cabildeo (lobbying), cuyo antecedente en el país ya registra una mejora en la Cámara de Diputados (federal), la cual tiene un reglamento que señala que todas aquellas personas que deseen ejercer labor de cabildeo, por más de una vez, deberán solicitar su registro, al inicio de cada periodo legislativo. También se establece la obligación de generar un padrón público que elaborado por la Mesa Directiva, que se debe difundir semestralmente en la Gaceta y en su página oficial de internet.
Los esfuerzos ciudadanos por un real Parlamento Abierto en Sinaloa aumentan, y la única manera de que se vean reflejados en la realidad, es evaluando el impacto de sus propuestas en las decisiones de las y los legisladores.
Así como entidades como Jalisco ya avanzan con la Reforma 2.0 al Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SEAJAL), en Sinaloa también es posible un cambio profundo en la legislación en la materia. La apertura del Congreso es fundamental para que así suceda.