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osunahi@hotmail.com

“No daremos un paso atrás...” Ha sido una de las tantas expresiones que han salido del ronco pecho del joven David González Torrentera, Director Municipal de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca de Mazatlán, en relación a la orden sin sustento jurídico, que paró la construcción del complejo arquitectónico conocido como Camino al Mar, en una postura que choca con una parte de la misión de la dependencia que comanda, que es la de conciliar conflictos entre el municipio y los empresarios, procurando con ello, alentar la inversión, dentro de los cauces de la legalidad.
La expresión del empresario González Torrentera, hoy funcionario municipal, quien da por hecho que será el sucesor del Alcalde Luis Guillermo Benítez, me hace recordar a un recaudador federal, el que ante un alegato jurídico de cualquier contribuyente, su respuesta de siempre era la siguiente: “mire joven, guarde su librito o lo aprendido en la escuela, aquí la ley soy yo y procede lo que yo decida”. Pero tal y como sucede en la mayoría de los casos de este tipo, el arbitrario un día se pasó de la raya, le fue levantado el manto de complicidad con el que contaba y terminó en la cárcel.
La postura de David González, también me hace recordar la película “La Ley de Herodes”, en la que el alcalde del pueblo, reescribe la constitución para adaptarla al territorio de su jurisdicción, a través de la cual, pretende darle el tinte de legalidad a todos sus abusos, dentro de los cuales, por supuesto, está el de esquilmar a los gobernados y a la raquítica bolsa municipal a su cargo.
Por otro lado, también pensaba que toda la arbitrariedad de la autoridad quedaría atrás con la llegada del Presidente de la República, sin embargo, a casi un año de su arribo al poder y del arranque de la 4T, no ha sido así, por lo menos en Mazatlán, demarcación en la que sus principales postulados, como son el respeto y la honradez, se rompen con el impulso de las olas, por la falta de convicciones políticas sólidas de su alcalde y de quienes lo acompañan.
Sin lugar a dudas, la muerte accidental o intencional de una persona exige la investigación por parte de las autoridades correspondientes y es deseable dejar en claro la responsabilidad que a cada quien le corresponde, incluyendo a la víctima, y posteriormente, actuar en consecuencia, cuando para ello se cuente con el sustento legal suficiente; jamás de contentillo para el cobro de venganzas personales.
Para el caso de la construcción, que por su naturaleza es de alto riesgo, están pendientes de los derechos de los trabajadores el IMSS y la Secretaría de Trabajo, ambas dependencias con facultades punitivas cuando el patrón no cumple con sus obligaciones. En cuanto a la vigilancia del desarrollo de los proyectos y las medidas de seguridad, interviene el municipio a través de la Dirección de Planeación y Protección Civil, lo cuales, no cuentan con las facultades legales para emitir sanciones o suspensiones de obras, cuando sucede la muerte de un trabajador.
En todo caso, la autoridad municipal sirve de proveedor de información a la instancia investigadora, es decir, a la Fiscalía del Estado, así como al IMSS y a la Secretaría del Trabajo.
Tomar decisiones que impliquen suspensiones o clausuras de obras por dicha causa, es una arbitrariedad tal y como ha quedado demostrado con la protección de la justicia en favor de los empresarios afectados, a los cuales, les asiste el derecho de demandar al municipio por el pago de daños y perjuicios y de obtener sentencia favorable en ese sentido, es pertinente preguntar ¿quién pagará?
Para que las altas aspiraciones de la 4T se conviertan en una realidad, se requiere que sus participantes en el gobierno, sean movidos por un interés genuino de servir a la ciudadanía y no ver el servicio público como la oportunidad para cometer abusos y sacar raja patrimonial, todo lo cual, por lo menos en el puerto, el abanderado local de la 4T no lo entiende. ¡Buenos días!