Pactos con el narco

Desde aquel evento lamentable conocido como “El culiacanazo”, que inició con la captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán - hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, - el entorno del Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha visto sacudido por señalamientos que presuntamente lo vinculan a ese grupo criminal.

La orden del Presidente para que Ovidio fuera liberado, según dijo él mismo, fue para evitar un baño de sangre; sin embargo, esto ha generado demasiado ruido. Se insiste en que López Obrador mantiene nexos con los jerarcas del cártel sinaloense. Y estas presuntas ligas se han ido robusteciendo con otros elementos. Sin embargo, siguen faltando las pruebas fehacientes que demuestren el nexo presidencial con el narcotráfico.

Por ejemplo, tras la liberación de Ovidio Guzmán, los abogados del Cártel de Sinaloa ofrecieron una conferencia de prensa para agradecerle públicamente la liberación de Ovidio. A nombre de la familia Guzmán expresaron tal agradecimiento.

A todo esto se suman las visitas que el Presidente ha hecho a Sinaloa, y en particular a Badiraguato -cuna del cártel sinaloense- a donde nadie puede entrar si los jefes del cártel no dan su consentimiento.

Otro dato: el saludo de López Obrador a la madre de “El Chapo” Guzmán, Consuelo Loera, y la expresión del Presidente respecto de que ya estaba realizando la gestión para que la señora fuera a ver a su hijo a la prisión donde está recluido. Es decir, el Presidente en el papel de gestor.

Y uno más es que a casi tres años del “culiacanazo”, ni la Fiscalía General de la República ni el Poder Judicial se han ocupado del tema Ovidio Guzmán, pese a que existe una orden de aprehensión con fines de extradición en su contra por delitos se persiguen en Estados Unidos y que, hasta ahora, no se ha cumplimentado.

Cuando fungía como Secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Alfonso Durazo -actual Gobernador de Sonora- dijo, después del fallido operativo, que en otro momento se encargarían de cumplimentar la orden de aprehensión contra Ovidio Guzmán. Esto no ha ocurrido, pese a que el hijo de “El Chapo” suele pasearse muy quitado de la pena por varios estados de la República.

Todos estos escenarios dan cuenta que, si bien entre el Presidente López Obrador y el Cártel de Sinaloa no existe una complicidad probada, lo cierto es que son muy claras sus líneas de comunicación- o de entendimiento -aunque, por ahora, desconozcamos con qué finalidad.

Lo que sí llama la atención es que, a partir de esas líneas de entendimiento, el Cártel de Sinaloa se expanda, con una velocidad inusitada, en municipios y estados donde ya gobierna el partido Morena, el mismo que en la pasada elección intermedia fue acusado de lanzar a candidatos a varias gubernaturas -Sinaloa, Michoacán, Tijuana y San Luis Potosí- que presuntamente fueron apoyados por el crimen organizado.

En la más reciente elección, Morena ganó cuatro gubernaturas -Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas y Oaxaca-: es muy probable que, pronto, el Cártel de Sinaloa afinque sus tentáculos en esos territorios, como pasó en Sonora, Baja California, entre otros.

Estos son signos preocupantes que dan cuenta que, desde el Gobierno, se estaría impulsando el proyecto de que un solo grupo criminal, en este caso Sinaloa, sea el que opere el tráfico de drogas y, de esa manera, apostar por pacificar el País. Hasta ahora no hay ningún resultado al respecto.

En México operan poco más de 15 cárteles, con todas sus ramificaciones. Muchos de estos grupos están enfrentados por el control de múltiples negocios, entre otros, la explotación de recursos naturales, el cobro de piso, el tráfico de drogas sintéticas y el huachicoleo.

En tiempos no muy lejanos -estamos hablando de la década de los 90 del siglo pasado- un personaje del Cártel de Juárez que posteriormente militó en el grupo sinaloense -Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”- trabajó por crear en México una suerte de Federación de Narcotraficantes.

Se trataba de un grupo que, a decir de “El Azul”, se proponía manejar todo el negocio en el País y permitir que otros cárteles también operaran sus negocios. Toda una familia del crimen, como operaban en la década de los 70 y 80, cuando se ponderaba el negocio y no se optaba tanto por la beligerancia.

Sin embargo, el proyecto fracasó, entre otras razones, por los desacuerdos entre los grupos criminales. Ya había muchas divisiones entre los capos y cárteles, lo que dificultó concretar aquel viejo anhelo de Esparragoza, uno de los más hábiles negociadores del crimen organizado que extrañamente desapareció del mapa criminal. Se dijo que el narcotraficante falleció tras sufrir un accidente, pero hasta la fecha ninguna autoridad mexicana ni extranjera ha confirmado si está vivo o muerto.

Recientemente dos senadores estadounidenses acusaron a López Obrador de tener nexos con el crimen organizado; el Presidente respondió: “Yo no soy Felipe Calderón”, para luego señalar que son precisamente esos senadores que lo acusan los que reciben dinero de la Asociación Nacional del Rifle para apoyar todo lo que tiene que ver con la expansión del mercado de las armas.

Será muy difícil comprobar si López Obrador tiene pactos con el crimen organizado y en particular con el Cártel de Sinaloa. Lo que hasta ahora ha salido a flote son indicios y muchos comentarios y descalificaciones al respecto.

Lo que sí es muy claro es que, para llegar a la Presidencia de la República, López Obrador debió negociar con todos los grupos políticos. En este contexto también va incluido el crimen organizado. De ser real el pacto que presuntamente tiene con Sinaloa, esto no ocurrió recientemente: es, en todo caso, una vieja negociación que fue considerada como clave para arribar al poder.