Otra vez, la guerra contra las drogas
Tal como se puede leer en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), el gobierno de López Obrador planteó la despenalización de las drogas como parte de un supuesto nuevo paradigma en cuanto a la forma de concebir y enfrentar la inseguridad. Sin embargo, el sexenio marchó en una dirección radicalmente contraria de dicho planteamiento. Pese a su mención, la despenalización las drogas nunca se planteó como una posibilidad seria y la escasa voluntad política a su favor siempre concluyó en iniciativas de ley defectuosas, congeladas en el Congreso (1).
La prometida reformulación del combate a las drogas jamás se materializó en las acciones de las fuerzas de seguridad y, por el contrario, acabó sepultada por una intensificación de la misma lógica punitiva que se proponía desmantelar. Dicho en una frase, la guerra contra las drogas fue, una vez más, el telón de fondo de la fallida estrategia de seguridad del Gobierno federal.
El fracaso del cambio de enfoque es patente en las contradicciones entre lo dicho y lo hecho, entre el planteamiento y el tratamiento del problema. Los informes anuales de la Secretaría de la Defensa Nacional son un buen ejemplo de la prevalencia de un enfoque securitario sobre la política de drogas. En todos ellos, el apartado referente a la seguridad interior estuvo dedicado, en su práctica totalidad, a describir las tareas de erradicación e intercepción de drogas, con todo y que el PND dice que habría que despenalizarlas. En ningún momento se explica, ni se demuestra, la relación o el impacto que estas acciones tienen en la reducción de los índices delictivos; tan sólo se afirma, como desde hace tiempo, que las drogas son uno de los gérmenes de nuestra violencia, y que para hacernos cargo de ella se requiere del Ejército.
No tiene sentido, por la falta de espacio y de tiempo, detenerme en los barruntos sociológicos y políticos que hay detrás de dicha equiparación (2). Lo que importa ahora es tan sólo reconocer sus consecuencias. El discurso de la guerra contra las drogas plantea -y convence a buena parte de la sociedad- que la criminalidad se monta sobre la droga. El resultado de este entendimiento ha sido una legislación que progresivamente equipara a productores, distribuidores y adictos como amenazas; es decir: demerita la salud pública y se enfoca en perseguir y castigar a una “clase criminal narcótica”. En palabras de Claudio Lomnitz, la guerra contra las drogas tiene como condición y consecuencia el nacimiento de un nuevo tipo de Estado, que prioriza el castigo y las medidas de fuerza (3).
En el crepúsculo del gobierno de López Obrador se consolidaron los cimientos necesarios para la fortificación de este nuevo Estado. La estadística oficial muestra un aumento exponencial del narcomenudeo, alcanzando máximos históricos cada cierre de año, y un promedio de 225 casos diarios durante el sexenio. No está claro, sin embargo, que dicho aumento signifique un incremento en el consumo de drogas, o una expansión de las redes de distribución; mucho menos se puede deducir una mayor efectividad de las autoridades en la persecución y procesamiento de este delito.
La legislación penal actual en materia de drogas, así se ha denunciado muchas veces, es restrictiva, inútil para desmantelar a las organizaciones criminales y un factor decisivo detrás de la saturación del sistema penal (4). Los umbrales permitidos para la portación legal de drogas son bajos, por lo que es sumamente sencillo que un simple consumidor sea procesado como un narcomenudista y se enfrente a hasta tres años en prisión. Es decir, tenemos una legislación que criminaliza al consumo simple, que prioriza el castigo carcelario, y que incentiva a las autoridades a no ejercer sus funciones de investigación a fin de demostrar que la persona detenida tenía intención de comerciar o suministrar la droga a terceros.
Es seguro afirmar, aún careciendo de datos y relatos más precisos (5), que una importante cantidad de los detenidos y encarcelados por narcomenudeo en realidad son simples consumidores y no integrantes de grandes estructuras criminales dedicadas al contrabando. Miles de jóvenes, usualmente en contextos marginados, y principalmente consumidores de mariguana, todos los días se enfrentan a un sistema abusivo, propenso a la fabricación de delitos, que los detiene y procesa como criminales (6). La intención de ampliar la prisión preventiva oficiosa para incluir el delito de narcomenudeo, sumado a la aprobación para que militares puedan investigar delitos, concluye el proyecto de un Estado que, al tiempo que refrenda su compromiso con la guerra imposible contra las drogas, aprisiona y castiga sin tapujos a miles de sus habitantes.
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1. Importa recordar, que los lentos avances hacia la regulación de la marihuana durante este sexenio, fueron resultado de procesos judiciales a cargo de la Suprema Corte de Justicia, y no de la voluntad política del legislativo o el ejecutivo. Véase: Alejandro Ravelo y Gerardo Álvarez, “La regulación del cannabis: parálisis por falta de voluntad política”, Nexos, 14 de marzo de 2023.
2. Puede verse: Antonio Escohotado, “La prohibición: principios y consecuencias”, Drogas, hegemonía del cinismo, San Pablo, 1997.
3. Claudio Lomnitz, “México: el tejido roto”, Nexos, 1 de abril de 2021.
4. Véase: Cristina Reyes Ortiz, “Los mitos de la posesión de cannabis: ¿qué pasa si sólo llevo cinco gramos”, Nexos, 18 de junio de 2024.
5. Hay problemas en las cifras de personas privadas de su libertad por el delito de narcomenudeo, que dificultan su confiabilidad. Esto debido a las múltiples clasificaciones que puede recibir el delito: posesión simple, posesión con fines de comercio o suministro, comercio, suministro, etcétera. Véase: Marcela Nochebuena, “Crecen detenciones por posesión de drogas y leyes facilitan violencia en gobierno de AMLO”, Animal Político, 30 de noviembre de 2023.
6. Elementa DDHH, ReverdeSer, Historia de detención por posesión simple: violaciones a los derechos humanos en contra de la población usuaria de drogas en México, México, 2021.