Órganos humanos migrantes

Omar Lizárraga Morales
27 septiembre 2020

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A mediados del presente mes de septiembre, causó indignación internacional las cirugías de esterilización forzada a mujeres migrantes en el centro de detención del condado Irwin, Georgia, en Estados Unidos. Tanto que el Gobierno mexicano emitió una alerta consular para realizar investigaciones y hasta el momento se ha entrevistado ya a veinte presuntamente afectadas con esta práctica.

El secretario de Relaciones Exteriores precisó que aún faltan otras migrantes mexicanas que también habrían sido afectadas por estas prácticas en aquel país, por lo que se continúan con las entrevistas por parte de personal consular.
De ser confirmadas las histerectomías forzadas se trata de una horrible violación a los derechos humanos con tintes genocidas, y el Gobierno mexicano tendrá que exigir una amplia explicación.
Ese tipo de actos nos hace pensar en cuál es la situación de los y las migrantes centroamericanas que por México transitan. Por fortuna nunca se han señalado prácticas de este tipo por parte del Estado, sin embargo una que sí se ha señalado por parte de los mismos migrantes es la extracción de órganos humanos por parte de la delincuencia organizada.
Entre la información de los albergues, se sabe de muchos migrantes desaparecidos, entre ellos numerosos niños, cuyas madres nunca más volvieron a saber de sus hijos. Según el Padre Alejandro Solalinde, muchos de estos desaparecidos son víctimas de tráfico de órganos. El mismo sacerdote ha denunciado el modus operandi de estas bandas: “En Oaxaca se trata de personas que ofrecen un aventón a migrantes y al llegar a una especie de granjas los separan para ser extraídos sus órganos en el quirófano de una clínica privada. En esos mismos sanatorios llevan a cabo trasplantes o trasladaban los órganos a otros destinos. Una vez sacrificadas las víctimas son incineradas para no saberse más de ellas” (Solalinde y Minera, 2017).
Durante el trabajo de campo para una investigación académica que realizamos en la Universidad Autónoma de Sinaloa en el año 2018, tuve una entrevista con dos migrantes de origen hondureño que siendo menores de edad fueron secuestrados en Veracruz, a decir de ellos por el cartel de los Zetas. En su relato me comentaron que uno de ellos logró escapar y al otro lo liberaron, pero fueron testigos de tortura a otros migrantes que tenían secuestrados, incluso vieron cadáveres de personas que tenían en ese lugar.
En otras entrevistas que hice en Mazatlán, algunos migrantes centroamericanos me comentaron que otros delitos de los que son víctimas también en México son la violación sexual y la extracción de órganos humanos.
Sobre éste último, otro migrante hondureño me comentó que, en un viaje previo en el 2014 en Mexicali, Baja California, una mujer mexicana y un guatemalteco se ofrecieron a llevarlos a una casa y darles comida, su compañero de viaje inocentemente accedió a ir, y ya no volvió a saber de él. Las mismas personas aparentemente altruistas, horas después se encontraban persiguiéndolo. Este migrante al cuestionarles a través de una cerca, porqué lo perseguían si no traía dinero, le contestaron: “No traes dinero, pero dentro de tu cuerpo sí que tienes; tu corazón vale un par de millones”.
Mi entrevistado comentó: “Esa es una organización muy grande, acudí por ayuda a la policía y me respondieron que no querían problemas con esa gente, y que mejor me quedara callado y que pidiera mi deportación”.
Por nuestra parte en aquel año solicitamos información a la Procuraduría General de la República (PGR) a través del portal de INFOMEX, información sobre carpetas de investigación sobre este delito, a lo cual esta dependencia me respondió que hay existencia prácticamente nula de averiguaciones, sólo en el año 2016 hubo una denuncia en el estado de Chihuahua.
En cuanto a este terrible delito hay mucho por investigar en nuestro país, pues no podría explicarse sin la complicidad de clínicas y médicos clandestinos, incluso en ambos lados de la frontera internacional.
Es cuanto….
* Consejero Consultivo de la CEDH de Sinaloa
**Doctor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa