Noroeste, otra vez víctima del sectarismo
El Gobierno sigue en su papel de cómplice

Tal vez ni siquiera sea obra de la casualidad que los ataques a medios de comunicación en Sinaloa, o en cualquier otra región de México, siempre acaben sin responsables de cometerlos y que la indiferencia del Gobierno, al ras de la confabulación, forme parte de la intolerancia desde la cual actores políticos intentan acabar con la libertad de expresión. Quizá hasta las arremetidas cibernéticas que sufrió Noroeste el fin de semana estén dentro de las cláusulas negras de la alianza común que integró el Movimiento Regeneración Nacional con el Partido Sinaloense.

Hay muchos “tal vez” y “quizás” que la opinión pública y los organismos promotores de la prensa libre se formularon el domingo y parte del lunes al enterarse que arreció la jornada de ataques contra la versión digital el periódico Noroeste. Se deben a las dudas y sospechas que derivan de la falta de efectividad de las instancias que abren las correspondientes carpetas de investigación que invariablemente se quedan allí, archivadas, mientras los delincuentes crecen en capacidad para limitar al derecho de las audiencias a estar informadas.

Probablemente el mismo gobierno en sus esferas federal, estatal y municipal sea beneficiarios directo o indirecto de los intentos por desacreditar las tribunas y expresiones cuya inamovible aptitud crítica le estorba a quienes desde la cobardía del anonimato, y la omisión de las autoridades en la materia, desearían reinstalar la barbarie de las botas que asfixien las únicas voces que se atreven a exhibir y cuestionar a cacicazgos y mancomunidades de evidente peligro para la civilidad.

A lo mejor las instituciones sí poseen las herramientas de la informática forense, con técnicas científicas y analíticas especializadas en identificar la exacta procedencia de los golpes a las tecnologías de la información y la comunicación, sin embargo, al ubicar y castigar dichos delitos el mismo Gobierno sería hallado culpable de usar o tolerar técnicas que anulan las libertades y revalidan las intransigencias.

De ahí viene otro “posiblemente”. Éste halla sustento en que las alianzas absurdas entre partidos políticos que compiten en el proceso electoral en marcha le apuestan mucho, casi todo, a la perversión en el uso de las redes sociales, caldo de cultivo de la infamia carente de todo filtro de veracidad, y se sienten incómodas con trincheras periodísticas que durante décadas han puesto el profesionalismo y la responsabilidad editoriales al servicio de la sociedad.

Quien sabe, pero las instituciones de procuración e impartición de justicia están dejando pasar los ataques a medios de comunicación en espera de que las agresiones encumbren a eventos irremediables. En la escala del odio los atacantes de Noroeste han llegado demasiado lejos y ello no es más que el anticipo de animadversiones que se acumulan para en cualquier momento pasar a la agresión física directa con inminentes desenlaces letales.

Desde el 5 de octubre de 2020, después de que se registró el primer ataque cibernético contra Noroeste y los portales del noticiero Línea Directa y la revista digital Espejo, directivos de los tres medios presentamos denuncia ante la delegación en Sinaloa de la Fiscalía General de la República logrando la investigación de expertos que acopiaron los elementos que dieron pie a que el caso se enviara a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y fuera integrada la correspondiente carpeta de investigación. A la fecha se desconoce el avance en los casos o si la Feadle resolvió la improcedencia de las quejas.

Y esto abona a que los atacantes continúen y le impriman mayor riesgo a los delitos en que incurren. En la semana anterior a las irrupciones tipo denegación de servicios (DDoS) los mismos atacantes que el domingo intentaron tumbar a como sea la plataforma digital de Noroeste se dedicaron con gran despliegue humano, técnico y económico a pegar calcomanías en Culiacán que señalan al medio de estar “vendido” y le alteraron el logotipo con métodos ruines, tan mezquinos como los financiadores de la campaña cuya pretensión es echar abajo el esfuerzo periodístico digno y lícito, en el nuevo intento fallido de rebajarlo al nivel ignominioso y avieso de los agresores.

Las preguntas, entonces, tienen que ser puntuales antes de que los servidores públicos se vean orillados a expresar el fatídico “lo sentimos”. ¿Qué espera, Presidente Andrés Manuel López Obrador, para detener la escalada facinerosa contra Noroeste y otros medios de comunicación de Sinaloa? ¿Permitirá, Gobernador Quirino Ordaz Coppel, que su período de gobierno cierre con otro atentado a la libertad de expresión, como el que inauguró su gestión el 15 de mayo de 2017 con al asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas?

¿Por qué la Fiscalía General de Sinaloa se cruza de brazos al pretextar que carece de la tecnología que detecte, detenga y castigue a aquellos delincuentes del ciberespacio que adoran el autoelogio y detestan la otra versión fundada en el periodismo protegido por los artículos sexto y séptimo de la Constitución de México? ¿A qué plazo, Fiscal especial Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, habrá el robusto estado de Derecho que salvaguarde y fortalezca el pleno ejercicio del trabajo periodístico en México?

El sectarismo otra vez convoca,

Para restablecer la estupidez,

Mediante la granada en la boca,

De la que nos alertó Javier Valdez.

Horas después de que el Presidente López Obrador declaró a Sinaloa como uno de los estados más seguros del País, se desataron enfrentamientos entre la fuerza pública y grupos de civiles armados en zonas de Culiacán, Choix y Badiraguato. Personal del Sector Salud que se trasladaba al último municipio para recibir la vacuna contra la Covid-19 tuvo que regresarse a la capital sinaloense por miedo a la refriega que se desató en la cabecera badiraguatense. ¿Desafío a la palabra de AMLO?