No es su dinero, es nuestro dinero

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david@bufetealvarez.com

Sin el ánimo de dar una clase de economía política y dejando claro que trato de redactar mis colaboraciones “en español”, para que también entiendan quienes no son abogados, diré brevemente que, pagar impuestos no es malo. Para empezar, pagar impuestos es un deber de todos los mexicanos que está contenido en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal, cuando dice que debemos “contribuir al gasto público”.

A los mexicanos no nos duele pagar impuestos, lo que nos duele y nos indigna, es que ese dinero se use indebidamente y en provecho de los gobernantes en turno, sus achichincles, socios y parientes.
Repito, pagar impuestos no es malo, lo que sí es malo y es una grosería, es que esos impuestos no se vean reflejados en mejores obras y mejores servicios públicos y el dinero se gaste a lo tonto.
Por ejemplo, en algunos países de Europa (Suecia, Suiza, Dinamarca, etc.), la tasa de impuestos es al menos del 50% de todo lo que ganen sus habitantes y empresas y ¡nadie se queja!
Todos pagan sus impuestos encantados de la vida. Pero a cambio, veamos las obras y servicios públicos de esos países. Sus carreteras, sus puentes, sus vías de ferrocarril, sus puertos, sus hospitales, sus servicios de seguridad, sus servicios médicos y servicios educativos no solo de la más alta calidad, sino gratuitos.
Y veamos como los servidores públicos de esos países se gastan el dinero de los impuestos. Sencillamente, es inconcebible que se atrevan a usar el dinero para venirse de viaje a Mazatlán a promover la “Riviera Danesa” o incluso la “Riviera Francesa”. Aquel que lo haga, termina destituido y en la cárcel y rapidito.
En pocas palabras, en esos países el gasto público se lleva a cabo con plena conciencia de que el dinero que se está gastando no es de los gobernantes, sino de los ciudadanos que pagan impuestos.
En cambio, y para no irnos muy lejos, veamos que pasa en nuestra ciudad. El Alcalde y sus corifeos se van de viaje a cada rato y al menor pretexto, sin que esos viajes traigan mayores resultados que los que declaran, pero no prueban.
El dinero que pagamos de impuestos y que llega a las arcas municipales, no es del alcalde, ni del “presidentito”, ni de sus cómplices, es de nosotros, es de quienes pagamos impuestos y tenemos todo el derecho a exigir que no se gasten en caprichos personales, ni en cosas que no tengan un resultado inmediato, real, concreto y obviamente positivo para el municipio.
Por si no lo sabe el Alcalde y el “presidentito”, el artículo 134 de la Constitución Federal, exige que los recursos económicos de los que dispongan los municipios se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
En pocas palabras, no se puede gastar a lo loco y sin lograr resultados. El artículo 134 es muy claro. Cada centavo que gaste el Alcalde debe usarse con eficiencia y eficacia. ¿Dónde está la eficiencia y eficacia en los gastos hechos en todos los viajes del Químico?
Cada centavo que se gaste en los viajes del Alcalde debe cumplir con el requisito de transparencia. ¿Dónde esta la transparencia? Y por transparencia no solo se entiende subir los “comprobantes”, sino informar quien acompañó al Alcalde y las razones por las cuales era necesario que lo acompañaran. ¿Tantos servidores públicos municipales para ir a Madrid? ¿De verdad eran necesarios?
Cada centavo que se gaste en los viajes del Alcalde debe usarse con honradez y, sin eficiencia, eficacia y transparencia, no hay honradez.
Pero, sobre todo, cada centavo que se gaste el Alcalde en sus viajes debe satisfacer los objetivos fijados para ese gasto. Así, para saber si los objetivos de los viajes del alcalde se lograron, este tiene la obligación de informar oficialmente y por escrito cuales eran esos objetivos.
Con ese informe oficial, basta comparar los resultados obtenidos para saber si los gastos cumplen con el requisito constitucional de “satisfacer los objetivos” a los que se destinaron los recursos públicos.
¿Y qué pasa si los gastos en los viajes del Alcalde no cumplen los requisitos exigidos por el artículo 134 constitucional? La respuesta es sencilla, quien autorizó el gasto, quien materialmente lo hizo y quien lo “disfrutó” a nuestras costillas, incurren en responsabilidades administrativas que pueden ser calificadas como faltas graves que llevan a la destitución, inhabilitación, sanción económica y a la obligación de regresar el dinero que se gastaron.
¿Y qué podemos hacer además de enojarnos? Para empezar, mediante una solicitud de acceso a la información, hay que obtener respuestas y documentos con los que se deben cumplir cada uno de los requisitos fijados por el artículo 134 citado. Si no los entregan, la cosa es sencilla, se presume que no cumplieron tales requisitos y a denunciarlos en caliente.
Gastar dinero público sin cumplir con los requisitos constitucionales mencionados, no solo es ilegal, es inmoral. ¿Ya no tienen el menor sentido de la decencia?