Narcotráfico y terrorismo como agenda política

La agenda de seguridad pública y nacional de México marcha al compás de la agenda política de Estados Unidos, con o sin la cooperación de los gobiernos mexicanos.

Su evolución está marcada por diferentes coyunturas que podrían derivar en que la designación de cárteles como terroristas avance, lo que obligará al Gobierno mexicano a tomar definiciones frente a estos grupos criminales; sin embargo, su efecto político podría generar un cisma al interior del partido gobernante.

Un terrible evento que reactivó el debate sobre la designación de los cárteles del narcotráfico como terroristas en Estados Unidos fue la masacre ocurrida el 4 de noviembre de 2019 en Bavispe, Sonora, en la que fallecieron mujeres y menores de edad de la familia LeBaron. Residían en Sonora, pero también contaban con la nacionalidad estadounidense. El análisis y sentencia de este caso en una corte de Nebraska llevó a designar a una organización criminal como terrorista.

Tras este evento, Donald Trump anunció su intención de incluir a estos grupos en la lista de organizaciones terroristas; sin embargo, en un giro extraño que definió la relación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Mandatario norteamericano escribió en un mensaje subido a su red social el 6 de diciembre del 2019 que, “a petición de un hombre que me agrada y respeto, y que ha trabajado tan bien con nosotros, suspenderemos esta designación”.

Este reconocimiento hizo evidente la confianza que había entre ambos y la colaboración para impulsar sus agendas políticas. Apenas unos días después, el 9 de diciembre de 2019, se anunció la detención del ex Secretario de seguridad pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, en el estado de Texas, y es acusado de recibir sobornos multimillonarios para permitir operaciones de narcotráfico del Cártel de Sinaloa.

Otro momento con relación al avance de esta agenda política ocurrió el 21 de septiembre del 2022, cuando el Gobernador de Texas, Greg Abbot, publicó un decreto ejecutivo para declarar a los cárteles mexicanos terroristas extranjeros por la crisis del fentanilo. En esa ocasión envió una carta al Presidente Joe Biden y la Vicepresidenta Kamala Harris, en la que pedía la designación del Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación como organizaciones terroristas extranjeras en virtud de la Sección 219 de la Ley de Inmigración y Ley de Nacionalidad (INA).

Finalmente, el 8 de febrero del 2023, los fiscales generales de los estados de Virginia, Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah y West Virginia, todos gobernados por el Partido Republicano -salvo Kentucky que tiene un Gobernador demócrata, pero con mayoría legislativa republicana, lo que explica el posicionamiento del fiscal del ese estado-, envían una carta al Presidente Biden y al Secretario de Estado, Anthony Blinken, para que tomen las siguientes acciones: reconocer la gravedad de la crisis del fentanilo, clasificarlo como un arma de destrucción masiva para abordar adecuadamente la amenaza que representa, y designar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.

La derrota de los demócratas en la pasada elección presidencial y la operación para extraer de territorio mexicano a uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, detonando una cruenta lucha interna por el control del tráfico, marcaron el fin del sexenio de López Obrador y dejaron un vacío de poder que no será llenado hasta que asuma la Presidencia Donald Trump.

La agenda del crimen organizado y la propuesta de designar como terroristas a los cárteles de las drogas fue claramente un instrumento de campaña electoral que rindió frutos en la pasada elección presidencial en Estados Unidos. Hoy la pregunta es si ésta se traducirá en una acción concreta durante su mandato. No hay que subestimar el hecho de que Donald Trump está intentado adoptar la agenda del terrorismo, como otros presidentes norteamericanos, para alcanzar sus objetivos políticos. A pesar de que en 2019, como sugiere él mismo, fue convencido por el expresidente López Obrador de moderar su estrategia, es probable que esta vez no cambie su postura.

La concesión de Trump hacia Obrador en el 2019 benefició a éste último, pero no pudo ser capitalizada políticamente por él. El avance de su proyecto e incluso la posibilidad de tener un escenario sucesorio favorable, a diferencia del 2020 cuando pierde la reelección con Joe Biden, depende de que logre presentar acciones que pueda capitalizar ante el electorado norteamericano.

El Gobierno mexicano se enfrenta a un escenario para el que no está preparado políticamente, principalmente por las diferencias entre el ex Presidente y su sucesora respecto a la política de seguridad; aún hay dudas sobre si su Secretario de Seguridad cuenta con el respaldo del Ejército y, políticamente, el discurso de Trump alimentará aún más la radicalización del sector obradorista.

Finalmente, los costos de aplicar la fuerza contra el crimen ya son advertidos dentro del sector obradorista, que señala que se verán debilitadas sus bases si se abre un frente contra las organizaciones criminales que operan en el territorio nacional. Toda decisión política implica un análisis de costo/beneficio: si la Presidenta alinea su estrategia con la del Gobierno norteamericano se alejará del obradorismo; si decide mantener la unidad, el costo político lo impondrá Trump impulsando aranceles y medidas económicas costosas para la economía mexicana.

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El autor es Asael Nuche, investigador de Causa en Común @causaencomun

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