Narcopolítica, vieja coartada electoral
Cártel de Sinaloa: medio siglo votando

A la generación que emergió con el segundo milenio se le habla de la narcopolítica en Sinaloa como si la mancomunidad entre gobierno y crimen organizado hubiese apenas irrumpido en la tierra que al ser cuna de grandes capos del narcotráfico es referencia obligada en el tema de producción, diseño y trasiego de drogas. Olvidamos que al menos desde la década de los 60 del Siglo 20 ese vínculo entre la función pública y el poder de facto se fue acentuando hasta llegar al absurdo de fuerzas criminales persistentes en incidir en la orientación del voto para definir gobiernos y las políticas públicas que implementen éstos.

Cada vez que hay procesos electorales para designar Gobernador o Presidente de la República resurge el fantasma del crimen pretendiendo ceñirse la banda presidencial o asumir el control del Poder Ejecutivo Estatal. En contrasentido al debilitamiento ético de regímenes constitucionalmente instalados, la fuerza del narco cobró fuerza y reconocimiento social como aportadora de respuestas que aunque ilegítimas operan en resolver problemas que el Estado no soluciona.

El narcotráfico lleva bastante tiempo votando. Esta región de los once ríos ha cargado con el estigma de la narcopolítica desde el mandato de Antonio Toledo Corro (1981-1986), período en el cual la Drug Enforcement Administration documentó vínculos y tratos entre el entonces Gobernador y Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido en aquel tiempo como zar de las drogas, hasta el sexenio de Mario López Valdez cuando un facción marginal del Cártel de Sinaloa le reclamó a Malova la protección brindada al grupo preponderante de dicha organización.

Los gobiernos en turno han tenido que pactar con el narcotráfico ya sea para beneficiarse de sus incalculables fondos económicos, o para que operen como catalizadores de la violencia cuya acometida y crueldad no puede contener la fuerza pública. Hoy, a la delincuencia organizada el Gobierno le aprovecha la cualidad de ser factor de estabilidad o ingobernabilidad, según convenga, trastornado o pacificando territorios.

Pero antes de que Toledo Corro fundara la larga era de la narcopolítica, en los años 60 Pedro Avilés Pérez había descubierto el fértil Triángulo Dorado del narcotráfico en la confluencia de los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango con la producción de mariguana a gran escala, e inducido la cooptación del gobierno de Leopoldo Sánchez Celis para que desde la cosa pública cobrara bríos Félix Gallardo, quien desde su desempeño como escolta del político instituyó el gran imperio de las drogas en el Pacífico norte.

A Francisco Labastida Ochoa, que en 1987 vino como Gobernador con la propuesta de civilizar a Sinaloa, le armó una celada Enrique Álvarez del Castillo, el entonces Procurador General de la República del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, Presidente de México, para vincularlo con la narcopolítica, la cual tuvo su cénit con el llamado “cuartelazo de Culiacán”, que consistió en que el Ejército tomara las instalaciones de seguridad pública y aprehendiera a los jefes de las policías Municipal y Judicial, Robespierre Lizárraga y Arturo Moreno Espinoza. Quien era comandante de la Novena Zona Militar, el General Jesús Gutiérrez Rebollo, había reportado que ambas corporaciones protegían a narcotraficantes.

Más recientemente, en el gobierno de Juan Millán Lizárraga, quedó al descubierto que la Policía Ministerial del Estado, al mando de Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, le otorgaba labores de seguridad al cártel de los Carillo Fuentes. La evidencia consistió en que el 11 de septiembre de 2004 fue asesinado Rodolfo Carillo Fuentes y que la protección del capo estaba a cargo de Pedro Pérez López, comandante de la PME, derivando de ese hecho que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada abrirá causas penales contra Chuy Toño y ocho jefes de la corporación.

Con Mario López Valdez fueron habituales las narcomantas que lo acusaban de perseguir a una célula criminal del norte del estado y proteger al mismo tiempo a líderes del Cártel de Sinaloa. Esto hizo crisis cuando uno de los guardaespaldas del Gobernador, de nombre Frank Armenta, desapareció en junio de 2013 y desde el cautiverio grabó un video donde señaló a Malova de tener vínculos con el narcotráfico. En agosto del mismo año el escolta apareció muerto en un terreno baldío de Culiacán.

Los señalamientos de narcopolítica han estado en las campañas electorales y ejercicio de la función pública durante más de medio siglo en Sinaloa, sin distingos de partidos, candidatos ni métodos de implicación. Tanto los cotos de poder lícitos o los espurios han necesitado al menos del visto bueno del Cártel de Sinaloa, así sea con el interés del arropo criminal y sus peculios, o bien porque esa cuota de “legitimización” les resulta imprescindible.

Hoy ponen a secar sus viejos trapos,

Y se cubren con límpidos ropajes,

Pretendiendo tapar con albos trajes,

Aquellos negros tratos con los capos.

Siempre será un error táctico el hecho de no asistir a debates políticos cuando se es candidato a puestos de elección popular, ya que el reducido número de electores que presencia tales eventos aburridos y plagados de ataques que prescinden de la propuesta, traducen la ausencia como miedo a dar la cara y hablar de frente, procediendo al veto de las inasistencias a través del voto. ¿Qué tanta preferencia electoral les restará a los candidatos de Morena al Senado, Imelda Castro Castro y Enrique Inzunza Cázarez, la decisión de rechazar la invitación del Instituto Nacional Electoral para ir al segundo debate? Es que en ocasiones este tipo de careos sí determinan victorias o derrotas.

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