Mitos y hechos en el espinoso debate de la sobrerrepresentación
¿Fraude a la Constitución o intento de golpe de Estado técnico? ¿Deriva autoritaria o el mandato de las urnas? En esos términos se ha desarrollado el debate sobre la configuración de la próxima legislatura en la Cámara de Diputados y, específicamente, sobre la manera en la que el Instituto Nacional Electoral debe asignar las diputaciones de Representación Proporcional.
El tema se ha vuelto crucial para la democracia, pues de ello depende si la coalición en el gobierno tiene -o no- la mayoría calificada que le permitiría reformar la Constitución y sacar adelante el polémico “plan C” del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Del lado de la Oposición y de un importante sector de la academia y la opinión publicada se advierte sobre los peligros de que Morena y sus aliados se hagan de una mayoría calificada en la Cámara de Diputados -y un Senado en el que sólo les faltarán tres votos para aprobar reformas constitucionales-.
Del lado del oficialismo se acusa que la Oposición pretende ganar en la mesa lo que no conquistó en las urnas, sugiriendo una nueva interpretación de la Constitución respecto al límite que debe tener la sobrerrepresentación legislativa.
De un lado y otro se exagera y se tuerce un poquito la realidad para acomodar los hechos a una determinada narrativa. Veamos algunos hechos, para entender mejor el espinoso debate de la sobrerrepresentación.
En 2021, el INE consideró el límite del 8 por ciento por partido, no por coalición
El 27 de agosto de 2021, al final de una larga sesión de casi siete horas, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la asignación de diputaciones de Representación Proporcional a los siete partidos políticos que habían participado en los comicios.
Las elecciones de la pandemia dieron como resultado un nuevo equilibrio entre dos coaliciones que se formaron para competir por el poder.
Por un lado, Morena, el Partido Verde y el PT integraron la coalición Sigamos Haciendo Historia, y por el otro, el PAN, PRI y PRD crearon una inédita alianza a la que llamaron Va por México.
Por unanimidad, los 11 integrantes del Consejo General asignaron las diputaciones plurinominales cuidando que ninguno de los partidos sobrepasara el 8 por ciento del límite a la sobrerrepresentación, tal como lo establece el artículo 54 de la Constitución: PAN, 41; PRI, 40; PRD, 8; PT, 7; PVEM, 12; MC, 16; y Morena, 76.
Con esta asignación, más las diputaciones de Mayoría Relativa, la coalición en el gobierno obtuvo 278 curules, que le daban la mayoría absoluta (50 por ciento más uno de la Cámara) y al Presidente López Obrador la posibilidad de seguir decidiendo el Presupuesto de Egresos sin negociar con la Oposición en el resto de su sexenio.
Esto implicó que la coalición oficialista se hiciera con el 55.6 por ciento de la Cámara, habiendo obtenido el 47.8 por ciento de la votación nacional emitida. Su sobrerrepresentación como coalición, fue del 7.8 por ciento respecto de su votación obtenida en las urnas.
La coalición opositora, en cambio, sumó 199 diputaciones, equivalentes al 39.8 por ciento de la Cámara, a pesar de que juntos sumaron 44.3 por ciento de la votación; una subrepresentación del 4.5 por ciento como coalición.
Movimiento Ciudadano, que compitió solo en las elecciones de 2021, obtuvo 23 curules (4.6 por ciento de San Lázaro), y vio disminuido el 7.8 por ciento de la votación que había obtenido en las urnas.
Aquella sesión duró seis horas y 42 minutos, pero en ella no hubo un debate profundo sobre el tema de la sobrerrepresentación de los partidos gobernantes y la subrepresentación de los opositores.
Sólo el consejero Ciro Murayama y la consejera Claudia Zavala hicieron una mención explícita al tema y presentaron votos particulares en el que sugerían otra asignación, que limitaba a la coalición gobernante.
Quizás porque la sobrerrepresentación de la coalición Morena-PVEM-PT se ajustaba -también- al 8 por ciento del límite constitucional que establece la Constitución por partido, el acuerdo por el que se asignaron las curules de Representación Proporcional para la Legislatura 2021-2024 se votó por unanimidad en el INE, entonces presidido por Lorenzo Córdova, quien no hizo mención alguna al tema en las dos intervenciones que tuvo cuando se discutió el punto.
Tres años antes, la asignación de diputaciones de Representación Proporcional también fue votada por unanimidad, por un Consejo General igualmente presidido por Lorenzo Córdova y con Ciro Murayama como su principal aliado en la “herradura de la democracia”.
En esa ocasión, la asignación fue aún más favorable para la coalición lopezobradorista, entonces integrada por Morena, el PT y el Partido Encuentro Social.
A Morena le correspondieron 85 diputaciones de Representación Proporcional; 3 al PT y cero al PES, que no alcanzó el 3 por ciento de los votos, necesarios para conservar el registro como partido político nacional y tener derecho a plurinominales. Sin embargo, al PES le correspondían 56 diputaciones de Mayoría Relativa, correspondientes al número de distritos ganados por la coalición Juntos Haremos Historia en los que dicho partido encabezaba la candidatura. Al PT le correspondían 58 diputaciones de Mayoría Relativa, y a Morena 106.
De esta forma, la coalición que también había ganado la Presidencia de a República pudo hacerse con 308 diputaciones (61.6 por ciento de la Cámara de Diputados), con una votación total de 45.4 por ciento, es decir, tuvo una sobrerrepresentación de 16.19 por ciento, esto es 8.19 por ciento más del límite constitucional que, de igual manera, el INE aplicó en la asignación por partido político, no por alianza.
La coalición PRI-PVEM-PANAL obtuvo 63 curules (12.6 por ciento de la Cámara), con una votación total del 26.22 por ciento; es decir, estuvo subrepresentada en un 13.6 por ciento.
Y la coalición PAN, PRD, MC obtuvo 129 curules (25.8 por ciento de la Cámara), con una votación total de 30.62 por ciento; es decir, estuvo subrepresentada en un 4.82 por ciento.
Al instalarse la Legislatura, en septiembre de 2018, Morena dejó ver su artimaña: 25 diputados del PES y 19 del PT se fueron a Morena, y así el partido pasó de 191 a 247 curules. Días después, cinco diputados del PVEM se cambiaron de partido y le dieron a Morena la mayoría absoluta en San Lázaro.
El engaño fue analizado un año después por el consejero Ciro Murayama, en un artículo publicado en la revista Nexos y difundido también en el sitio oficial del INE, titulado “La captura del Congreso por Morena”.
En los hechos, ahí nació la cruzada de Murayama en contra de la sobrerrepresentación excesiva, que hoy se ha convertido en la causa, no sólo de él y de Lorenzo Córdova, sino de otros ex presidentes del IFE, exconsejeros y ex magistrados electorales, especialistas en Derecho Constitucional y comentaristas que se oponen a que Morena y aliados tengan una mayoría calificada que les permitiría reformar a su antojo la Constitución en la próxima legislatura.
En este año, la integración de la LXVI Legislatura ha reabierto el debate por la sobrerrepresentación a partir de las primeras proyecciones que se tuvieron con los resultados electorales preliminares, los Cómputos Distritales y los Conteos Rápidos del INE.
Lo primero que hay que decir es que no fue la Secretaría de Gobernación, sino el INE, la institución que dio números en los que Morena y sus aliados se hacían con la mayoría calificada (dos terceras partes) de la próxima Cámara.
El Comité Técnico de los Conteos Rápidos (Cotecora), cuyos resultados fueron leídos por la consejera presidenta Guadalupe Taddei la noche del 2 de junio, establecieron que, en un rango mínimo, Morena obtendría 233 diputaciones, el PVEM 67 y el PT 46, para un total de 346 como coalición. En su límite superior, Morena obtendría 251, PVEM 77 y PT 52, que sumarían 379 en alianza.
Es decir, en cualquiera de los dos escenarios del Conteo Rápido del INE (muy defendido por los exconsejeros electorales), la coalición oficialista tendría una mayoría calificada sobrada.
Y es que los cálculos del Cotecora se hicieron asignando las curules con un límite de 8 por ciento máximo de sobrerrepresentación por partido, como establece la Constitución y como se estipula en un acuerdo aprobado el 7 de diciembre de 2023 por el Consejo General del INE.
De hecho, la consejera Taddei -y el INE en un comunicado oficial– han adelantado que la asignación -prevista para el 23 de agosto- se hará con base en dicho acuerdo, y no con la nueva interpretación (aplicando el límite del 8 por ciento por coalición) sugerida por la oposición, los exconsejeros y los especialistas.
Algo que ha levantado ámpula es que la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, haya presentado proyecciones de cómo quedarían las dos Cámaras del Congreso de la Unión, en las que se anticipa el reparto de plurinominales y las mayorías de la coalición gobernante, absoluta en el Senado y calificada en la Cámara de Diputados.
Los números de Alcalde señalan que Morena tendría 248 diputados, el PVEM 75 y el PT 50, para un total de 373 como coalición legislativa. Cifras que se encuentran dentro de los rangos mínimo y máximo calculados en los Conteos Rápidos del INE.
Cifras que se ajustan a las dos reglas del artículo 54: “ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios” y “en ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”.
Pero en la interpretación de críticos y opositores a la sobrerrepresentación excesiva del oficialismo en la próxima Legislatura, las mismas cifras indican que la coalición Morena-PVEM-PT tendrá el 74.6 por ciento de la Cámara, siendo que la suma de la votación de los tres partidos es de 58.3 por ciento; es decir, si se tomara la sobrerrepresentación por coalición ésta es del 16.3 por ciento, lo doble del límite constitucional.
Ahí está el meollo del asunto, la manzana de la discordia y la clave para entender la trascendencia de la decisión que deben tomar las seis consejeras y cinco consejeros del INE.
Luisa María Alcalde se ha convertido en la vocera de la defensa de los números del oficialismo, y la encargada de explicar cada miércoles, en las mañaneras, qué es y cómo está reglamentada la sobrerrepresentación.
Ha sido ruda en sus comentarios, acusando “mentiras e hipocresía” de la comentocracia y la Oposición por querer que se haga una interpretación alternativa (histórica y teleológica) de lo que textualmente dice el artículo 54. Pero en ningún momento ha pretendido suplantar a la autoridad electoral, que tendrá la facultad exclusiva de asignar las plurinominales a más tardar el próximo 23 de agosto.
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