México y el deterioro de la democracia latinoamericana

Imaginen una sala de hospital en la que convalecen más de 20 pacientes. Algunos de ellos están en terapia intensiva, con apenas ya algunos signos vitales; otros están en cama, con graves deterioros en su salud; unos más comienzan a sufrir algunos síntomas y, finalmente, hay unos que no se dan cuenta -o se niegan a darse cuenta- de que ya padecen alguna enfermedad.

La metáfora permite visualizar el estado actual de la democracia en América Latina, una región que desde hace una década presenta un continuo declive de los principios democráticos: estado de derecho, representación, derechos y participación.

El Informe Global sobre el Estado de la Democracia de IDEA Internacional señala que, por octavo año consecutivo, América Latina tiene más países que presentan retrocesos en su desarrollo democrático, que países con una mejoría.

“En los últimos años, líderes electos en las Américas han erosionado la democracia, y las instituciones estatales se han utilizado para legitimar restricciones a los derechos, el espacio cívico y la competencia electoral. En una región donde el compromiso cívico ha sido fundamental para llevar a cabo el cambio, las restricciones a la participación de la sociedad civil son particularmente preocupantes”, alerta el informe.

En torno a estas preocupaciones, IDEA Internacional congregó a alrededor de 80 académicos, autoridades electorales, representantes de la sociedad civil, periodistas y actores políticos para un diálogo que buscaba respuestas a una pregunta crucial: ¿cómo frenar los retrocesos democráticos en América Latina?

El diálogo, celebrado los pasados 4 y 5 de octubre en La Antigua, Guatemala, tuvo como invitados especiales a la ex Presidenta de Chile, Michelle Bachelet; Guillermo Solís, ex Presidente de Costa Rica, y Francisco Sagasti, ex Presidente de Perú. Pero a diferencia de la mayoría de este tipo de encuentros, en éste se dijeron tantas cosas interesantes en las mesas de trabajo como en las conferencias magistrales.

La metáfora de los países con distintos grados de enfermedad en sus sistemas democráticos fue sólo una de las muchas ideas que se discutieron en Guatemala.

Además de la alerta por los casos más graves (Venezuela, Nicaragua, Cuba y El Salvador), hay varias preocupaciones compartidas por países que habían venido fortaleciendo su democracia en las últimas décadas: Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Paraguay, Perú, Ecuador y México.

Las mejores democracias no están exentas de problemáticas como el de la cooptación o instrumentalización del Poder Judicial, cambios en el sistema electoral que inclinan la cancha en favor de los gobiernos, el debilitamiento de la oposición, la introducción de instrumentos de democracia participativa que no fortalecen sino debilitan a la propia democracia, la captura de instituciones y el debilitamiento de los contrapesos, el traspaso de funciones esenciales de instituciones autónomas a instituciones capturadas, el uso de la justicia para perseguir a opositores, la ampliación del poder del Ejecutivo y la reducción del espacio cívico.

El acotamiento de la sociedad civil, el acoso y censura a la prensa crítica que investiga casos de corrupción y el uso de diversas estrategias para difundir, alentar e imponer narrativas populistas son otros síntomas compartidos por diversos países.

En una región donde persisten las desigualdades, los Estados no son capaces de llegar a todos los territorios y con una cada vez más fuerte presencia del crimen organizado, los problemas de la democracia se agudizan.

Nuestro país vive una situación paradójica.

Por un lado, todo el mundo, o al menos la región, reconoce y celebra la elección de la primera mujer en la Presidencia. Es un avance innegable en una de las principales agendas de la democracia en los últimos años: la paridad y el empoderamiento de las mujeres. México, y la región en general, es uno de los lugares en el mundo en los que más espacios políticos son ocupados por mujeres.

Pero, en el lado menos luminoso de lo que ocurre en el País, la agenda que están instrumentando la Presidenta Claudia Sheinbaum y su mayoría legislativa desde septiembre, cuando inició la nueva Legislatura, no tiene como destino una mejor democracia.

El “plan C” es visto con preocupación en toda la región: la reforma judicial no es percibida como un avance en la democratización del País, en contra de lo que se dice desde el oficialismo; la militarización de la Guardia Nacional tampoco apunta hacia una mejora en materia de derechos humanos y coloca a México en la lista de países en los que -en aras de mejorar la seguridad- se adoptan medidas que podrían limitar los derechos de las personas; la anunciada reforma político electoral, con la eliminación de la Representación Proporcional, la no reelección en cargos legislativos y municipales, y los cambios que se pretenden en el Instituto Nacional Electoral, tampoco son buenas noticias.

La eliminación de los organismos autónomos constitucionales, y el hecho de que se absorban sus funciones por áreas del Gobierno federal, colocará a México en un franco retroceso. Y ésa es la próxima reforma en la agenda de los coordinadores parlamentarios de Morena, Ricardo Monreal y Adán Augusto López.

El “plan C” en su conjunto, ideado por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador y justificado en el discurso de que eso llevará a México “a una auténtica democracia”, es en realidad una agenda legislativa que trastocará para siempre el sistema de justicia, el sistema de partidos políticos, el sistema electoral y el sistema de contrapesos democráticos.

Por lo visto en las primeras semanas de su administración, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido adoptar íntegramente la agenda heredada por su antecesor. No hay señales de que vaya a desistir en ello, o a corregir el rumbo. Y tampoco están a la vista nuevas iniciativas o nuevas ideas del gobierno que inicia.

La permanencia de las formas, las decisiones, los discursos, e incluso las palabras textuales del pasado sexenio, tampoco son un buen augurio.

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