Los puntos ciegos del accidente carretero
Acciones creíbles y de voluntad previsora

Van a correr muy lentos los peritajes y la determinación de indemnizaciones a lesionados y familiares de las personas fallecidas en el accidente carretero del 30 de enero, aunque los trabajos paralelos que pueden ir más aprisa son los que realicen autoridades estatales y federales al menos con enfoque de prevención, si es que el juego de intereses no obstaculiza la acción de la ley. Es que arde a grado calcinante la exigencia ciudadana por frenar las desidias y canonjías que corren a gran velocidad por las autopistas de Sinaloa.

En pocas horas, menos de 24, la opinión pública sinaloense pareció transitar demasiado rápido del abatimiento a la normalización del infortunio, bajo la mentalidad de siempre, donde la desdicha de unos cuantos deja de ser sentimiento colectivo de pérdida mientras el sufrimiento no entre a los hogares de los aún indemnes. Ni modo, así somos; la fatalidad seguida por las ausencias de justicia y solidaridad cívica acabó corroyendo la capacidad de asombro.

Sin ánimo de construir culpables y sí de edificar respuestas, en el abordamiento del percance del autobús que impactó contra un tráiler, escalando ayer a 22 el número de decesos, resaltemos las demandas que desde la gente saltan a la palestra pública. Lacera el hecho de tratarse de personas de bien que les confiaron su seguridad a los operadores de las carreteras de paga y creyeron transportase a sus destinos en circunstancias idóneas, con unidades, choferes y condiciones mecánicas a prueba de fallos.

Vendrán complejidades tal vez hasta irresolubles en lo que corresponde a definir la afinidad parental entre las víctimas letales y sus familias debido a que en algunas se dificultará la verificación genética por la incineración durante demasiado tiempo. Aquí juega en contra la desesperación de familiares que al no tener la certeza del deceso de los suyos hasta los buscan en calidad de desaparecidos.

También será complejo definir si por el mal estado de la Maxipista alguno o los dos vehículos, el camión de carga y el autobús de pasajeros, sufrieron desperfectos que desencadenaron el encontronazo, lo cual está sujeto a los informes que rinda la División Caminos de la Guardia Nacional que por cierto se encuentra cuestionada sobre si fue correcta o negligente su intervención en el evento trágico. ¿Llegó oportunamente e hizo lo adecuado para rescatar a pasajeros y tripulantes? ¿Los peritajes traerán el espíritu protector de las víctimas y alejamiento de los intereses de las empresas inherentes al accidente carretero?

Pero la celeridad que se le exigirá al Gobierno del Estado tiene que ver con la supervisión del tendido carretero permisionado a la empresa Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina y la capacidad logística de ésta para brindar ayuda oportuna en situaciones de suma gravedad. Desde el punto de vista de los usuarios, se les cobran cuotas que no corresponden a los malos servicios que reciben y ya es mucho decir que cada vez son más los sinaloenses que deciden viajar por la carretera libre con todos los riesgos que significa en vez de movilizarse por autopistas de paga con iguales o peores peligros.

El Gobierno de Sinaloa puede ir rápido en hacer valer las disposiciones en cuanto al traslado de personas. Obligar a cumplir las reglas de registro de pasajeros y que los viajeros que abordan en puntos intermedios queden debidamente identificables. Ponerle mayor rigor al cumplimiento de normas federales y estatales del transporte en lo concerniente a control de velocidad y del estado físico y de salud de los choferes. Lograr que los mecanismos resarcitorios sean ágiles sin que le agreguen carga burocrática al de por sí agobiante peso emocional.

En resumen, mientras se espera con suma paciencia que la Fiscalía General del Estado, Guardia Nacional sección Caminos, y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes clarifiquen desde sus competencias los intersticios de la tragedia, a funcionarios e instituciones de Sinaloa se les apremia a intervenir a marchas forzadas y con eficacia en reducir o eliminar cualquier factor que implique transitar en carreteras con la vida en vilo.

Dígase lo que se diga, o hágase lo que se haga, nada ni nadie les puede devolver la vida a los 22 ocupantes del camión número 502 de la línea Autotransportes del Norte de Sinaloa. Y si sucede que la desgracia masiva abra algunas puertas de oportunidad éstas serían las de la prevención, orden y sanción que vayan siempre más adelante que las vertiginosas causas que enlutan hogares y conmocionan a la sociedad.

Sin descartar la eventualidad de que suceda lo otro, que consiste en la táctica de “muerto el niño, a tapar el pozo” a la que seguramente le apostarán los presuntos responsables como salvoconducto de impunidad.

No aparece en el escombro,

De la tragedia en carretera,

Nuestra capacidad de asombro,

Que ojalá reapareciera.

En otro tipo de choques no tan trágicos y cada vez de menor interés para la gente, el ex Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, volvió a estrellarse contra el muro de la justicia al refrendarle el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito que no puede ser reinstalado en el cargo del que fue destituido por presuntos desempeño irregular de la función pública. Pero tozudo que es se niega a entender que terminó su ciclo como Presidente Municipal y continuará como persistente nómada de juzgados, curules y oficinas de Gobierno. Alguien debería arroparlo, aunque sea con una candidatura para él, cualquiera, para que deje de ser parte de la indigencia política. ¿Se animarán el PRI, PAN, PAS o ya perdida el PRD?

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