Los posibles móviles políticos en los asesinatos de periodistas

Los asesinatos de periodistas no pueden desvincularse del contexto político. Se asume que las personas periodistas son asesinadas por el crimen organizado. Efectivamente, si centramos la mirada en quienes jalan el gatillo (autores materiales) podemos concluir eso; pero cuando dirigimos la mirada a nivel de autoría intelectual, las fronteras entre política y criminalidad son difusas.

En los últimos días se ha llegado al extremo de simplificar la ola de asesinatos contra periodistas como una estrategia de desestabilización encarrilada por el “viejo régimen”/”la derecha” y grupos criminales. La realidad es más compleja y el simplismo no abona al análisis y solución de la grave problemática, sobre todo porque no hay la mínima evidencia de estas afirmaciones.

Desde la celebración de las elecciones intermedias en junio de 2021 y la posterior toma de posesión de nuevos gobiernos, se han asesinado a 12 periodistas en diferentes estados del país. El asesinato de Benjamín Morales en Sonora ocurrió en mayo de 2021, un mes antes de las elecciones. En algunos casos, previo a los asesinatos, sí había señalamientos directos de las víctimas contra actores políticos; en otros contra fuerzas de seguridad municipal; y en algunos contra grupos criminales actuando por sí solos o en contubernio con autoridades.

De los seis periodistas asesinados en posible vínculo con su labor durante el 2022, cuatro ocurrieron en estados con nuevos gobiernos estatales.[1] Así fue en los casos de Margarito Martínez y Lourdes Maldonado (Tijuana, Baja California); Roberto Toledo (Zitácuaro, Michoacán) y Juan Carlos Muñiz (Fresnillo, Zacatecas). Durante 2021, de los seis asesinatos ocurridos después de las elecciones, dos se ubicaron en estados con gobernadores recién electos. Es el caso de Ricardo López (Guaymas, Sonora) y Alfredo Cardoso (Acapulco, Guerrero). Además, se renovaron los respectivos gobiernos municipales donde ocurrieron las agresiones letales en prácticamente todos los casos mencionados.

Pero además, también se renovaron ayuntamientos en Salina Cruz (Oaxaca), Ixtaczoquitlán (Veracruz), Puerto de Veracruz (Veracruz), San Cristóbal de las Casas (Chiapas) y Santo Domingo Tehuantepec (Oaxaca), donde fueron asesinados Heber López, Jacinto Flores, José Luis Gamboa, Fredy López y Gustavo Sánchez Cabrera, respectivamente.

Lo que puede inferirse, como contexto mínimo indispensable, es que la reconfiguración del mapa político a nivel local tiene consecuencias sobre las alianzas y complicidades con los grupos criminales que se disputan los territorios y esto, a su vez, tiene repercusiones en cómo se desenvuelve/desarrolla la violencia a nivel local. Es decir los cambios en la política se imbrican en un contexto de criminalidad que determinan las oleadas de violencia porque cambian las reglas del juego.

Ahora bien, las coberturas previas al asesinato de Heber, Fredy, Gustavo y Roberto estaban relacionadas con actores políticos locales. De hecho, Heber López y Gustavo Sánchez habían sufrido atentados con anterioridad, señalando a personas vinculadas con dichos políticos como perpetradores de estas agresiones físicas que en realidad fueron un aviso de lo que tristemente estaría por venir. En el caso de Fredy López, señaló al Alcalde de San Cristóbal de las Casas, Chiapas -electo ese año y con pocos días de haber asumido- de estar vinculado con grupos criminales que asediaban la ciudad. Por su parte, el medio Monitor Michoacán, al cual pertenecía Roberto Toledo, había señalado los vínculos delincuenciales de autoridades locales y amenazas. Benjamín Morales también había recibido amenazas previas y no cubría temas de seguridad, sino de política.

Lourdes Maldonado sostenía un litigio laboral contra el ex Gobernador de Baja California Jaime Bonilla, quien es dueño de medios de comunicación en la entidad. Dicho litigio lo ganó la periodista después de nueve años y señaló días antes de su asesinato que embargaría la empresa de comunicación PSN y daría cuenta de la evasión fiscal en la que incurría el político. En el caso de Jacinto Romero Flores, tres meses después del homicidio la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a tres personas, entre ellas a un regidor recién electo en 2021.

En otros casos, elementos de seguridad pública han sido identificados como responsables de los crímenes. Aunque no se trata directamente de autoridades políticas, dichos elementos de seguridad también forman parte de los antecedentes de agresión contra comunicadores asesinados. Al final la falta de rendición de cuentas de los integrantes de estas corporaciones sí es responsabilidad de los políticos en el poder y su negligencia habilitó que la violencia escalara.

Ricardo López había sido víctima de múltiples agresiones digitales y de desplazamiento interno forzado derivado del riesgo en el que estaba. Antes de su muerte señaló al director de Seguridad Pública municipal de iniciar una campaña de desprestigio en su contra. En el caso de Saúl Tijerina, se documentaron agresiones físicas y verbales, además de amenazas a periodistas y colegas de la zona, por parte de elementos policiacos municipales a principios de 2021.

Una vez más hay que decirlo. La falta de investigaciones diligentes, objetivas, imparciales y exhaustivas no permitirán conocer la verdad ni alcanzar la justicia en todos los asesinatos. Pero bien se haría en analizar mínimamente los contextos políticos y las relaciones de poder (formales y fácticas) que eran parte de la cobertura de las víctimas y dieron pie a la forma de censura más brutal y extrema. Exonerar desde la palestra pública a los actores políticos posiblemente involucrados es irresponsable porque no abona a revertir la impunidad casi absoluta que impera en estos crímenes.

[1] Artículo 19 continúa documentando el caso de Jorge Luis Camero en Sonora para confirmar o descartar posibles indicios que vinculen el asesinato con su labor