Los nuevos inquilinos del Palacio
Municipal enseñando el cobre

La semana pasada se llevó a cabo una sesión extraordinaria del Cabildo de Mazatlán, con la finalidad de echar para atrás modificaciones al Reglamento de Gobierno del Ayuntamiento que se hicieron en la administración pasada, que tienen que ver con los derechos humanos a la transparencia y acceso a la información de los mazatlecos.

Entre otras cosas, se echó para atrás la obligación de las comisiones de regidores de transmitir públicamente las sesiones de dichas comisiones para que los ciudadanos se puedan enterar del trabajo de las comisiones, de los dictámenes que aprueben y pudieran participar en esas sesiones si algún ciudadano consideraba que un dictamen podía afectar sus derechos.

Igualmente se echó para abajo el derecho de los ciudadanos de participar en las sesiones de cabildo cuando algún punto de la orden del día de esas sesiones pudiera afectar sus derechos o fuera de interés para el ciudadano.

En pocas palabras, en la sesión extraordinaria del cabildo de la semana pasada se eliminó el derecho de acceso a la información y el derecho de transparencia en la función pública que tenemos todos los mazatlecos, para regresar a manejar todo en lo oscurito.

Como en toda administración municipal, por desgracia, surgen personajes que se creen “presidentitos” y a quienes obviamente les da miedo actuar con transparencia en el ejercicio del servicio público.

Estos personajes siempre buscan cómo entorpecer o eliminar los derechos de los ciudadanos y de los organismos de la sociedad civil que pueden vigilar su desempeño, como el Observatorio Ciudadano de Mazatlán.

Algunas cámaras locales, en apoyo a la postura del Observatorio Ciudadano, se pronunciaron inicialmente en contra las modificaciones al reglamento que mencioné, pero, patética y vergonzosamente, después de que desde el Ayuntamiento los “convencieron”, se rajaron y apoyaron públicamente las modificaciones.

En lo personal y por experiencia propia, siempre he sostenido que las cámaras empresariales no sirven para nada y sólo les interesa apoyar los intereses económicos de unos cuantos, y son sumisas al poder político, así que no me sorprende para nada lo que acaban de hacer.

Obviamente que el Observatorio Ciudadano combatirá en tribunales la modificación al reglamento de Gobierno municipal que les vengo platicando y, en su caso, presentará las denuncias por faltas administrativas y denuncias penales que correspondan contra todos los que votaron a favor esas modificaciones, simple y sencillamente porque ese es el principal objeto social del Observatorio Ciudadano, esto es, vigilar la actuación del gobierno municipal y de los servidores públicos que lo integran para detectar casos de corrupción que se incrementan cuando no hay mecanismos que garanticen los derechos de acceso a la información y transparencia de la función pública.

Como quien dice, los integrantes del Cabildo acaban de enseñar el cobre y de quitarse las máscaras, pues lo que menos les interesa es que los ciudadanos tengan acceso a la información y puedan vigilar de cerca a los servidores públicos.

Salvo honrosas excepciones, los servidores públicos le tienen pavor al ejercicio de los derechos de información y transparencia en el ejercicio de la función pública, porque a través de ellos se han descubierto muchos actos de corrupción.

Por eso la eliminación del INAI y de la CEAIPES que eran los organismos encargados, a nivel federal, estatal y municipal, de garantizar los derechos mencionados.

Lo que acaba de hacer el Cabildo es preparar el terreno para otras reformas legales que obstaculicen o eliminen la posibilidad de que los ciudadanos y los organismos de la sociedad civil vigilen el trabajo del Cabildo y sus regidores, para empezar a hacer negocio desde sus puestos o, dicho en otras palabras, para empezar a robarse el dinero público.

Y ya envalentonados en el Ayuntamiento con la sumisión perversa de algunas cámaras empresariales, que un día reprochan la reforma y al día siguiente la apoyan, nos toca a los ciudadanos y a organismos como el Observatorio Ciudadano combatir en tribunales esos actos ilegales para no permitir violaciones a derechos humanos ni actos de corrupción.

A nivel federal, estatal y municipal, no cabe duda de que, como dijera el General Marcelino García Barragán, el poder marea a los inteligentes y vuelve locos a los pendejos.