Los ‘culpables’ de la incompetencia

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Rafael Morgan Ríos

cp_rafaelmorgan@hotmail.com

Un pretexto muy socorrido por el Presidente López Obrador, es el de buscar, encontrar y acusar públicamente a algún “chivo expiatorio” por los problemas que se han complicado, que ha tardado en solucionar o que de plano, simplemente ya no pudo solucionarlos. La “víctima propiciatoria” preferida son los “gobiernos neo-liberales y corruptos” anteriores, si bien con una curiosa incongruencia, todo se le carga a los regímenes de Felipe Calderón y de Vicente Fox, sin mencionar para nada a Peña Nieto y muy poco a Salinas, a pesar de que la gran mayoría de los funcionarios acusados de corrupción son del tiempo de Peña Nieto, con el que pareciera que hubo un “pacto de no agresión” para que no obstruyera la llegada del tabasqueño a la Presidencia y que le quitara del medio a Ricardo Anaya.

Otro caso en el que se acusa a otro de las propias incompetencias, es el de la falta de surtido de medicinas en el sector salud, pues en momentos en que el gobierno se vio acorralado ante las múltiples protestas de los pacientes de cáncer, de VIH, de diabetes, etc.., encontraron al culpable: “hay sabotaje”, pero sin decir de quién, si de las instituciones, de los médicos, de los laboratorios, de las distribuidoras, o de los hospitales y clínicas o, en último caso, de los funcionarios de la Secretaría de Salud. Lo cierto es que el desorden en las existencias de medicamentos lo inició la Oficial Mayor de la SHCP, cuyo encargo presidencial evidentemente fue bajar los costos al máximo ajustando a las empresas productoras y distribuidoras, bajando precios, bajando cantidad y bajando calidad. Aunque se obtuvieron ahorros, no se pudieron surtir los medicamentos, tanto porque los precios autorizados no eran costeables para las empresas, como porque el complejo sistema de distribución de millones de cajas y frascos de medicamentos, así como que llegaran a tiempo a hospitales, clínicas y unidades médicas, fue prácticamente desmontado por las autoridades hacendarias; todo ello causó desabasto en tiempo y cantidad, agravando la salud de enfermos y, en algunos casos, hasta su deceso, cifra que nunca se sabrá.

Algo parecido está pasando con la implementación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), con el que se pretende sustituir al Seguro Popular, lo que se está realizando con una ineptitud rayando en el exceso: se eliminaron sistemas, procedimientos, registros de beneficiarios y reglas de operación del Seguro Popular; se introduce la nueva institución no sólo sin orden ni reglamentación, sino además con instrucciones contradictorias tales como: los servicios de salud no se deben cobrar; se pretende establecer el servicio público de salud universal, incluyendo al IMSS, al ISSSTE y a otros institutos especializados; todos deben recibir a cualquier enfermo, con o sin registro y sin cobrar, aunque sean servicios de tercer nivel, es decir, intervenciones quirúrgicas y hospitalización; todo esto se oye muy bien, pero al Presidente se le olvidó asignar recursos para solventar estos gastos y aunque se habla de un presupuesto de 40 mil millones de pesos, estos de ninguna manera son suficientes para el “sueño” del servicio universal gratuito de salud que pocos países han logrado, con excepción de algunos países pequeños del norte de Europa. Algo que parecía estar funcionando medianamente bien, fue desmontado y sustituido por una “idea”, pero no con una institución organizada y preparada para proporcionar siquiera un servicio similar. Aquí también los culpables son los grupos conservadores que están defendiendo sus cotos de poder y económicos, apoyados por la prensa.

Como responde el Presidente que él tiene otros datos, sería bueno que un buen día, sin comunicarlo, asistiera a un hospital o a un área de emergencias del IMSS para que constate la aglomeración de pacientes sin atención inmediata, sin camilla, sin cama; los enfermos delicados los “acomodan” en una silla de ruedas o en una banca del pasillo, sin que se les proporcionen los medicamentos oportunos y necesarios, y estamos hablando de más de 52 millones de derechohabientes; el propio IMSS reconoció que se calcula que se requieren inversiones de más de 18 mil millones de pesos para equipo e instrumental médico ya obsoleto.

Queda una pregunta por contestar; si el servicio público de salud debe ser gratuito, ¿en qué situación quedan las cuotas obrero patronales que se enteran al IMSS y al ISSSTE? ¿Se les van a condonar? ¿O a unos sí se les cobrará y a otros no? En cuyo caso ya no sería gratuito para todos.