Los agravios

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Cada vez está más clara la naturaleza de este Gobierno. A dos años de que López Obrador llegara al poder ya no queda duda de que nos enfrentamos a un gobierno de clara vocación autoritaria, enemigo de las libertades y la pluralidad democrática. Un gobierno, además, incapaz de rectificar, sordo y ciego ante las evidencias que la realidad le presenta. En este sentido, es un gobierno profundamente incapaz de ser Gobierno, salvo como una representación donde López Obrador se imagina como un héroe de la patria y a su sexenio como a una gesta: no son los hechos y agravios del presente, las molestas contingencias que no entiende ni acepta como una pandemia, los que determinan su actuación, sino los agravios de la historia. Más que un gobierno, el de López Obrador es un discurso que busca el resarcimiento simbólico del agravio, real o imaginario, de esa entelequia llamada “pueblo”. Una historia donde él determina de manera inevitablemente facciosa, desde su podio matutino, quiénes son sus enemigos (cualquiera que se oponga o critique a su proyecto) y que serán denigrados como “conservadores”, es decir, enemigos de la patria. No importa si son periodistas, escritores, víctimas, feministas, defensores de derechos humanos, científicos. No importa tampoco, que sean o no sean conservadores, sino desacreditarlos como ciudadanos con derechos y es que ¿puede un “traidor” tener derechos? No, ellos no son parte del “pueblo”, son excrecencias del pasado que hay que combatir con el dedo flamígero y si es necesario, insultar “hampa de la prensa”, “pasquín inmundo”.

No es extraño, pues, que desde que los juicios de las mañaneras empezaron se haya creado un clima de linchamiento donde cualquiera puede ser vapuleado por el poder impunemente, como si fuera normal que el Presidente ataque a ciudadanos desde su tribuna en un claro abuso de poder. De la normalización de este abuso, y del desprecio por las instituciones de justicia, encargadas de sancionar, surge la consulta sobre el juicio a expresidentes que está llamado a ser una simulación de justicia, una manipulación de corte catártico, una forma de circo no muy distinta a la “justicia” que ha sufrido el avión presidencial que yace estacionado en un hangar mientras se simula que significará algún tipo de ganancia y no de pérdida, como en realidad está sucediendo con todo el grotesco embrollo de una rifa que no fue rifa que fue lotería que el propio Gobierno compró para crear la simulación humillante de que atiende las urgencias económicas del sector salud. El tono de bufonada puede llevar incluso a la risa, pero en realidad es un síntoma muy elocuente y trágico de nuestra situación, donde el Gobierno no puede destinar recursos públicos para atender a enfermos sino destinar los recursos públicos de las propias instituciones de salud para comprar “cachitos” de la lotería del Presidente, mientras mueren cientos de personas diariamente, entre ellos médicos y enfermeras.

Mucho y muchos advertimos sobre las peligrosas consecuencias que los ataques diarios del Presidente contra la prensa, periodistas y defensores de derechos humanos podían ocasionar, especialmente en la realidad social que atraviesa el País que, lejos de haberse pacificado, continúa desangrándose, más allá del odio vertido en la discusión pública de las redes sociales.

Lo que no avistamos y que está sucediendo ahora es que el Gobierno ha comenzado a ejecutar las venganzas anunciadas en las mañaneras como un guion. Preocupa, y mucho, que se estén utilizando, nuevamente, las instituciones de manera facciosa para llevar a cabo desvergonzados abusos de poder contra grupos o personas que consideran sus enemigos históricos, como fue la inhabilitación de Nexos y Cal y Arena para ser contratados por el Gobierno federal, por parte de la Secretaría de la Función Pública, en una clara vendetta.

Si algo ha quedado claro es que, tras dos años y con todos los elementos para hacerlo, al Gobierno de López Obrador no le interesó modificar las normas que permiten la discrecionalidad en la entrega de dinero público. Lejos de hacerlo, mantuvo esa estructura para privilegiar a sus medios allegados (de manera idéntica a como hacían los gobiernos anteriores) al tiempo que ha golpeado a quienes no son afectos al Gobierno. Flaco favor le hacen a “la justicia” y a la discusión, del todo pertinente, de la publicidad en medios. Su ostentosa venganza no ha sino fortalecido los argumentos de sus críticos mientras preserva los mecanismos que propician el servilismo de los allegados al poder.

De igual manera, las nuevas agresiones del director del FCE Paco Ignacio Taibo atacando a intelectuales, es una pésima noticia, más allá del escándalo, porque evidencia cuán corroído está el Gobierno por el discurso del Presidente y la terrible debilidad de las instituciones del Estado incapaces de regular las arbitrariedades y abusos de los funcionarios, cometidos en público, con total descaro. La nueva moral lopezobradorista, esencialmente patrimonialista, se ha infiltrado en todos lados de modo que lo que debiera rechazarse unánimemente, es tolerado con desdén.

No es, obviamente, un “debate” sobre “los intelectuales orgánicos”, sino un claro abuso de poder de un alto funcionario que discrimina a autores y que debería ser inadmisible en cualquier sistema democrático. El director del Fondo de Cultura Económica, que además concentra ya toda la función editorial del Estado, no debería atacar a ningún escritor así le caiga bien o le caiga mal, sea su enemigo personal, político, ideológico, lo mismo da. Tampoco debería de habérsele permitido que se autoerigiera como editor plenipotenciario, desapareciendo comités editoriales, ni ejercer la censura ideológico-machista a la que es tan afecto.

Es una obviedad, pero vale la pena repetirla: Paco Ignacio Taibo ocupa un cargo público de una institución que no es suya y por tanto, no debería estar al servicio de sus filias y fobias ideológicas, rencillas personales, sino de todos los mexicanos que con sus impuestos la financian. Invitar a escritores e intelectuales, sean quienes sean, a quedarse callados o irse del país, mientras se cuestiona su ciudadanía, no es un “exceso” personal de un funcionario, sino una conducta innegablemente facciosa, censora y autoritaria cometida por el poder, del todo incompatible con un gobierno democrático, y como tal, debiera ser señalada y combatida por todos los espectros intelectuales de nuestro país si es que nos interesa salvar la libertad crítica de este inmenso naufragio en que se ha convertido nuestro sueño de justicia y democracia.