Lo que se impugna al Plan B del Gobierno sobre el INE

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Cientos de miles de ciudadanos han salido a las calles a protestar contra el llamado “Plan B” que han fraguado el Gobierno y su partido, al fracasar en su intento de modificar la Constitución para crear un órgano electoral a su gusto para la realización y control de las elecciones en México. El Plan B consiste en modificar diversas leyes secundarias, con lo que también se busca debilitar al Instituto Nacional Electoral que actualmente funciona como una institución ciudadana independiente del Gobierno y de los partidos políticos.

De acuerdo con el susodicho “Plan B” se “reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, con cuyo conjunto el gobierno y su partido regresan a los tiempos de la “dictadura de partido” y al autoritarismo gubernamental.

Algunas de las reformas que el Congreso aprobó y contra las cuales los ciudadanos y organismos políticos están manifestando su rechazo, son los siguientes, aunque no son todos:

1. Como lo menciona Ciro Murayama, consejero electoral del INE, se elimina la estructura ejecutiva del INE para realizar, vigilar y controlar las elecciones al desaparecer las 300 Juntas Ejecutivas Distritales, donde se reciben las urnas y se cuentan los votos; también se les eliminan las cinco vocalías: la ejecutiva, secretarial, organización, capacitación y registro de electores, sustituyéndolas por una sola vocalía, que seguramente no alcanzará a realizar todas las labores.

También mutilan las 32 juntas ejecutivas locales (estatales) donde se recuentan y revisan los votos y el proceso.

Regresamos a como estábamos con un gobierno omnipotente, cuando todo lo concentraba y lo decidía y no había manera de protestar ni de exigir recuento de votos.

2. Se va a disminuir el número de casillas y se despedirá a miles de trabajadores del Servicio Profesional Electoral, encargados de atender a los funcionarios de casillas y a vigilar que las casillas se instalen bien, a tiempo y en el lugar correcto; que se reciba a los representantes de los partidos y se atiendan sus protestas y quejas.

Estas anomalías si no se atienden en tiempo y forma pueden ocasionar que se anulen las casillas y hasta que se anule una elección.

3. Se redujo bastante el presupuesto para que la Institución no pueda cumplir adecuadamente con sus funciones, con el pretexto de bajarle el sueldo a los consejeros.

El despido de más de 2 mil 100 plazas costará casi 3 mil 500 millones de pesos. La UNAM estima que los despidos puedan llegar a 6 mil plazas.

Una elección federal exige mucho personal capacitado, profesional e imparcial; al eliminar a funcionarios electorales habrá un caos en todo el proceso.

4. Se creó un Comité Técnico Evaluador integrado por personas afines y seguidoras de Morena, que será el encargado de designar a los cuatro consejeros que sustituirán a cuatro de las actuales, cuando terminen su encargo en abril.

Volvemos a los tiempos en que el Gobierno, con su partido oficial, designaba a los integrantes del órgano electoral con gente de su partido y de su confianza. Ahora, esos consejeros de Morena se encargarán de las elecciones para favorecer a Morena.

5. El INE tiene actualmente 900 módulos en todo el País donde se atiende a más de 120 mil ciudadanos en lo referente a sus credenciales de elector, sus cambios de domicilio y aclaraciones y quejas, donde se protegen los datos personales de los electores como los datos biométricos y huellas digitales. Ahora quieren que esos módulos se ubiquen en bienes municipales y estatales, es decir del Gobierno, a su disposición, donde ellos pueden entrar y salir a su gusto.

6. Además, ese “nuevo INE” no tendría facultades para castigar a partidos y candidatos que no acatan la ley. Será un INE sin dientes y nunca se castigará a quien el oficialismo protege. Esto se agrava ante la intromisión de la delincuencia organizada en el proceso electoral que financia e impone candidatos.

Volveríamos a los tiempos en que el Gobierno era el dueño del padrón y del control de las elecciones, de las casillas y de los comités electorales.

Modificar esto costó lágrimas, sudor y vidas de muchos héroes democráticos a los que no podemos olvidar ni decepcionar.