Ley de Protección, iniciativa preferente. Ombudsman y periodismo, indefensos
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Dentro de los 35 temas a impulsar en el tercer año de trabajos de la 63 Legislatura del Congreso del Estado, el Grupo Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional incluyó la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa, un punto neurálgico del sistema de libertades por los tiempos y circunstancias que requieren reforzar en lo local lo que trastabilla en lo nacional.
En general la agenda es importante al proponer que se legisle en tan poco tiempo sobre un catálogo de asuntos prioritarios y, además, con la interrupción impertinente del proceso electoral que llevará a renovar la integración del Legislativo federal y estatal, elegir Gobernador y 18 alcaldes. Podría decirse que la bitácora para este último tramo es pretenciosa y ojalá que las intermitencias políticas permitan cubrirla.
Sin embargo, en lo que respecta a la protección de periodistas y defensores de derechos humanos amerita que las demás bancadas la fijen dentro de sus propósitos para lo que resta de 2020, no de 2021, por varias razones. Una, aprobarla hasta el próximo año significaría que funcionen hasta 2022 las instancia que dicha ley propone y, dos, ambos sectores fundamentales para el amparo social están en el peor momento de vulnerabilidad.
Está también el debilitamiento del Mecanismo Federal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas como otro argumento para darle el estatus de preferente a la iniciativa que fue presentada en junio de 2019 por la Asociación de Periodistas y Comunicadores Siete de Junio, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa, Iniciativa Sinaloa, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y respaldada en lo particular por activistas y comunicadores como Óscar Loza Ochoa, Raquel Zapién Osuna, Francisco Cuamea Lizárraga y Luis Alberto Díaz Sánchez, entre otros.
El planteamiento central podría sintetizarse en cinco puntos: ajustar los mecanismos de protección existentes a la realidad estatal incorporando los mejores avances, reforzar la prevención de ataques a ombudsman y periodistas, dar la asistencia y protección oportuna a quienes se declaren o sean detectados en situación de riesgo, crear un órgano autónomo que genere confianza a los sujetos salvaguardados, así como conjuntar y activar de manera permanentes e incluyente todos los esfuerzos y acciones que se realizan o realicen en la materia.
Y la razón cardinal es que tenemos que evitar los diferentes tipos de agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas antes de que éstas sean irremediables. La experiencia mexicana, con 135 periodistas asesinados desde enero de 2000 hasta septiembre de 2020, 47 en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto y 15 en lo que va de la administración pública del morenista Andrés Manuel López Obrador (dato de la organización Artículo 19), plantea el imperativo de reforzar la autoprotección desde Sinaloa sin desvincularla de lo que se haga en lo federal con el mismo propósito.
Para que funcione el Instituto Estatal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, órgano autónomo que la iniciativa propone crear, se requerirá mucho trabajo previo una vez que la Ley sea aprobada ya que aparte de la integración de la estructura operativa-administrativa y el funcionamiento del sistema de control, transparencia y auditoría, se tendrán que determinar los recursos públicos que le serán asignados.
La preocupación estaría en los tiempos una vez que la forma y fondo transitan por las vías legislativas correctas. Hay un buen ánimo en los diputados y partidos con presencia en el Congreso para avanzar y una muestra de ello es que por su cuenta la Diputada Angélica Díaz de Cuén y el ciudadano Víctor Antonio Corrales Burgueño, ambos del Partido Sinaloense, presentaron una iniciativa para que se adicione un título del Código Penal que incorpore como delito el uso de violencia para evitar el ejercicio de la actividad periodística, o que se obstaculice, impida o reprima la libertad de expresión.
Los ataques y enemigos de la libertad de expresión no cesan y actúan protegidos por la bruma de la impunidad. Hoy mismo desde el anonimato le inyectan fuertes sumas económicas y recursos tecnológicos a los intentos ilícitos para tumbar a los medios digitales, configurándose la delincuencia cibernética como nueva amenaza al derecho ciudadano de acceder a la información. Mal haríamos, y peor nos iría, si en estos momentos el Poder Legislativo nos deja solos a periodistas y sinaloenses en la lucha por restablecer las garantías constitucionales afectadas.
Reverso
En sus propósitos destaquen,
Camaradas asambleístas,
La petición de periodistas,
De “somos prensa, no ataquen”.
Una raya más al tigre
Dentro de los fideicomisos extinguidos por los diputados federales de Morena que vuelven a mostrarse sumisos ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador, retardando todavía más la sana independencia entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, está el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, lo cual manda otra señal a quienes siguen creyendo, y amparándose en ese dogma, que estos dos sectores poco le importan al Mandatario sobre el cual se depositó la gran esperanza de ejercicio pleno de las libertades.