Legisladores, funcionarios y corporaciones unidos contra la infancia

La normalización de que las niñas y los niños ingieran 500 calorías de más en su jornada escolar, fuera de sus tres comidas, ha sido el efecto de la inacción consciente y cómplice de autoridades del Poder Ejecutivo, en específico de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación, y de los legisladores, en especial de aquellos de las comisiones de Salud, a favor de las grandes corporaciones de comida chatarra y bebidas endulzadas. Debemos considerar que basta el consumo de 100 calorías extras en nuestra dieta diaria para poder aumentar nuestro peso hasta en cinco kilogramos cada año, la mayor parte como grasa abdominal que es causa de diversas enfermedades metabólicas. Pues bien, en las escuelas las niñas y niños consumen un promedio de 500 calorías de más en productos comestibles y bebidas azucaradas de marca o a granel, cada día, de acuerdo a estudios de campo realizados por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Las escuelas, en la práctica, se han convertido en fábricas de sobrepeso y obesidad.

Niñas y niños se encuentran cautivos en las escuelas durante varias horas al día en medio de un ambiente que el INSP ha catalogado como “obesogénico”, rodeados de comida chatarra y bebidas endulzadas. La venta de estos productos en las escuelas representa un negocio de miles de millones de pesos. Y lo que ha prevalecido en ellas es el interés comercial sobre la salud de niñas y niños y de esto han sido cómplices tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo. Lo más grave de esta situación es que se ha normalizado, se entiende como si fuera un fenómeno de lo más normal.

Han pasado ya 18 años desde que la Organización Mundial de la Salud llamó a sacar estos productos de las escuelas; 12 años desde que se tienen lineamientos en México con el fin supuesto de sacar estos productos de los planteles de educación básica, lineamientos que fueron, desde un principio, modificados para que no pudieran ser aplicados; tres años han pasado desde que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó una recomendación a SEP de reformar estos lineamientos y aplicarlos, señalando que las escuelas violan el derecho de niñas y niños a entornos escolares saludables. Y así es, se trata de una violación de los derechos de la infancia por el propio estado que debe garantizar ambientes saludables al interior de los planteles escolares.

Se puede decir que un ejército de funcionarios y legisladores han bloqueado la salida de la comida chatarra de las escuelas, es decir, defendieron su permanencia. La actual presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia en el Senado, Josefina Vázquez Mota, cuando fue Secretaria de Educación en 2007 se manifestó en contra de la salida de la comida chatarra de las escuelas argumentando que “se enseñaría a los niños a realizar elecciones saludables”. Firmó un acuerdo con PepsiCo para que llevara su campaña “Vive Saludable” a las escuelas para que a través de “un programa de cómputo interactivo se enseñaría a niños y jóvenes los principios para tener una vida saludable”. El programa entraría a tres mil escuelas primarias y secundarias públicas. Unos días después, Coca Cola no podría dejar pasar la oportunidad de entrar a las escuelas y firmó otro convenio para introducirse a los planteles con su programa Movimiento Bienestar con el fin de promover la actividad física en 271 escuelas de 23 entidades. El objetivo de estos convenios para las empresas, como lo expresaba un documento de Coca Cola, era posicionar la marca en los escolares, era pactar con el Gobierno y evitar cualquier política que afectara sus ganancias. Y obviamente, maquillar de responsabilidad social a la empresa y de saludables a sus productos que son los que mayor daño están generando en la salud de los escolares.

Estos acuerdos con PepsiCo y Coca Cola se firmaron años después y en contra de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de sacar estos productos de las escuelas. Además, se acordaron inmediatamente después de la publicación de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 que puso la atención del mundo en México por el crecimiento tan acelerado del sobrepeso y la obesidad, en especial, de la población infantil mexicana. Entre 1999 y 2006 el sobrepeso y obesidad en niñas y niños de 5 a 11 años había crecido cerca de 40 por ciento. A pesar del contexto de emergencia, las puertas de las escuelas públicas fueron abiertas por SEP a estas empresas habiendo información clara del alto consumo de estas bebidas y su relación con el sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Hay que reconocer que tras la salida de Josefina Vázquez Mota entró al frente de la Secretaría de Educación, Alonso Lujambio, quien tomó en serio el tema y colaboró con la Secretaría de Salud para establecer los primeros lineamientos de alimentos y bebidas en las escuelas, en plena colaboración con el Subsecretario de Prevención de la Salud, el Dr. Mauricio Hernández. Lineamientos que fueron fieramente combatidos por la industria y que al final fueron finamente alterados para volverlos inoperantes, gracias a la influencia de la Secretaría de Economía que actuó al servicio de estas corporaciones.

Posteriormente, diversos Secretarios de Salud y Educación pasaron por el cargo desoyendo la información y las advertencias sobre el agravamiento de las condiciones de salud de la infancia, entre ellos, en la Secretaría de Educación: Emilio Chuayffet, Aurelio Nuño, Otto Granados; y en la Secretaría de Salud: Salomón Chertorivski, Mercedes Juan, José Narro. Todos ignoraron las políticas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, por diversos relatores de derechos humanos de Naciones Unidas, por los institutos de salud del país, para enfrentar el sobrepeso y la obesidad infantil que había ya puesto a nuestras niñas y niños en los primeros lugares del mundo. Son dos las recomendaciones centrales para proteger a niñas, niños y adolescentes: sacar los productos no saludables de las escuelas y prohibir, en todos los medios de comunicación, la publicidad dirigida a la infancia y adolescencia. Tampoco se impulsaron estas políticas desde el Poder Legislativo donde el cabildeo de las corporaciones y la captura, en especial, de las comisiones de salud fue absoluta.

Surge una esperanza ahora. Hace unos días, en la Comisión de Salud se presentó una iniciativa para establecer la prohibición de la entrada de estos productos a los planteles escolares a través de una reforma a la Ley General de Educación. La iniciativa fue aprobada en esta primera instancia, sin embargo, ya se vio el actuar de algunos legisladores y de una oposición que en la polarización existente puede llegar a considerar más importante votar contra una iniciativa que viene del partido oficial, Morena, que votar a favor de una política que debería haberse aplicado hace años, una política urgente que contribuiría a mejorar las condiciones de alimentación y, por lo tanto, de la salud de la infancia en nuestro país. La ex secretaria de Educación, Josefina Vázquez Mota, que se opuso a sacar estos productos de las escuelas, está al frente de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia en el Senado y el ex secretario de Salud, Salomón Chertorivski, que se manifestó en contra de cualquier regulación a estos productos y consideró que el problema del sobrepeso y la obesidad infantil no era grave, es secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados. Entre ellos se encuentran otros legisladores que siempre desarrollan algún argumento para bloquear estas iniciativas. Obviamente, estos bloqueos no se hacen de frente, se utilizan argumentos técnicos para ocultar a quienes están sirviendo estos legisladores.

Debemos vigilar y exigir a los funcionarios públicos cumplir con su mandato de actuar por el bienestar colectivo y, en este caso, por la salud de la infancia. De no hacerlo deben ser exhibidos, debe tener un costo para sus carreras políticas, que su futuro político dependa, no de su contubernio con los poderes económicos, sino de su servicio al interés colectivo, a los derechos humanos.