Las firmas de El Bronco independiente
El Bronco saldrá de la cárcel en estos días, o enfrentará su proceso allí, como la mayoría de los políticos presos en este País, algunos de los cuales son también presos políticos. Se le comprobarán o no delitos electorales de desvío de recursos públicos y/o de abuso de autoridad, más los que se acumulen. Pero su caso, al igual que el de otros candidatos independientes que aspiraron a la Presidencia en 2018, demuestra de manera palmaria cómo la legislación aprobada en 2014 resultó perniciosa para la figura de las independientes, e incluso contraproducente. Confirma una versión mexicana de la regla general: quien hace la ley hace la trampa. Una ley mal hecha induce al delito.
El número y la severidad de las restricciones incluidas en la legislación crearon el ambiente en el que se da la desgracia de El Bronco. Es obvio que nada obliga a nadie a violar la ley, pero las disposiciones relativas al ejercicio de un derecho pueden ser conducentes al respeto a la ley, o a su violación.
Me refiero a la elección presidencial, ya que es la más importante, por la cual ya hay un preso acusado de violar los reglamentos, y porque las exigencias a otros niveles no han generado las mismas controversias o incluso delitos. Los tres candidatos independientes a la Presidencia de 2018 enfrentaron tales dificultades para llegar a la boleta que o bien desistieron del intento (Armando Ríos Piter), o bien recurrieron a prácticas ilegales (El Bronco) o bien sus firmas encierran enigmas difíciles de compaginar con una conducta ortodoxa (Margarita Zavala). Procedieron de esa manera porque pensaron que se trataba del único camino para llegar a la boleta, en vista de los requisitos draconianos exigidos por la ley.
Conozco bien el caso del Jaguar. Al detectar que su ritmo de recaudación de firmas no le permitía alcanzar la meta en el tiempo estipulado, contrató a “recopiladores” que le cobraban una tarifa por firma. Pero no contaba con un número suficiente de voluntarios o de amigos para verificar la autenticidad de dichas firmas: por lo tanto, los “recopiladores” le metieron una gran cantidad de goles, a través de una gran cantidad de firmas falsas. Al percatarse de ello, optó por renunciar a su intento. Jaime Rodríguez sintió que sin utilizar a empleados del Gobierno de Nuevo León, en horas hábiles, no llegaba. Y Zavala posiblemente creyó que sin pactos con ciertos gobernadores del PRI que la ayudaran en sus estados, el número de firmas se volvía inalcanzable.
Si sumamos el número de firmas, el tiempo disponible para conseguirlas, las condiciones de su obtención (gasto, acceso a medios, propaganda, etc.) la dispersión por estados, los instrumentos anti-fraude, no se puede más que concluir que la ley fue confeccionada con uno de dos objetivos, o ambos. O bien fue redactada para que fuera imposible cumplir con ella, o bien fue aprobada para que solo se pudiera llegar con trampas.
Ahora que El Bronco pueda tal vez pagar con la cárcel los métodos que empleó para sacar las firmas, que Ríos Piter no pudo, y que Zavala reunió una serie de circunstancias no extrapolables a otros, será casi imposible que alguien se atreva a ser candidato en el 2024. Es una lástima, no solo por el principio mismo de que se debe romper el monopolio de los partidos de la representación política. Habrá tal vez varios aspirantes derrotados dentro de sus coaliciones que quisieran intentar sus posibilidades como independientes.
No quiero decir con esto que no debe haber requisitos, reglas y filtros. Los hay en todas partes. Los que existen en México son excesivos, e inducen al fraude. En Francia, por ejemplo, para figurar en la boleta se requieren 500 firmas de funcionarios electos (diputados, senadores, alcaldes, regidores, consejeros regionales, etc.), y se reembolsa el gasto de campaña si el candidato rebasa el umbral de 5 por ciento del voto (para evitar las frivolidades). No equivale a un pase automático, pero tampoco disuade a quienes representan una auténtica, aunque pequeña, sensibilidad social, por odiosa que fuera, como en el caso del ultra-derechista Zemmour.
Para cuando haya una verdadera reforma electoral, y no la farsa anti-democrática que prepara el régimen, convendría corregir las aberraciones del 2014, e incluir lo que se excluyó entonces, por la incongruencia del PAN y la miopía de Peña Nieto: la segunda vuelta. Tendremos que esperar bastante. El Bronco lo hará también, pero preso, probablemente.