La traición al sistema anticorrupción
Rehacer al SEMAES desde sus raíces
¿Cómo podría ser confiable el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa si uno de sus miembros es abogado defensor de un ex funcionario federal acusado por la Fiscalía General de la República de incurrir en el delito de peculado? Aunque a botepronto la pregunta, de ella emerge la exigencia de quitarle los tejidos podridos al órgano que desde su integración en 2018 no ha dado un solo resultado que fortalezca la fe ciudadana en la ley de la materia y los responsables de implementarla.
La vana hoja de vida del CPC debiera contener a estas alturas algunas acciones contundentes de contención de delitos contra el patrimonio público. Al contrario de narrativas brumosas de antítesis de transparencia, como que ya es tiempo de concretar la participación de los sinaloenses en la prevención, denuncias y creación de estrategias que detengan la ininterrumpida e ilegal sangría de los erarios.
La actual circunstancia del Comité de Participación Ciudadana enciende las alarmas en lo referente a replantear la lucha anticorrupción desde sus cimientos, con voluntad para perfeccionarla. Estaba pasando desapercibido que uno de sus integrantes, Sergio Avendaño Coronel, litiga al mismo tiempo en defensa de Rosendo Camacho Luque, el ex delegado de la Secretaría de Desarrollo, Agrario, Territorial y Urbano que tiene abierta en la FGR carpeta de investigación por posibles hechos de peculado.
Y lo más grave es que los filtros de selección fueron insuficientes, u omisos, cuando en 2018 Avendaño Coronel fue designado miembro del CPC y ya participaba desde un año antes, según lo ha declarado él, en la tutela jurídica del ex servidor público que de acuerdo al expediente de la FGR desvió 151 mil 505 pesos de los recursos del Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales al pago de boletos de avión, combustible, refacciones, mantenimiento de vehículos, reembolso de viáticos y reembolso de facturas de alimentación en su beneficio.
He aquí la parte cancerosa: es una burla que se le pida el involucramiento a la sociedad civil en la lucha anticorrupción si el CPC exhibe la incoherencia de que uno de sus miembros muestra la dualidad de defender al ex funcionario federal acusado de utilizar recursos públicos en beneficio personal. ¿En qué deben poner sus energías los ciudadanos? ¿En cuidar al SEMAS que se convierte en parte del problema o vigilarles las manos a gobernantes y sus colaboradores corruptos?
Las reacciones por las incongruencias que dinamitan la confianza en el Comité de Participación Ciudadana no se hacen esperar. La tarde del martes la Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa hizo un extrañamiento en el caso Avendaño Coronel y precisó que el artículo 17 de la ley del SEMAS establece que los integrantes del CPC no podrán ocupar, durante el tiempo de su gestión, empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en el Gobierno federal, estatal o municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al CPC y a la Comisión Ejecutiva.
Inclusive el Gobernador Rubén Rocha Moya intervino en el tema al exhortar a Avendaño a que defina si seguirá en el CPC o litigará para el ex funcionario presuntamente responsable de delitos de peculado. Y tiene razón en mediar porque está viendo que de aquella quimera de “la región más transparente” cantada en 2002 en Sinaloa cuando se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública hoy la realidad toma el atajo hacia el territorio de la corrupción solapada por los encargados de inhibirla.
El problema es que las voluntades por el saneamiento de la cosa pública van a paso de tortuga y los desfalcadores avanzan en caballo de hacienda espoleado desde el CPC. Desde la publicación de la ley general en julio de 2016 y la de Sinaloa en junio de 2017, el sistema anticorrupción es carcomido por el burocratismo y la pérdida de ímpetu en personalidades que parecía se comprometían con la rendición de cuentas y terminaron siendo cuentos de simulaciones y mediocridades, motivo suficiente para rearmarlo y además blindarlo.
Como experiencia local tenemos que la sociedad acabó desestimulada en la labor de constituirse en la infranqueable portería anticorrupción y si alguien pidiera más evidencias de ello pues allí está el frustrado intento del Congreso del Estado para integrar la Comisión de Selección, que es la encargada de elegir a los integrantes del CPC, lo cual se traduce en que el SEMAS lleve año y medio sin contar con esa parte selectora.
Lástima porque se trata de varias esperanzas que naufragan en el turbulento mar del poder. En las aguas negras de la función pública resulta fácil y cómodo nadar de muertito y confundirse con aquellos sujetos o intereses cuya codicia sin límites obligó a la creación del Sistema Anticorrupción de Sinaloa, cloaca urgida ahora de un profundo desazolve.
Como lo dice la canción,
Pero qué necesidad,
De combatir la corrupción,
Dándole impunidad.
Mientras Jesús Estrada Ferreiro, ex Alcalde de Culiacán, acude a las garantías de la justicia para no ser detenido al presentarse mañana ante el Poder Judicial a responder por acusaciones de desempeño irregular de la función pública, los presidentes municipales de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres y de Cosalá, Carla Corrales, deberían ir buscando buenos abogados porque la Fiscal General de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez, ya le halló gusto a eso de abrir procedimientos penales contra munícipes corruptos y llevarlos hasta las últimas consecuencias. Y es que cuando la espada de la justicia cae sobre alguien, ya lo demás se convierte en el deleite de castigar delitos.