La Suprema Corte: bastión de derechos en un contexto de ataques

En la construcción de un Estado democrático la división de poderes es un pilar fundamental para asegurar la existencia de un equilibrio que garantice la protección de los derechos y libertades de las personas. En México, uno de los Poderes encargados de velar por esta división y resguardar la legalidad es el Poder Judicial, y es la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien ostenta su representación ante el Poder Ejecutivo, el Legislativo y la nación.

Ante tanto decretazo del que ha abusado el Poder Ejecutivo para evadir controles y competencias, la Corte se ha convertido en el espacio necesario recurrente para analizar que esas acciones no trastoquen los derechos reconocidos como resultado de luchas históricas. Si bien es cierto que la Corte también funciona como órgano político, no se debe caer en el error de generalizar y abandonarnos en el sospechosismo de que todo está mal y no sirve. Algo debe estar muy claro: las y los ministros no están para defender un proyecto de gobierno, ni generar lealtades -muy a pesar del diseño legal de sus designaciones-, sino para mantener el orden constitucional, hacer valer la división de Poderes y ser garantes de la ley y sus interpretaciones que mejor protejan derechos.

Como resultado de mantener los límites en la independencia de poderes, la Suprema Corte ha sido objeto de señalamientos que buscan desacreditarla y restarle importancia a sus decisiones. Algunos sectores han ignorado sus sentencias e incluso han amenazado con excluir a la Corte de la discusión pública, argumentando la falta de alineación con el Poder Ejecutivo (*cof Poder Legislativo y titulares de Gobiernos estatales coincidentemente que militan en el partido Morena cof*). Sin embargo, la independencia judicial, en esencia, está orientada a poner límites a los posibles abusos autoritarios, ilegales o arbitrarios de los otros Poderes de la Unión, y con ello facultar a las y los Ministrxs y el resto del Poder Judicial a que puedan tomar decisiones imparciales, basadas en el análisis jurídico y colocando en el centro la defensa de los derechos. La Corte no debe ser un instrumento al servicio de un poder político específico, sino un garante de la justicia y el equilibrio en la sociedad.

Como máximo tribunal del país, desempeña un rol vital en la protección y promoción de los derechos humanos. A lo largo de su historia ha emitido sentencias emblemáticas que han sentado bases sólidas para la expansión de los derechos humanos en México. Destacamos que se han emitido resoluciones que han dado forma a un entramado jurídico que, si bien falta mucho para que termine de consolidarse, hoy da las bases para ampliar el goce de derechos y protección ante potenciales abusos de la autoridad.

Aunque existen muchos ejemplos relevantes, acá destaco algunos. La Corte determinó que la desaparición forzada es una de las violaciones más graves a derechos humanos que somete a los familiares de la persona a actos equiparables a tortura. En la protección del derecho a la información, en la Acción de Inconstitucionalidad 110/2019, la Corte invalidó disposiciones locales que sancionaban a quien proporcionara información que supuestamente obstaculizara las funciones de las instituciones de seguridad pública. Asimismo, la Corte ha establecido criterios obligatorios en materia de igualdad y no discriminación, interrupción legal del embarazo, juzgar con perspectiva de género, reconocimiento de identidad de género, derecho de acceso a la justicia.

Ahora bien, en política de drogas y derechos humanos, destacamos la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018 que da cuenta de las normas en la Ley General de Salud que obstaculizan la autorización para el consumo personal con fines lúdicos o recreativos de la cannabis, dando así una herramienta más para el goce de derechos como la salud, la libertad y el libre desarrollo de la personalidad. Ante la criminalización que viven las personas usuarias de sustancias, en específico de la cannabis, la Corte también ha ido desarrollando principios que salvaguardan a las personas de ser encarceladas. Tal es el caso del Amparo en Revisión 585/2020 que declaró la inconstitucionalidad del artículo 478 de la Ley General de Salud, al considerar que la prisión por posesión simple de cannabis para consumo personal es una medida irrazonable y desproporcionada, pues se trata de una conducta que no genera afectación a otras personas y pueden aplicarse otros medios para la protección de la salud y la seguridad.

Con todo lo anterior, no quiero decir que el Poder Judicial no deba estar bajo el escrutinio público, que no hacen falta mecanismos de democratización o que no haya corrupción. Desde sociedad civil también hemos manifestado nuestro descontento y decepción ante fallos que consideramos erróneos y que podemos presumir son resultado del amiguismo y “buena relación” con el Poder Ejecutivo, como es el caso de la Controversia Constitucional 90/2020 que facultó a las Fuerzas Armadas a realizar actividades de seguridad pública.

Sabemos que existe el riesgo de influencias de intereses externos con la capacidad de hacer presión en la toma de decisiones al interior del Poder Judicial y, que por lo mismo, debe ser observado con lupa. También es cierto que hay quienes han perdido legitimidad en ocupar uno de esos espacios o bien, que no han demostrado ser los perfiles idóneos para realizar actividades de tal nivel de especialización; peor aún es cuando estas variables se mezclan con falta de independencia.

Sin embargo, en el otro lado de la balanza, también están quienes se han comprometido en hacer de la Corte una institución sólida y con límites claros. Al respecto, no se pueden ignorar las amenazas que desde la misoginia y el odio político han sido lanzados en contra de la Ministra Presidenta Norma Piña por no replicar o favorecer prácticas que subordinen al Poder Judicial ante el Ejecutivo. Reconocemos su trayectoria demostrada en sus votaciones y resoluciones en favor de la protección y expansión de derechos.

Por ello, es importante entender a la Corte como un órgano colegiado, una institución compleja que trasciende los perfiles o temporalidades y así defenderla de los ataques a los que ha sido sometida, entendiendo que su misión es mantener los contrapesos al poder y ser ese bastión en la defensa de los derechos ante arbitrariedades y ocurrencias políticas.

*Isaías Pablo Tolentino (@ispabt) es internacionalista por la UNAM e investigador de política de drogas en @ElementaDDHH.