La sui generis nota de Ebrard

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WASHINGTON, D.C._ Si bien Marcelo Ebrard tiene la inusual costumbre de divulgar las notas diplomáticas que envía a Estados Unidos, contraviniendo las normas de secrecía que rige esa forma privilegiada de comunicación entre estados, es la primera vez que lo hace en videograbación en redes sociales. A 10 días de la nota diplomática pidiendo saber si Felipe Calderón fue cómplice del operativo criminal Rápido y Furioso, el gobierno de Trump no ha respondido. No parecen tener prisa.

La intensa controversia que generaron las recientes declaraciones de Roberta Jacobson muestra el riesgo de que la respuesta pueda ser usada por el Gobierno mexicano para llevar agua a su molino. Estados Unidos no quiere estar en medio de un tóxico pleito interno entre AMLO y Calderón. La nota diplomática de Ebrard puede interpretarse como un llamado a la intromisión. Es improbable, por tanto, que la réplica dé lugar a que se diga que Estados Unidos está tomando partido en una querella interna. Habrá desilusionados.

Históricamente la diplomacia mexicana ha usado las notas diplomáticas con discreción. Para hacer reclamos y pedir información en el tiempo que se producen y ocurren los hechos. Han sido textos breves y puntuales. La sui generis nota de Ebrard rompe con esa tradición. Es extensa y retórica. Sin mesura. Pública. Igual que las notas por el retraso en el cruce fronterizo y la masacre en El Paso, en 2019.

Es, además, extemporánea. “Rápido y Furioso” ocurrió hace una década. Es un hecho investigado y cerrado por todos los poderes del Gobierno estadounidense en 2012. Sólo el Inspector General del Departamento de Justicia revisó 100 mil páginas de documentos, decenas de llamadas interceptadas, miles de correos electrónicos y entrevistó a docenas de funcionarios y ex funcionarios en el curso de la investigación sobre “Receptor Abierto” y “Rápido y Furioso”. Su informe de 500 páginas es el más exhaustivo y balanceado de todos por tratarse de un órgano independiente no politizado. Responder a Ebrard implica reabrir expedientes y volver a estudiarlos.

Y, por último, la nota tiene una visión estrecha. El trasiego de armas a México fue una política perversa inaugurada por el gobierno de George Bush y desarrollada por Obama. Previo al Operativo “Rápido y Furioso” (2009-2011), existió el menos famoso operativo “Receptor Abierto” (2006-2007), bajo el gobierno de Bush. Al centrar el reclamo exclusivamente en “Rápido y Furioso”, Ebrard da oportunidad a que Trump use la nota para atacar a Obama, del que fue vicepresidente Joe Biden, su contrincante electoral.

Documentos internos revelan que, pese a las negativas de Eduardo Medina Mora y Calderón, la estrategia de trasiego vigilado tenía la anuencia y cooperación de autoridades mexicanas desde el inicio. “La Oficina de Campo II en Tucson y la Oficina País México tienen un acuerdo de cooperación con autoridades federales mexicanas para permitir que armas de fuego sean transportadas de EU a México en la expectativa de que más individuos prominentes sean identificados como cómplices”, dice un memorándum firmado por Bill Newell, jefe de la ATF en Phoenix, el 21 de mayo de 2007. “Las autoridades mexicanas entienden que la vigilancia es difícil, y que algunas armas de fuego probablemente ingresaron a México” (Informe Inspector General, noviembre 2012). El operativo Receptor Abierto concluyó en 2007 con más pena que gloria.

Otro comunicado de 2011, hasta ahora inédito, también avala la creencia de que el gobierno de Calderón sabía. “El GOM [Gobierno de México] ha sido informado sobre la Operación Rápido y Furioso”, escribió Roberta Jacobson, entonces Subsecretaria para América Latina. En intercambio electrónico, Jacobson cuenta que el Embajador Carlos Pascual alertó al Departamento de Estado sobre el furor político en torno a Rápido y Furioso en México. Explica que los “alegatos” de que la operación implicaba transferencias de armas, fueron confundidos con la “operación verdadera”, misma que no explica (Correo electrónico de Jacobson a Jacob Sullivan, 11/03/2011).

Jacobson me dijo la semana pasada que no tiene idea quién o quiénes fueron informados sobre Rápido y Furioso en el Gobierno mexicano.

Tras conocerse el asesinato del patrullero Brian Terry, baleado en diciembre de 2010 con una de las armas de “Rápido y Furioso”, John Dodson, un conflictivo agente de la ATF en Phoenix, decidió aprovechar el mar revuelto para saldar la vendetta personal que tenía pendiente con Dave Voth, supervisor del Grupo VII de la ATF a cargo de la implementación del trasiego. En enero de 2011, Dodson dio la primera versión sobre los hechos, que muchos cuestionaron (Fortune, “La Verdad Sobre el Escandalo Rápido y Furioso”, 06/27/2012).

Congresistas republicanos, que entonces tenían el control de la Cámara baja, lanzaron una “cacería de brujas electoral” contra el Departamento de Justicia y la ATF. Demandaron cabezas, empezando con la Eric Holder, procurador de Obama que primero negó saber y luego se retractó.

Sendas investigaciones y contra investigaciones produjeron verdades consistentes con la afiliación partidista de los autores. Varios en la jerarquía de la ATF renunciaron. La tormenta concluyó con el fallo del Inspector General del Departamento de Justicia: la ATF no cometió ningún delito, aunque sí errores. Los agentes responsables fueron bajados de rango y cambiados de plazas. Nadie en el gobierno fue a la cárcel. Punto final.

Los republicanos en la nómina de la Asociación Nacional del Rifle, que se negaron a extender la prohibición del uso de los rifles de asalto, que pelean todo intento de cambio en las permisivas leyes armamentistas y que dijeron que traficar armas a México no es ilegal, son los mismos que hipócritamente armaron un escándalo por Rápido y Furioso. Se espantaron de lo que defienden con sus vidas. La gran ironía. Los árboles no dejan ver el bosque.

Los gobernantes no tienen derecho a politizar el legítimo derecho de los mexicanos a saber la verdad. Ni a usar las notas diplomáticas como ardid político. Lamentable será si México vuelve a ser usado en una contienda electoral ajena debido a la miopía orgánica de sus gobernantes.