La solvencia
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Al cumplir dos años como Presidente y líder de la Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador ha declarado públicamente cuáles son sus tres preocupaciones esenciales, la primera de las cuales reviste puntual congruencia con la realidad que afronta el País, pues se trata de la pandemia de Covid-19. En un segundo término, que él estima muy por abajo por cuanto a magnitud, considera el aspecto económico, algo que tampoco parece incongruente, pero en el tercer lugar ubica al problema que representa la posición adversa de medios de comunicación y organismos neoliberales de la iniciativa privada.
No puede negarse que la pandemia y sus repercusiones lesivas, que afectan a numerosos generadores económicos, justifican la preocupación presidencial, pero ubicar en tercer lugar al ejercicio crítico incómodo para él, por encima de problemas tan apremiantes como la violencia e inseguridad que fustigan a la sociedad en todos sus sectores es anteponer el interés de la imagen personal sobre la demanda prioritaria de restaurar el Estado de Derecho en México.
A propósito del Estado de Derecho, cabe observar que esta semana se registró una acción un tanto restauradora mediante los operativos de recuperación de las casetas de peaje que permanecieron tomadas por casi un año en varios estados de la República, y finalmente se restableció el libre tránsito ferroviario que estuvo bloqueado por miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a la altura de la estación de Caltzonzin, Michoacán, atentado paralizador que también causó cotidianas pérdidas multimillonarias y que fue tolerado durante dos meses.
Estas acciones deberían constituir un motivo restaurador del ánimo ciudadano, pero experiencias en torno a la política permisiva que el Gobierno de la 4T ha llevado a extremos que no corresponden precisamente al respeto a los derechos de libre manifestación, induce a preguntar, ¿por cuánto tiempo se mantendrá el orden y la normalidad en la vialidad nacional? Esta interrogante viene al caso cuando los miembros de la CNTE han amenazado con volver a invadir las vías férreas si las autoridades no los atienden a satisfacción.
En el contexto del informe que rindió en el patio del Palacio Nacional, en ocasión del segundo aniversario de su gestión, el Presidente López Obrador reiteró que su motivo toral de preocupación y ocupación es el pernicioso embate del coronavirus, particularmente por el registro letal que ahora rebasa los 100 mil mexicanos.
Sin embargo, esta misma semana el doctor Hugo López-Gatell hizo un anuncio que alienta y genera la esperanza vehemente de que se torne en realidad, pues, de cumplirse en los términos predichos por el funcionario, al día 15 del presente mes los hospitales de México contarían con la vacuna para empezar a suministrarla entre los sectores más vulnerables.
Por lo demás, el informe presidencial fue la descripción de un país que durante los dos últimos años ha enfrentado ingentes problemas que están siendo atendidos y superados con la eficacia que entraña en un propósito transformador. Afirmó el informante que su gobierno ha dado cumplimiento a 97 de los 100 compromisos contraídos con el pueblo el primer día de diciembre de 2018. Y aléguenle, esos son los otros datos que él tiene.
En el ámbito local, evidentemente a la juez Sara Bruna Quiñónez Estrada le gustan las cuentas claras, actitud que en el desempeño de sus funciones es una virtud cada vez más difícil de constatar en el área judicial. Esta vez se manifestó en el caso de Armando Villarreal Ibarra, quien fuera titular de Administración y Finanzas durante el sexenio de Mario López Valdez.
A la juez Quiñónez Estrada le parece improcedente que la Fiscalía está acusando al procesado de desempeño irregular por el desvío de 260 millones de pesos, pero lo exculpa del delito de daño patrimonial, lo cual reduce considerablemente la penalidad y esto obra a favor de Villarreal Ibarra, quien se acogió al recurso de procedimiento abreviado, pero encontró la observación de la Juez, cuya posición es reflejo de una encomiable solvencia.