La representación del consumidor
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Notario 210 de Sinaloa
fernando@garciasais.mx
No hay mejor política económica que la que se centre en mejorar las condiciones de contratación para los consumidores y su seguridad frente a los productos peligrosos o defectuosos. Que los consumidores reciban mejores servicios en un entorno de rivalidad empresarial que empuje los precios hacia abajo es una política constitucional. Lamentablemente, los consumidores como grupo, no están adecuadamente representados. No hay organizaciones civiles lo suficientemente amplias y efectivas. Políticamente, la agenda de los partidos políticos no se ha ocupado de los problemas del consumidor. Paradójico, dado que prácticamente no hay decisión pública que no repercuta en los consumidores.
Los consumidores, como grupo, es el mayor en número. El gasto que realizan representa también la mayor parte del reflejado en la economía nacional. Tomarlos en cuenta pudiera sino garantizar sí facilitar a algún político ganar una elección. Escuchar sus problemas y aterrizar soluciones tangibles producirá ausencia de ineficiencias productivas. El ahorro del consumidor, formado por su trabajo cotidiano, debe asignarse a bienes y servicios en condiciones justas para que reciba a cambio satisfactores de necesidades de calidad (con bienestar). Consumir para mejorar, no para empeorar.
La seguridad de los productos (medicamentos, vehículos, aparatos electrónicos) y la equidad en las relaciones (financieras, contractuales) son dos temas que nos permiten entender, de manera general, lo anterior. Si el consumidor se daña o no se cura al usar el medicamento o el defectuoso diseño del coche no lo protege adecuadamente en una colisión o si la entidad financiera le impone abusivamente tasas de interés, comisiones, servicios no solicitados, estaremos permitiendo que se derrochen, que se despilfarren los ahorros de ese grupo numeroso de la economía. Como dijo John F. Kennedy, en su famoso discurso ante el Congreso de EUA (15 de marzo de 1962), si ello sucede “el interés nacional sufre”.
El papel de los órganos reguladores del Estado es crucial. En México se ha optado por una desconcentración administrativa y legislativa, en varios entes públicos con leyes especiales. Así, hay entidades federales para consumidores, otras para usuarios de servicios financieros, otras para telecomunicaciones, competencia económica, propiedad industrial, salud, transporte. Sus normativas no se integran ordenadamente ni su actividad administrativa es homogénea. Cada quien atiende el tema desde su perspectiva que quizá no busca la uniformidad en la actuación del Estado.
El Estado produce información importante, que bien entendida, puede servir para contrarrestar las prácticas fraudulentas y engañosas, y que fácilmente la podemos localizar en Internet, para saber si por ejemplo, la elaboración de las medicinas o de un vehículo reúne los estándares mínimos de seguridad, calidad y eficacia; o para entender el costo financiero de un préstamo al consumo.
Para lograr una mejor representación del consumidor, sería deseable contar con una nueva legislación uniforme que pase por una revisión profesional de sus ámbitos de aplicación y sea la base para nuevas políticas públicas reforzadas, por áreas y sectores, para que la implementación de esa nueva legislación sea eficiente.
Mientras no haya una efectiva representación del consumidor o una agenda púbica seria que atienda con eficacia sus problemas, corresponde a cada quien en lo particular elevar los niveles de perspicacia. Obtener información de parte de las empresas, bancos y proveedores; consultar con entidades gubernamentales, nacionales o extranjeras, respecto de las cualidades de los productos o de los efectos que en otros países han producido e identificar la información relevante para tomar decisiones más racionales.