La pequeñez política y el tiradero en las instituciones

 

La primera es de simulación. No sé si lo sepa, pero el martes 5 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó una reforma -menor y bastante trucha- sobre la PGR. Propiamente sobre quién y cómo puede convertirse en el primer Fiscal del País. Y a pesar de su insignificancia, un grupo de legisladores lo andan promoviendo como si fuera la gran cosa. Lo cierto es que la reforma es atípica por muchas razones y corta por otras tantas. En principio, porque urge transformar a la PGR en una Fiscalía General de la República que sirva. La que tenemos no hace ni lo esencial: investigar delitos y presentar acusaciones con probabilidad de triunfo. 

 

Casi al mismo tiempo que la Cámara votaba no hacer nada con la PGR, la Procuraduría perdía una vez más, un caso de alto impacto. El Poder Judicial le tumbó otra acusación contra un ex Gobernador, en este caso de Armando Reynoso Femat de Aguascalientes. El descalabro debe sumarse a los casos que le han venido propinando, entre ellos los de Guillermo Padrés o Andrés Granier, y que deberían implicar que las alarmas de preocupación giraran con furia. 

 

Total, la Cámara de Diputados aprobó cualquier maquillaje para el desastre. Aunque haya sido por unanimidad, no es más que la derogación de un párrafo de un artículo transitorio de una reforma a la Constitución. Uno que decía que el Procurador General de la República se convertiría en automático en el Fiscal General de la República. Frente al diagnóstico, la propuesta, la evidencia ¿sólo eso? Pues sí. 

 

La segunda nota es hija de la soberbia. Mientras las y los diputados de este País aprobaban ese parchecito legislativo, en el Senado de la República la bancada del PRI y sus sumisos del PAN amenazaban con aprobar un adefesio legislativo todavía más crítico: la Ley de Seguridad Interior (LSI). 

 

En una de las semanas más intensas de discusión técnica y política, sucedió algo histórico. Por primera vez órganos constitucionales autónomos (CNDH e INAI), organismos internacionales (ONU y OEA), universidades (UNAM, Ibero y CIDE), 250 organizaciones de la sociedad civil, algunos gobernadores, la Coparmex, la Asociación Nacional de Alcaldes y cualquier cantidad de expertos hicieron un llamado al Senado a no aprobar la LSI, por inconstitucional y peligrosa. Frente a lo que parece consenso absoluto, el PRI y sus aliados del PAN se alzan en soberbia y amenazan con hacer lo que les de su regalada gana.

 

Y la tercera se la debemos a la incongruencia. En el colmo de los disparates legislativos, el jueves por la tarde circuló información de que un grupo de Senadores del PAN se desistieron de la demanda de acción de inconstitucionalidad que habían presentado apenas unos días antes ante la SJCN. No hay espacio aquí para explicar los detalles, pero la historia se reduce a esto: el Congreso aprobó una reforma a la Ley Federal de Radiodifusión y Telecomunicaciones que especialistas y organizaciones señalaron como regresiva y contra los derechos de las audiencias.

 

A tal grado fue polémica que se le bautizó como la Ley Televisa-Döring. La Constitución prevé que las minorías legislativas que pierdan votaciones pueden solicitar a la Corte que estudie la constitucionalidad de las normas. Y eso iba a suceder, hasta que, al parecer, el grupo de panistas no aguantó la presión de los medios y decidió rajarse en su función más elemental: ser contrapeso.

 

No me espanta su pequeñez política, sino el tiradero que están dejando en las instituciones.