La patraña de la ‘consulta’

Aunque el Presidente y sus cuatrotés insisten en venderla como “la consulta para juzgar a los ex presidentes”, la realidad es que estamos ante un nuevo embuste: Ni es consulta, ni es para juzgar a nadie, ni se refiere a los mandatarios recientes que mencionan los morenos. La Pregunta que será sometida a la votación de los ciudadanos es tan ambigua y cantinflesca que puede involucrar a cualquier personaje de la historia, desde el tlatoani Moctezuma II hasta el propio Andrés Manuel López Obrador.

Si la leemos con cuidado confirmaremos que no serían ni la Fiscalía General de la República, ni las autoridades judiciales, ni la policía, los tribunales o los jueces a quienes correspondería intervenir. Sería en todo caso chamba de los historiadores y tocaría a ellos dar cumplimiento a semejante encomienda: el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, El Colegio de México, la Academia Mexicana de la Historia, Correspondiente de la Real de Madrid, A.C., tal vez.

Adicionalmente, el “ejercicio”, como se dice ahora, será absolutamente inútil y representará un despilfarro imperdonable provocado por el capricho del Señor de Palacio Nacional. Si ya de por sí era una aberración inaudita la pretensión original del amoroso tabasqueño de preguntar a la ciudadanía si se aplica o no la Ley, ahora se trata de un engaño vil.

Por lo demás, es obvio que la dichosa consulta no alcanzará la participación mínima del 40 por ciento de los ciudadanos contenidos en la Lista Nominal de Electores requerida por la Constitución para que su resultado sea vinculatorio y en consecuencia obligatorio. Quedará en nada, pues; aunque seguramente seguirá siendo usada para acusar en abstracto a “los presidentes del neoliberalismo”... excluido curiosamente Enrique Peña Nieto.

Esta es La Pregunta, aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que será aplicada por mandato de ley por el Instituto Nacional Electoral, a través de 93 millones de boletas, que tal es el número de electores registrados en el Padrón Electoral (que por cierto está a la venta). Ojo:

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

La alternativa para responder es una: sí o no.

Desglosemos:

¿Qué o cuáles son “acciones pertinentes”? ¿a qué se refiere lo de “proceso de esclarecimiento” y a qué “decisiones políticas” alude el galimatías? “Decisiones políticas”, pone, pero no las define. Y, con total ambigüedad, completa sobre tales decisiones, “tomadas en los años pasados por los actores políticos”. ¿Quiénes son los actores políticos?: todos. Y culmina con la afirmación de que todo lo anterior va “encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas” (?).

Válgame.

Si acudimos, como es pertinente, al Diccionario de la Real Academia, encontramos que “esclarecer” significa, según la cuarta acepción de la palabra (sic), “poner en claro o dilucidar un asunto o doctrina”. Ahora bien, “dilucidar” significa “aclarar y explicar un asunto, especialmente si es confuso o controvertido, para su posible resolución”.

Se trata entonces, deducimos, de escudriñar en el pasado para esclarecer las decisiones de los actores políticos en años anteriores; es decir, del 2020 para atrás, se entiende. ¿Y luego?

¿Dónde hay alguna referencia a delitos, a investigaciones judiciales o a sanciones penales? En ningún lado: se trata sólo de “esclarecer” decisiones.

Esclarecer, por ejemplo, por qué el Emperador Moctezuma Xocoyotzin decidió en noviembre de 1519 recibir con regalos y hospedar en el palacio de Axayácatl a Hernán Cortés, sus 40 acompañantes y su ejército aliado de tlaxcaltecas en lugar de tenderles una celda para capturarlos.

O las razones que tuvo Miguel Hidalgo y Costilla para no avanzar hacia la capital al frente de un ejército de 80 mil insurgentes después de su victoria en la batalla del Monte de las Cruces, el 30 de octubre de 1810, a pesar de que las condiciones estaban dadas para tomar la plaza y con ello acelerar la derrota del ejército realista.

Sería también interesante saber por qué Benito Juárez negó el indulto al archiduque Maximiliano de Habsburgo a pesar de las peticiones extranjeras, las presiones y las súplicas que recibió, y decidió fusilarlo en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, el 19 de junio de 1867 al lado de los generales conservadores Miguel Miramón y Tomás Mejía, lo que marcó el fin del Segundo Imperio Mexicano. Y esclarecer qué consecuencias tuvo su decisión.

Dilucidar las razones, otro ejemplo, por las que Emiliano Zapata confió en el General Jesús María Guajardo y decidió reunirse con él en la hacienda de Chinameca, en Morelos, donde fue acribillado de 25 balazos por la guardia del traidor esbirro de Pablo González, el 10 de abril de 1919.

O qué orilló a Venustiano Carranza a transportar a sus tropas en ferrocarril rumbo a Veracruz luego de que el 23 de abril de 1920 se diera a conocer el Plan de Agua Prieta promovido por Adolfo de la Huerta, por medio del cual se desconoció al gobierno del Varón de Cuatro Ciénagas, decisión que propició el ataque y derrota total a su llamada “Columna de la Legalidad” en Apizaco, Tlaxcala.

Saludable para la Nación sería aclarar finalmente quién fue el verdadero responsable del asesinato a mansalva y sin someterlo a tribunal alguno del General Francisco R. Serrano en Hutzilac, Morelos, el 3 de octubre de 1927: si el General Plutarco Elías Calles, entonces Presidente de la República, o el sonorense Álvaro Obregón, candidato presidencial, o ambos. Y cómo se tomó la decisión de liquidar al candidato antirreleccionista

Lázaro Cárdenas del Río tendría que ser objeto de escrutinio sobre su tardanza en la ejecución, en 1938, del decreto de expropiación que había firmado dos años antes. Versiones nunca confirmadas aseguran que el Presidente de México llegó a arreglos poco ortodoxos con los representantes de las compañías petroleras extranjeras, como la británica El Águila, antes de romper con ellos y tomar la histórica medida obligado por el levantamiento de los trabajadores que recurrieron a una huelga general... suspendida por cierto por el propio mandatario michoacano.

Habría que aclarar a cabalidad y de una vez por todas las decisiones y la responsabilidad histórica de Luis Echeverría Álvarez en los acontecimientos del 2 de octubre de 1968 y el Jueves de Corpus del 10 de junio de 1971, así como el golpe contra la cooperativa Excélsior el 8 de julio de 1976 para expulsar de la dirección general del diario al periodista Julio Scherer García, entre otras atrocidades.

Otro enigma histórico por esclarecer sería la decisión del Presidente José López Portillo de nacionalizar la banca, una de las medidas más drásticas de la vida económica de México, que anunció durante su último informe de Gobierno ante el Congreso de las Unión, el 1 de septiembre de 1982, célebre por las lágrimas que derramó en plena tribuna de San Lázaro, y que luego se consideró un ardid para encubrir la corrupción y la mala administración de las finanzas públicas que caracterizaron a su mandato.

Habría que dilucidar asimismo la responsabilidad de Manuel Bartlett Díaz (entonces Secretario de Gobernación, con Miguel de la Madrid), en el asesinato el 30 de mayo de 1984 del periodista Manuel Buendía Tellezgirón por el que fue condenado su subordinado incondicional, José Antonio Zorrilla Martínez, entonces director de la Dirección Federal Federal de Seguridad. Y también, por supuesto, las amenazas que el propio Zorrilla hizo como enviado de Bartlett a los directivos del semanario Proceso para que no se publicara un reportaje relacionado con los sobrinos del hoy protegido y consentido director de la Comisión Federal Electoral en el Gobierno lopezobradorista.

Y ponderar las consecuencias para la Nación de la decisión de Andrés Manuel López Obrador de cancelar “en años pasados” el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Texcoco, encubierta por cierto en una “consulta popular” gansito. Así como su ocurrencia de preguntar al pueblo sabio sobre una falsa premisa, lo que va a significar el gasto inútil de 522 millones de pesos. Válgame.