La otra emergencia
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norma@sanchez-castillo.mx
Hay una cara de la contingencia sanitaria derivada de los efectos del coronavirus y es de alta prioridad: el uso correcto de los recursos disponibles para atender la demanda de bienes y servicios que, en época de emergencias como la actual, aumenta.
Se trata de medidas que, de no tomarse en cuenta, terminan afectando los derechos más básicos de la población como son la salud, la vivienda, el empleo y la infraestructura, pues un recurso mal empleado despoja a las personas de la posibilidad de ver sus necesidades cubiertas.
Por eso las acciones que Transparencia Internacional propone para garantizar el uso íntegro de los recursos extraordinarios para la contingencia y, en consecuencia, el pleno ejercicio de derechos, son pertinentes en esta etapa en la que comenzaremos a ver una avalancha de noticias de los sectores público y privado, anunciando recursos para ayudar a mitigar los efectos sanitarios y económicos del Covid-19.
Un ejercicio realizado en Sinaloa por el colectivo ciudadano #Torrente tras la depresión tropical 19-E que dejó a miles de familias damnificadas en 11 municipios de la entidad en septiembre de 2018, arrojó que el Gobierno de Sinaloa habría recibido cerca de mil 200 millones de pesos entre donativos privados y aportaciones extraordinarias gubernamentales, para atender a la población afectada por el desastre natural. La cifra se desprende de un análisis de los anuncios hechos por el Gobierno y por donantes privados a través de los medios, pero que nunca pudo ser cotejada con la realidad por el colectivo #Torrente por la falta de información oportuna de parte de los administradores de los fondos.
De haber contado con medidas anticorrupción en esa ocasión, lo más seguro es que la Secretaría de Desarrollo Social estatal no hubiese podido comprar los colchones en mal estado que adquirió de forma directa y sin transparencia, y por los que pagó más de 4 millones de pesos para luego repartir a las familias más vulneradas de aquel desastre natural. Hasta hoy ese dinero no ha regresado al erario público y como responsables solo hay un funcionario imputado (en proceso juicio oral) y cero particulares, pese a que hubo dos partícipes de este último tipo.
La primera recomendación que hace Transparencia Internacional es transparentar en su totalidad la información sobre los recursos destinados a la emergencia y su uso, pero esto debe hacerse en formatos de datos abiertos y estandarizados. También sugiere al Gobierno informar de manera transparente e imparcial, sobre el presupuesto ejercido: el origen del fondo, programa o cualquier otro instrumento de financiamiento extraordinario, autorizado para atender la emergencia. La justificación clara y oportuna para su determinación, así como las reglas generales que deberán regir el uso de esos recursos, deben ser también públicas.
Adicionalmente, Transparencia Internacional recomienda que, al concluir la contingencia, el Gobierno informe los resultados del ejercicio de esos recursos: el total de la inversión, las acciones realizadas, las contrataciones celebradas y la evaluación sobre la eficiencia de dichos contratos.
Transparencia Internacional centra sus recomendaciones en procedimientos de contratación pública, sin embargo, el Gobierno de Sinaloa ya ha anunciado algunos apoyos directos a través del “Programa Fosin Emergente Covid-19” e “Impulso” que, aunque ahí no medie un contrato, reclaman las mismas reglas de transparencia y rendición de cuentas para prevenir faltas administrativas y hechos de corrupción que se puedan derivar de la distribución de los estímulos a las micros, pequeñas y medianas empresas.
Esta es pues la otra emergencia. La que demanda una sociedad que espera un Gobierno capaz de prevenir la corrupción, asegurando el uso íntegro de los recursos disponibles mediante herramientas de transparencia, apertura a la competencia leal entre proveedores, rendición de cuentas y datos abiertos, todo de manera oportuna y efectiva.
A la Auditoría Superior del Estado le toca establecer un protocolo de actuación para el seguimiento y auditoría en tiempo real. También se deberá abrir un canal para recibir reportes o denuncias sobre irregularidades detectadas.
Después de la tormenta tropical 19-E registrada en septiembre de 2018 en Sinaloa, nos toca enfrentar esta nueva contingencia con reglas claras para que compras como la de los colchones no se vuelvan a repetir y se asegure que los bienes y servicios lleguen correctamente a los afectados por el Covid-19.
Este es el más urgente desafío para el Gobierno de Sinaloa y tiene su base en la garantía de los derechos humanos. La emergencia sanitaria atendida con enfoque anticorrupción. Eso es lo que espera la ciudadanía.