La Ley de Variedades Vegetales y el T-MEC

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El primero de julio del año en curso adquiere vigencia el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México (T-MEC) que viene a reemplazar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Para su ajuste a ese acuerdo, el gobierno mexicano ha venido realizando cambios legislativos importantes en varias áreas, entre otros los referidos a la denominada reforma laboral. En ese mismo sentido, en el Senado se discute actualmente una propuesta de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales.

Los materiales reproductivos (entre los cuales están las semillas) son un insumo clave en la agricultura. El T-MEC fortalece los derechos de propiedad, el monopolio por Ley, de las grandes empresas semilleras, ya que obliga a la ratificación de la versión 1991 del Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 1991) que prohíbe a los agricultores guardar y compartir semillas protegidas.

México ratificó la versión menos estricta de ese Convenio, la de 1978, pero se había negado a ratificar la de 1991. Sin embargo, siendo participante de la negociación del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica -de cuya negociación se retiró la administración Trump-, transformado posteriormente en Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, ya había aceptado adherirse a la versión fuerte. Por lo tanto, los compromisos internacionales contraídos en las dos últimas administraciones obligan a reformar la Ley Federal de Variedades Vegetales para la plena adhesión a la UPOV de 1991.

En materia de agricultura, parecería que el T-MEC no implica cambios sustantivos en las normas que rigen el comercio agrícola entre México y Estados Unidos. No obstante, un análisis de mayor profundidad muestra que el país ahora tiene un espacio más acotado en diversos temas. Entre los cuales está lo que se refiere a productos de la biotecnología.

El T-MEC incluye una sección referente a biotecnología agrícola que no estaba considerada en el TLCAN original. Estados Unidos presionó su inclusión, lo cual llevará finalmente a la apertura a las importaciones de productos transgénicos o de edición genética. Se asienta que la sección no exige, a cualquiera de las partes, de una autorización obligatoria para que un producto de la biotecnología agrícola esté en el mercado, aunque sí obliga a establecer mecanismos para proporcionar información respecto a una posible autorización de un producto de la biotecnología agrícola.

Explícitamente el gobierno federal actual se ha negado a autorizar la siembra de semillas transgénicas para su uso comercial y existe rechazo a su siembra, aun cuando hay productores que demandan su autorización, especialmente en regiones del norte del país. Sinaloa es un caso aparte, pues recientemente han estado aumentado sus exportaciones de maíz blanco, que puede ofrecerse al mercado internacional como no transgénico.

De cualquier manera, por la vía de las negociaciones comerciales, los gobiernos de México establecieron el camino para abrirse no solo a las importaciones sino a la producción de semillas transgénica en México, con todo y los riesgos que esto implica para las zonas de origen del maíz. De hecho, Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, ya ha anunciado su intención de promover un panel de solución de controversias sobre este tema, en el marco del T-MEC.

El punto es particularmente importante para las corporaciones que operan en Estados Unidos que están en la producción de semillas y del herbicida RoundUp (a base de glifosato), ya que se vende semilla diseñada para ser resistente a ese producto químico. Recientemente México prohibió la entrada al país de glifosato, por ser considerado altamente cancerígeno.

El rechazo social creciente al glifosato se debe a la acumulación de evidencia sobre sus efectos cancerígenos, lo cual ha llevado a demandas contra la empresa Monsanto, la cual terminó siendo vendida a la empresa alemana Bayer, que ahora hace frente a esas demandas. El año pasado Bayer perdió tres juicios en Estados Unidos y, aunque ha apelado, hace frente ya a miles de demandas más.

La administración Trump ha sido proclive a los grandes corporativos, sin embargo, es posible que sus posturas con relación a la salud pública y el ambiente, así como respecto al racismo y los derechos de los inmigrantes le hagan perder la reelección.
En tal caso, la opinión dentro de Estados Unidos podría moverse hacia mayor rechazo a transgénicos y el glifosato, como ha sucedido en Europa. En tal sentido, México podría tener más espacio para defender una postura propia respecto a granos transgénicos y el uso del glifosato. No obstante, el escenario continúa siendo pesimista.